Una reforma del impuesto de sociedades para evitar una carrera global hacia el abismo
Nuestro plan corrige los errores de 2017 y sitúa a EEUU en un camino hacia la prosperidad sostenible
Cuando el Congreso aprobó el ‘Tax Cut and Jobs Act of 2017’ (TCJA), el resultado fue una reducción drástica de los ingresos correspondientes al impuesto de sociedades. Durante los últimos tres años, la recaudación de dicho impuesto ha caído hasta su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial: el 1% el producto interior bruto. Muchas de las empresas más grandes del país no pagaron impuestos federales sobre la renta en 2020.
Los partidarios del TCJA dijeron que EEUU obtendría algo a cambio por esos recortes fiscales. El argumento apuntaba a que unos tipos más bajos atraerían producción e inversión a nuestras costas, pero eso no ha sucedido —y por un claro motivo: otros países ven lo que estamos haciendo y responden—. Cuando nos ven recortar nuestros tipos, rebajan los suyos para debilitarnos. Al final, ningún país acaba siendo más competitivo. El resultado es una carrera global hacia el abismo: ¿quién puede reducir su tasa corporativa más y más rápido?
La ley crea un incentivo para que las empresas de EEUU deslocalicen trabajo e inversión
El TCJA no solo perpetuó esta deriva hacia el fondo, sino que también ha puesto a EEUU en situación de desventaja. La ley crea un incentivo para que las empresas estadounidenses deslocalicen sus trabajadores e inversiones —y que trasladen sus beneficios fiscales a paraísos—. Un motivo es el impuesto mínimo sobre los beneficios obtenidos en el extranjero de las multinacionales estadounidenses. En teoría, un impuesto mínimo debería frenar el flujo de negocios fuera de un país porque las empresas saben que estarán sujetas a tributos allá donde vayan, no pueden burlar al sistema. Pero esa tasa mínima del TCJA estaba mal diseñada.
Si eres una empresa estadounidense que hace negocios en el extranjero, el TCJA básicamente te ofrece una alternativa fácil —pero retorcida—: puedes trasladar tus ganancias y operaciones extranjeras a EEUU, donde el tipo del impuesto sobre sociedades es del 21%, o puedes mantenerlas en cualquier otra parte del mundo, donde EEUU solo te cobrará alrededor de la mitad. No es una decisión difícil, sobre todo porque el impuesto mínimo se calcula en función de los beneficios globales totales de una empresa en lugar de fijarse en lo que la empresa gana en cada país.
Sin nadie que revise los tipos nacionales, las sociedades pueden trasladarse y registrar beneficios donde quiera que paguen menos impuestos. El TCJA también exime de impuestos al primer 10% de beneficios obtenidos de activos extranjeros, un incentivo potente para que las empresas deslocalicen fábricas y puestos. No es una exageración decir que hoy en día la mayoría de empresas preferirían generar ingresos en cualquier lugar excepto en EEUU.
EEUU no es el único perdedor en esta carrera cuesta abajo. También nuestras empresas. La competición global por hundir los tipos permite a las compañías estadounidenses pagar menos impuestos —o ninguno—, pero siguen asumiendo un precio significativo. Durante la próxima década, más de dos billones de dólares de la base imponible del impuesto de sociedades estadounidense saldrá del país debido al sistema fallido que he explicado. Nuestros ingresos fiscales ya se sitúan en su nivel más bajo en generaciones y, a medida que sigan cayendo, el país tendrá menos dinero para invertir en aeropuertos, carreteras, puentes, banda ancha, formación profesional e investigación y desarrollo.
Los fondos para recursos públicos llevan cuatro décadas degradándose en EEUU
Los fondos para estos recursos públicos llevan cuatro décadas degradándose. La calidad de las infraestructuras estadounidenses ya ocupa el puesto número 13 del mundo. El impacto en la competitividad de los negocios estadounidenses es enorme: la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles prevé que en las próximas dos décadas la deficiencia de las infraestructuras le costará 2,4 billones de dólares a los exportadores estadounidenses. (Por no mencionar lo que les costará un I+D o una educación deficitarios).
Este es el fondo de la carrera hacia el abismo: al elegir competir en impuestos, hemos rechazado competir en las habilidades de nuestros trabajadores y la resistencia de nuestras infraestructuras. Es una competencia contraproducente, y ni el presidente Biden ni yo estamos interesados en seguir formando parte de ella. Queremos cambiar las reglas del juego.
La semana pasada, el presidente anunció una serie de propuestas que, en conjunto, tienen exactamente esta finalidad: introducen a EEUU en una nueva forma de competencia más inteligente. El foco estará en nuestra capacidad de generar trabajadores talentosos, investigación avanzada e infraestructuras modernas —no en si podemos tener unos tipos impositivos más bajos que en Bermudas o Suiza—.
El ‘Made in America Tax Plan’ inclina la balanza a favor de las empresas que invierten en EEUU. Elimina los incentivos del TCJA para transferir beneficios y deslocalizar. La propuesta acaba con la exclusión especial de activos extranjeros. También establece un impuesto mínimo global más efectivo que está mucho más cerca del tipo estadounidense y deja de calcularlo en función de los beneficios globales totales. En su lugar, el impuesto se calculará país por país. De esa forma, las empresas no pueden mover los beneficios por el mundo para minimizar sus impuestos.
El plan fiscal no solo acaba con la participación de EEUU en la carrera hacia el abismo, sino que también le ofrece a todo el mundo un incentivo para abandonarla. La competencia fiscal destructiva solo terminará cuando un número suficiente de grandes economías dejen de debilitarse entre ellas y convengan un impuesto mínimo global. A través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hemos participado en negociaciones productivas para conseguirlo, y la nueva propuesta fiscal también incluye algunas iniciativas potentes para que otros países firmen. Por ejemplo, el plan penaliza a las multinacionales extranjeras que operen en EEUU e intenten desviar sus beneficios a paraísos fiscales.
Los ingresos generados por el plan fiscal se convertirán en una inversión única en la competitividad de EEUU. El ‘American Jobs Plan’ de la Administración Biden incluye financiación tanto para las infraestructuras tradicionales (carreteras, puentes, puertos) como para las más modernas necesarias para dirigir una economía digital (redes de banda ancha de alta velocidad y energía limpia). Según Moody’s, en 2024 estas inversiones añadirán un 1,6% extra al PIB, lo que equivale a casi 400.000 millones de dólares.
El sistema de impuestos sobre sociedades de EEUU lleva mucho tiempo estropeado. También la forma en que pensamos sobre la tributación empresarial. La reforma fiscal no es un juego de suma cero, con las empresas en un bando y el Gobierno en el otro. Hay políticas que son mutuamente beneficiosas, verdaderas situaciones ‘win-win’. Washington tiene una delante ahora mismo.
*Contenido con licencia de 'The Wall Street Journal'.
Cuando el Congreso aprobó el ‘Tax Cut and Jobs Act of 2017’ (TCJA), el resultado fue una reducción drástica de los ingresos correspondientes al impuesto de sociedades. Durante los últimos tres años, la recaudación de dicho impuesto ha caído hasta su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial: el 1% el producto interior bruto. Muchas de las empresas más grandes del país no pagaron impuestos federales sobre la renta en 2020.