Las eléctricas mantienen los recursos contra la tasa del 7% a pesar del varapalo de la UE

Última bala de las compañías eléctricas para anular el impuesto sobre el valor de la producción de energía (IVPEE). A pesar del varapalo recibido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace apenas un mes, grandes y pequeñas empresas del sector mantienen recursos ante el Tribunal Supremo en los que piden impugnar esta tasa del 7% con base en un argumento diferente al esgrimido ante la corte de Luxemburgo.

El razonamiento que dan es que la ley por la que se aprobó el tributo en 2012 establece que la finalidad es promover la sostenibilidad y proteger el medioambiente. No obstante, las energéticas alegan que, en realidad, se creó con la intención de reducir el déficit de tarifa del sistema eléctrico, que en ese momento alcanzaba los 30.000 millones de euros. Es decir, que el impuesto tiene un ánimo únicamente recaudatorio.

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Una incoherencia que, de confirmarse, podría llevar a la anulación del tributo, ya que choca con el principio de interdicción de la arbitrariedad, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución española (CE). “Además de varios principios generales que rigen el poder tributario establecidos en el artículo 31”, subraya Diego Luis Luque, abogado experto en Derecho Público en Cazorla Abogados.

Esto generaría un aluvión de reclamaciones de las eléctricas contra la Agencia Tributaria, ya que podrían exigir la devolución de lo abonado en los últimos cuatro años. Además, el Gobierno dejaría de ingresar los 1.500 millones de euros aproximados que recibe anualmente por este impuesto.

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Revés judicial

El IVPEE ha estado envuelto en polémica desde su aprobación en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Introducido en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, despertó el malestar en el sector desde el primero momento. Tanto grandes compañías como pequeñas productoras locales interpusieron recursos ante los juzgados de todo el territorio nacional con la intención de impugnarlo.

El primer revés lo dio el Tribunal Constitucional (TC) en 2018. Tras una petición de Iberdrola, el órgano judicial tuvo que resolver si la tasa generaba una doble imposición, ya que se solapaba con otro impuesto, el de actividades económicas. De acuerdo con la empresa, esto iría en contra de varios principios constitucionales.

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No obstante, los magistrados descartaron este extremo al entender que nuestro ordenamiento no prohíbe este fenómeno cuando ambos impuestos son de ámbito estatal, siempre y cuando no agoten todo el patrimonio del contribuyente. Esta restricción sí existe, en cambio, para la coincidencia de tributos de aplicación nacional y autonómica.

La segunda bofetada la dio el TJUE el mes pasado. En este caso, el argumento que daban las productoras es que el impuesto, a pesar de tener una naturaleza directa sobre el papel, era en realidad indirecto (cuya regulación depende de la Unión Europea), ya que estaba repercutido en la factura de la luz. De hecho, alegaron que en otoño de 2018, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo anuló durante seis meses para abaratar el coste del recibo.

No obstante, la Corte de Luxemburgo descartó este argumento y avaló la legalidad del IVPEE al entender que no estaba en contra de la normativa europea.

Naturaleza medioambiental

Para Luque, no obstante, esta sentencia no supone el fin de la lucha para impugnar el IVPEE. Al contrario, el letrado indica que los recursos interpuestos actualmente ante el TS y otros órganos judiciales tienen un elemento a su favor, ya que el propio tribunal, al plantear la cuestión de inconstitucionalidad en 2018, “dejó claro que el tributo no tenía la naturaleza medioambiental que dice tener”.

Por lo tanto, dependerá ahora de si el alto tribunal ve oportuno volver a preguntar al Constitucional, esta vez por otros motivos, si la tasa sobre las eléctricas es legal. La pelota está ahora en el campo del Supremo.