Los escollos a superar por las firmas legales alternativas para abrirse hueco en España

La publicación del primer 'ranking' en España de proveedores alternativos de servicios legales (ALSP, por sus siglas en inglés) por parte del directorio Chambers & Partners ha supuesto un importante empujón para la visibilidad de este tipo de firmas, algunas de las cuales llevan años tratando de abrirse hueco en el mercado legal, con una progresión algo —o bastante— más lenta que lo que esperaban sus promotores. El contraste con otras jurisdicciones, como Estados Unidos y el Reino Unido, en donde la cifra de negocio que mueven los ALSP es cada año más destacada, en nuestro país estas organizaciones aún se encuentran en una fase anterior: la de generar confianza y convencer a los abogados de empresa de las ventajas de su modelo.

En todo caso, lo que resulta innegable es que el hecho de que Chambers haya elegido España como primera jurisdicción de la Europa continental sobre la que hacer un directorio específico de ALSP indica que, fuera del mundo anglosajón, nuestro país es uno de los alumnos aventajados en la disrupción de los servicios legales. Es un buen indicador, coinciden todas las firmas alternativas consultadas, pero queda trabajo por hacer para que el sector alcance la plena madurez y pueda desarrollar todo su potencial de negocio.

TE PUEDE INTERESAR

Afiens, Ambar, Legal Army, Samaniego Law y Lawyers for Projects, en el 'top' de ALSP españolas

Irene Cortés

El primer gran escollo con el que se topan los ALSP es la amplia amalgama de servicios que se agrupan bajo sus siglas, lo cual obliga a las firmas a un sobreesfuerzo para concretar a los clientes su modelo de negocio. Ejemplo de ello es que bajo el paraguas de ser un ALSP conviven firmas como Samaniego Law, que ofrece la externalización de servicios de alto valor añadido, en que se combinan funciones legales con otras como la consultoría tecnológica —'managed services'—; Abroading Legal, dedicada a prestar apoyo a despachos o asesorías jurídicas en la gestión de grandes volúmenes de trabajo de bajo valor añadido (gestión documental, apoyo en procedimientos, etc.) gracias al uso de herramientas tecnológicas, o Ambar Partners, enfocada a proveer de abogados de forma flexible en función de las necesidades específicas del cliente —'flexible legal staffing'—.

Esta confusión no solo dificulta la 'venta' del modelo y sus ventajas, también facilita que haya firmas que, sin contar con un modelo realmente disruptivo, se autobauticen como ALSP para recoger los beneficios en términos de 'marketing' de presentarse como estructuras o servicios innovadores, cuando en realidad son mayoría sus semejanzas con los despachos tradicionales.

10 años de retraso en España

El último informe de Thomson Reuters Institute y Georgetown Law sobre la evolución de los ALSP elevó a 13.900 millones de dólares la cifra de negocio que generaron los proveedores alternativos en Estados Unidos en 2019. La cifra, un 15% superior a la del ejercicio anterior, es muy superior (más del doble) al incremento que experimentaron los bufetes tradicionales, que se limitó al 6,4%. El potencial de crecimiento de los servicios legales disruptivos, por lo tanto, se manifiesta mucho mayor que el del asesoramiento jurídico clásico.

¿Es trasladable este comportamiento, en un futuro no muy lejano, al mercado legal nacional? La respuesta no es sencilla ni evidente. "En España, estamos empezando", señala Manuel Deó, co-CEO de Ambar Partners, que afirma que, a pesar de estar lejos de la situación del mundo anglosajón, "la evolución en año y medio ha sido muy destacada". "Llevamos unos 10 años de retraso respecto de otros países", agrega Irma Cebrián, socia y cofundadora de Abroading Legal, uno de los primeros ALSP españoles, que el pasado mes de marzo celebró su décimo aniversario.

TE PUEDE INTERESAR

Meeting Lawyers, la 'startup' que preside Albert Rivera y resuelve dudas legales las 24h

Irene Cortés

Hay, no obstante, algunas diferencias sustanciales entre un mercado como el norteamericano y el español, que corren en contra de los intereses de los ALSP. En primer lugar, el propio tamaño del mercado y su cifra de negocio. La tarta a repartir en España es reducida y, a pesar de ello, el número de despachos de abogados que compiten por una porción de la misma es muy elevado. Hacerse un hueco no es tan fácil. Por otro lado, el coste del asesoramiento jurídico en los países anglosajones es mucho más alto que en nuestro país, por lo que allí el incentivo que tiene un director legal al buscar un proveedor que alivie su presupuesto es mucho mayor que en nuestra jurisdicción. Por otro lado, la posibilidad de que el ALSP ofrezca un precio competitivo pero rentable es más accesible que en España.

Otro factor que lastra el progreso de estos proveedores es el regulatorio. Como explica Natalia Martos, CEO de Legal Army, la normativa española en materia laboral es muy proteccionista, "lo que impide que muchos de los modelos anglosajones, basados en la flexibilidad, puedan reproducirse aquí".

