El Gobierno reactiva la Ley del Suelo para intentar acabar con el caos urbanístico

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, para su tramitación en las Cortes Generales. El objetivo es "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Una ley que, en la práctica, permitirá acabar con el caos urbanístico que se ha extendido por toda España tras el boom inmobiliario. Y es que, según datos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha llevado esta modificación al Consejo de Ministros, dentro de las mejoras introducidas en el marco normativo vigente para facilitar el acceso a la vivienda con el objetivo de "dotar de estabilidad, certeza y seguridad jurídica a los instrumentos de planificación urbanística y territorial, vamos a activar el anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana", anunció durante su intervención el pasado 22 de febrero en un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid.

“Espero contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para activar este anteproyecto de ley, que decayó en la anterior legislatura, y que dotará a la planificación urbanística de estabilidad y seguridad jurídica, evitando la paralización de los planes urbanísticos cuando los errores son subsanables”, explicó también la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado el pasado 18 de febrero.

Casi un centenar de municipios están afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus planeamientos urbanísticos

El texto que ahora se va a reactivar decayó en la anterior legislatura y no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales. Certeza y seguridad jurídica.

Mediante el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, se propone una reforma legislativa que dote a estos importantes instrumentos de planificación territorial y urbanística de la estabilidad, certeza y seguridad jurídica que demandan, porque los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional.

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El texto legal se plantea, tal y como ha comunicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, "para aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica. Por ello, las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado.

Respaldo del sector, críticas de Sumar

Desde APCEspaña se ha valorado positivamente "que una de las principales medidas en materia de vivienda de este Gobierno sea dar luz verde a la reforma de la ley de seguridad jurídica. Si queremos hacer frente a la falta de oferta de vivienda de nuestro país y las dificultades de accesibilidad, necesitamos desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica”, ha dicho Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha indicado en distintos foros que espera “poder contar con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para dar la tranquilidad y seguridad que necesitan los planeamientos urbanísticos con el fin de atender la necesidad de vivienda en nuestro país”.

Decayó en la anterior legislatura y no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales

El objetivo, ha dicho, es “dotar de estabilidad, certeza y seguridad jurídica a los instrumentos de planificación urbanística y territorial” y "evitar que los errores formales" paralicen los planes urbanísticos. Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros que, ante las objeciones presentadas por Sumar, espera contar con un “amplio consenso” para aprobar la norma y afirmó que la “primera percepción” recibida por parte de la “gran mayoría de los grupos parlamentarios” es una “vocación" para ello. No obstante, recalcó que “ahora empieza su trámite en el Congreso y, por tanto, le corresponde a los grupos manifestar ahí su posición“.

La norma podría contar con el apoyo del PP, ya que, a finales de mayo de 2018, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.

Además, en su programa electoral para las pasadas elecciones generales, los populares prometían impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”.