Los CEO presionan a sus abogados 'in house' para recortar el gasto legal en un 20%
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Las tarifas de los bufetes, a la baja

Los CEO presionan a sus abogados 'in house' para recortar el gasto legal en un 20%

A pesar de que el covid ha disparado su trabajo, un informe de EY revela que las empresas quieren reducir el presupuesto de sus áreas jurídicas. Los letrados internos se quejan por la falta de inversión en tecnología

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Es la cuadratura del círculo. En un contexto en que el covid ha disparado la carga de trabajo de los departamentos legales de las empresas —una intensidad que se prevé que vaya a más en los próximos años, no solo por el impacto de la pandemia, también por la efervescencia regulatoria en todos los niveles—, los CEO presionan a sus jefes de asesoría jurídica para reducir de forma considerable su presupuesto. En concreto, según un estudio elaborado por EY y Harvard Law School Center, el recorte en el gasto legal que pretenden llevar a cabo las grandes compañías durante el presente ejercicio es de casi el 20%. Uno de cada cinco euros.

El informe, elaborado con la opinión de 2.000 CEO de 22 países y 1.000 directores legales, muestra las importantes tensiones que sufren los abogados de empresa. El tradicional 'más por menos' que regía su día a día antes del covid se ha convertido en 'aún más por mucho menos'. Más de la mitad de los consejeros delegados de las compañías anticipa un "esfuerzo significativo de reducción de costes" durante los próximos 12 meses, exigencia de la que no se libran las asesorías jurídicas. Nueve de cada 10 jefes legales recogen el guante y confirman que reducirán su gasto, explican, "por la presión del CEO y la junta directiva".

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"Hará falta implementar cambios significativos en la manera de trabajar de los departamentos legales", advierte el estudio. En este sentido, los 'in house' parecen tener claro el camino a seguir. Seis de cada 10 señalan que acelerar el proceso de digitalización de la asesoría es la fórmula más efectiva para reducir costes sin perder capacidad productiva.

Sin embargo, este camino se topa con dos grandes problemas: uno atribuible a los propios abogados internos —que, como los bufetes, aún tienen mucho por hacer en este sentido— y otro a los comités de dirección de las empresas, que no ven prioritario invertir en la mejora de los procesos y la tecnología de sus departamentos legales. El 97% de los jefes de asesoría jurídica afirma que la "mayor dificultad" que tienen es la negativa de la cúpula de sus organizaciones a destinar presupuesto para el desarrollo de sus áreas. Esa "labor de convencimiento" debe ser una de las grandes prioridades de los 'in house', según el documento.

Pero no todo es un problema de la dirección. Los propios abogados internos admiten su desorientación y falta de formación a la hora de llevar a cabo la transformación digital. Según el estudio, las tres piedras con que tropiezan los 'in house' son el enorme gasto de tiempo que necesitan para decidir qué tecnología necesitan; el esfuerzo y las horas que exige enseñar a sus equipos a utilizar las nuevas herramientas, y, finalmente, que nunca llegan a emplearse todas las capacidades que estas permiten desarrollar.

"En informe retrata las tensiones que viven en los departamentos legales corporativos. La necesidad de asesoramiento jurídico va a más; sin embargo, ese mayor volumen de trabajo no lleva aparejado un incremento del presupuesto. Al revés, se pretende una reducción de costes", reflexiona Félix Plasencia, socio responsable del área Legal de EY Abogados, que agrega que la presión a la baja del gasto afectará también al precio del asesoramiento legal externo. Según expone Plasencia, la solución al dilema del 'más por menos' está en la tecnología y la automatización de una parte importante de los procesos, aspectos, no obstante, en los que la mayoría del sector aún tiene mucho margen de mejora.

Control del gasto

Las inquietudes que refleja el sondeo de EY y Harvard están alineadas con el último estudio de Thomson Reuters sobre la situación de los abogados internos. Según este documento, tres de las cuatro principales prioridades de los departamentos legales son (por orden de importancia) el control del gasto en asesoramiento jurídico externo, la mejora de la eficiencia interna del área y la implantación de tecnología y la mejora de los procesos.

"Como en toda época de recesión, los departamentos están obligados a reducir costes", recalca Eugenia Navarro, profesora de estrategia y 'marketing' jurídico de Esade Law School, que, al igual que Félix Plasencia, no ve otra salida que la transformación digital de las asesorías jurídicas. "Algunas ya han cambiado el chip, pero la realidad mayoritaria en nuestro país es el trabajar de una manera muy tradicional. Hay mucho camino por recorrer", advierte. Y en esa búsqueda de la eficiencia, agrega Navarro, será imprescindible la incorporación de otros perfiles a los departamentos legales, más allá de los abogados, como ingenieros, economistas, analistas, etc., que permitan desarrollar las operaciones legales.