Asimismo, al margen de las cuestiones normativas y de mercado, influye la cultura. En nuestro país, aún son pocos los directores de asesorías jurídicas dispuestos a dar el paso y apostar por un ALSP. Abandonar la 'zona de confort' de contratar un despacho tradicional, por el que el consejo de administración nunca pediría explicaciones, no es sencillo. "Aunque se está ampliando, especialmente tras la pandemia, el perfil de la compañía que nos contacta es de una multinacional, que tienen mayor predisposición a incorporar nuevos servicios", subraya la también socia y cofundadora de Abroading Legal, Silvia Perea.

TE PUEDE INTERESAR

Los CEO presionan a sus abogados 'in house' para recortar el gasto legal en un 20%

Pedro del Rosal

Confirma esta visión Martos, que agrega que las compañías españolas siguen muy pegadas a la figura del bufete clásico y es más habitual que recurran a sus servicios organizaciones internacionales —sobre todo las que tienen sede en países anglosajones—, más familiarizadas con los proveedores alternativos. El Ibex español, por su parte, todavía muestra mucha resistencia, señala la letrada. Y, curiosamente, si les contactan, "suele ser a través del director de Innovación o el departamento de Transformación Digital, y no por la asesoría legal". Por otro lado, Perea agrega que también influye la generación: en los abogados de empresa más jóvenes encuentran más predisposición al cambio.

Sin embargo, en opinión de Javier Fernández-Samaniego, socio director de Samaniego-Law, la pandemia ha actuado como un acelerador de tendencias, lo que servirá para dar un empujón a los ALSP en nuestro país. A la presión para reducir costes e incrementar la eficiencia, se suma la transformación de mentalidad que ha supuesto la eclosión del teletrabajo, dado que la mayoría de proveedores alternativos trabajan en remoto. De la misma opinión es Laia Moncosí, fundadora de Lawyers for Projects, que subraya que el confinamiento ha potenciado de forma significativa la digitalización en las compañías, "y en eso los ALSP jugamos con cierta ventaja". La adopción de nuevos modelos de trabajo en el seno de las empresas ha ayudado a que vean con mejores ojos los servicios que ofrecen estas firmas, que antes despertaban cierto recelo.

El cambio será lento, pero, según afirma Samaniego, cada vez son más las grandes compañías que ya tienen en cuenta estas firmas. Es de esperar que esta evolución vaya calando poco a poco en compañías de menor tamaño y con asesorías jurídicas menos sofisticadas.

Los despachos no ayudan

La clave para el desarrollo de estas firmas está en la generación de confianza en los clientes, los abogados de empresa, profesiones formados en la cultura de la aversión al riesgo. Ahí está el campo de batalla de los ALSP, como indica el informe de Thomson Reuters, que señala como los dos grandes escollos para contratar con estos proveedores las dudas sobre la calidad de su servicio y los riesgos en la gestión de la información y su confidencialidad.

TE PUEDE INTERESAR

De becario a abogado júnior: así de difícil es conseguir trabajo en los grandes bufetes

Irene Cortés

Quienes no van a ayudar a su expansión, al menos en España, son los bufetes tradicionales. Bien por no alimentar a un competidor, o bien por falta de cultura asociativa, reflexiona alguno de los letrados. Una circunstancia que contrasta con lo que sucede en los mercados anglosajones. Según el estudio, en Estados Unidos son ya más los despachos que contratan directamente con los ALSP (el 79%) que las propias empresas (el 71%). En este sentido, Silvia Perea e Irma Cebrián relatan cómo ellas, en sus inicios, trataron de ofrecer sus servicios a grandes firmas, pero sin éxito. "Sí han sido receptivos con nuestro proyecto las 'boutiques' o despachos de la zona media", relatan. Esta realidad, sin embargo, puede cambiar por la propia presión de los directores de las asesorías jurídicas, entre los cuales más del 50% aseveran que prefieren que sean los despachos quienes gestionaran la relación con los ALSP.

Aunque no es lo habitual, sí es cierto que algunos ALSP trabajan directamente con bufetes. Es el caso de Afiens. Su socia fundadora, Lorena Salamanca, confiesa llevar casi 10 años colaborando con despachos de abogados de alto nivel, que recurren a ellos con ciertos servicios que o bien no pueden o no quieren abarcar. Y aunque admite que muchas firmas todavía ven a los proveedores alternativos como la competencia, considera que es una visión que poco a poco va a ir cambiando.

Abroading, también en Chambers

La semana pasada, el directorio británico Chambers & Partners publicó su primer 'ranking' sobre ALSP en nuestro país, en el que destacaban firmas como Afiens, Ambar Partners, Legal Army, Lawyers for Proyects y Samaniego Law. Según informan desde Abroading Legal, tras contactar con los responsables del directorio, la ausencia de la firma se ha debido a un error en la gestión de su documentación, por lo que, en próximos días, su nombre figurará entre los ALSP reconocidos en nuestro país.