Sin embargo, al igual que en las respuestas recogidas por EY, el estudio de Thomson Reuters muestra la escasa ambición modernizadora de las compañías para con sus departamentos legales. A pesar de la revolución que ha supuesto el covid en la manera de trabajar, evidenciando la necesidad de contar con unos medios tecnológicos adecuados, solo una de cada tres asesorías jurídicas asegura que incrementó en el último ejercicio su inversión en este aspecto.

Es indicativo, en este sentido, que el gasto destinado a tecnología se encuentra por debajo de la evolución de su uso. Solo el 30% de las organizaciones elevó su presupuesto, pero el 44% de los abogados de empresa aseveró haber incrementado el uso de herramientas tecnológicas —un porcentaje, en todo caso, que resulta sorprendentemente bajo dada la situación vivida—.

Impacto en los bufetes

Las fuertes corrientes que sacuden las asesorías jurídicas de las empresas tendrán incidencia en el otro gran actor del mercado de los servicios legales: los bufetes. No tanto en una reducción del trabajo que les remiten las compañías, sino en el precio que están dispuestas a pagar por ello —de hecho, la mayoría de los bufetes admiten que están viéndose forzados a rebajar sus tarifas—. Así lo refleja la edición de 2021 del 'ACC Chief Legal Officers Survey', la encuesta elaborada por la mayor asociación del mundo de abogados de empresa, que señala que durante este ejercicio el 90% de las compañías remitirá el mismo y más trabajo a sus despachos. El año pasado, este porcentaje se quedaba en el 85%.

"Hay diferencias importantes según el sector de actividad a que se dedique la compañía, pero, en general, existe presión sobre los responsables de las asesorías jurídicas para reducir gastos", señala Jorge Muñoz, director legal y 'compliance' de Gilead España y uno de los representantes de la ACC en nuestro país, y bromea: "El habitual 'más por menos' que rige nuestra tarea es 'aún más por todavía menos". En opinión de Muñoz, en una situación como la actual, en donde la exigencia en materia regulatoria convive con una situación de dificultad económica, se vuelve todavía más relevante la posición que los 'in house' tienen dentro el organigrama de la compañía. "Quien reporta al comité de dirección es un abogado fuerte, que podrá defender bien la importancia de la función. Si el enlace con la cúpula es el responsable financiero, se diluye el mensaje y tendrá más dificultades". Según la encuesta de la ACC, el 78% de los directores legales reporta directamente al CEO de su organización.

Elia Esteban, directora adjunta de la asesoría jurídica de Asisa y presidenta de la sección de abogados de empresa del Colegio de Madrid (ICAM), agrega que en una situación como la actual se agudiza la importancia de que los bufetes sepan alinearse con las necesidades de los 'in house'. "Lo que necesitan las empresas es solucionar un problema, y a ello se tienen que enfocar, no a justificar su asesoramiento. No necesitamos folios y folios de informes y recursos, sino que nos asesoren. La decisión es nuestra, pero ellos tienen que indicarnos los riesgos de cada opción. No es tanto una cuestión de precio, sino de que nos ayuden de verdad", explica Esteban.

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Las cifras contenidas en el informe de EY y Harvard anticipan que la siempre tensa relación entre las asesorías jurídicas y los bufetes se verá sometida a nuevas presiones en los próximos meses. Seis de cada 10 'in house' apuestan por renegociar tarifas y siete de cada 10 afirman que reducirán el número de firmas con que trabajan. El 85%, por su parte, se muestra disconforme con sus abogados externos porque, aseguran, no cumplen las pautas de trabajo que les dan. "Los despachos tradicionales aún tienen mucho campo de mejora en la relación con sus clientes. Se avanza en algunas cosas, pero de forma lenta", observa, en este punto, Eugenia Navarro.

Asumir internamente la realización de más trabajo siempre es una opción, pero conlleva el riesgo de sobrecargar a los propios abogados del departamento legal de las tareas más repetitivas y menos estimulantes. La mitad de los directores legales admite que el trabajo de este tipo afecta negativamente al trabajo de los equipos, creando un problema de retención de talento. En este escenario es en el que se abren paso los ALSP ('alternative legal services providers', por sus siglas en inglés) una opción que los 'in house' en España siguen viendo con interés, pero que, ni mucho menos, termina de explotar, como sí ha sucedido en Estados Unidos. Está por ver si la crisis del covid les da el impulso definitivo.

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Es la cuadratura del círculo. En un contexto en que el covid ha disparado la carga de trabajo de los departamentos legales de las empresas —una intensidad que se prevé que vaya a más en los próximos años, no solo por el impacto de la pandemia, también por la efervescencia regulatoria en todos los niveles—, los CEO presionan a sus jefes de asesoría jurídica para reducir de forma considerable su presupuesto. En concreto, según un estudio elaborado por EY y Harvard Law School Center, el recorte en el gasto legal que pretenden llevar a cabo las grandes compañías durante el presente ejercicio es de casi el 20%. Uno de cada cinco euros.

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