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La nueva ley para redistribuir tierras en desuso en C-LM inquieta al sector agrario
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La nueva ley para redistribuir tierras en desuso en C-LM inquieta al sector agrario

Un artículo abre la puerta a expropiar terrenos "infrautilizados" e incluirlos en un banco de tierras. El PP niega similitudes con otra ley gallega y promete derogarla, pero ASAJA arremete contra Gobierno y oposición: "Confunden a los agricultores"

Foto: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto de la Plataforma Agroalimentaria en Red (PAN). (EFE/Ismael Herrero)
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto de la Plataforma Agroalimentaria en Red (PAN). (EFE/Ismael Herrero)

La nueva Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha ha reabierto el debate de hasta qué punto, y bajo qué pretextos, pueden inmiscuirse las Administraciones en la propiedad privada. El presidente socialista Emiliano García-Page, que gobierna con mayoría absoluta, la aprobó a finales de marzo pese al voto en contra de PP y Cs para "dar respuesta a los problemas del sector" agroalimentario, hoy más tocado por la sequía y el aumento de los costes de producción. Pero una de las soluciones que ofrece ha disparado la tensión dentro del mismo, y levantado voces críticas desde la oposición: la creación de un banco de tierras y agua. Con este mecanismo, se recopilan todos los terrenos en desuso o "infrautilizados" para "conectar oferta y demanda" y hacerlos llegar a potenciales arrendatarios.

El Ejecutivo ha defendido por activa y por pasiva que este plan de choque, ya en vigor, conectará problemas como la falta de relevo generacional, el aumento de los riesgos a asumir por los agricultores para distribuir su productos, el reconocimiento del trabajo realizado por mujeres o la despoblación en el medio rural mediante un nuevo marco regulador, que actúe de forma integral sobre todos ellos. Sin embargo, organizaciones como ASAJA, que representa a jóvenes agricultores en Castilla-La Mancha y cuenta con 32.000 afiliados, cuestionan que en su artículo 29 se abra una posible vía para la expropiación forzosa de algunos terrenos.

placeholder El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page. (EFE/Ismael Herrero)
El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page. (EFE/Ismael Herrero)

En el foco de sus críticas no sólo está el plan de Page, sino también la reacción desde la oposición liderada por el PP. "Todos están haciendo trampa", responde al teléfono su presidente, José María Fresneda: "Pero no por las mismas razones". Creen que el PSOE, de un lado, está implementando una medida que "puede llegar atentar contra el derecho a la propiedad privada" y dudan sobre el método de expropiación e impacto real, pese a que reconocen ciertas "garantías" para los titulares del suelo; y que los populares, por su parte, "confunden a los agricultores" sobre sus consecuencias reales.

Foto: Los tractores de una manifestación en Toledo, en el mes de febrero, en la que cientos de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha reclamaban precios justos. (EFE/Ismael Herrero)

La norma aprobada establece un Fondo de Tierras Disponibles que queda en manos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. En él quedarán registradas las superficies que antes formaban parte de las cámaras agrarias provinciales. Estos órganos representaban a agricultores y ganaderos, pero con la llegada de otras organizaciones profesionales agrarias reconocidas como interlocutoras –entre ellas ASAJA, COAG o UPA– las consideran obsoletas. Además, a este listado de tierras podrán adherirse nuevos suelos abandonados o en desuso. Es ahí donde surgen las dudas.

"La mayoría de opciones para entrar parecen voluntarias, pero hay una que podría llegar a ser una exigencia", advierte ASAJA. Se trata de la declaración de incumplimiento de la "función social del uso de la tierra", una condición que la Administración regional puede asignar a las parcelas "infrautilizadas" por dos años consecutivos, en base a los criterios que establece otra ley estatal. Esta declaración, que puede extenderse de 10 a 25 años, sí entra en conflicto con el derecho de propiedad o usufructo de la finca, siempre que el terreno haya permanecido en el inventario de áreas en desuso. Estas son aquellas en las que el suelo viva un "proceso de degradación" por "falta de medidas correctoras", en las que se aprecien "malas prácticas agrarias" o simplemente no se detecte actividad regular.

Precedentes similares

Existen precedentes a esta nueva ley de agricultura, que también contemplan la expropiación de terrenos bajo algunos supuestos. Desde el Gobierno de García-Page señalan los casos de Galicia o Castilla y León. La finalidad de todas estas normas se justifica siempre en potenciar el uso o evitar el abandono del suelo, aunque por el camino surgieron algunas dudas legales. El actual líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, fue el impulsor de una amplia reforma del Banco de Terras gallego, Bantegal. Este sistema también hace de intermediario entre propietarios que quieran arrendar y productores que necesiten tierra, pero habilita a la Xunta para adquirir la propiedad de fincas en el abandono que aún así tengan valor agrario.

Foto: Cubillo de Ojeda (Palencia). (EFE/A. Álvarez)

Era 2021. El Estado, con Pedro Sánchez ya al frente, la cuestionó por considerar que invadía sus competencias y alertó de ello al Tribunal Constitucional. El Fondo de Tierras Disponibles castellanoleonés, por otro lado, se ampara en la misma ley estatal para la Expropiación Forzosa, que data de 1954, y establece un procedimiento idéntico para declarar que una superficie agraria incumple su función social. Sin embargo, desde el PP en Castilla-La Mancha niegan las similitudes y responden que en ambos casos "se habla de cesión voluntaria", mientras que la expropiación se da sólo en "casos muy concretos".

Y añaden: "Lo que hagan en otras comunidades no tienen por qué ser necesariamente bueno para nuestra región". De hecho, su candidato a arrebatar la presidencia a García-Page, Paco Núñez, ya ha anunciado que derogará la ley en Castilla-La Mancha si llega al Gobierno.

Foto: Fotografía de archivo. Un hórreo en Ribadeo. (EFE)

Sin embargo, en ASAJA también creen que los populares usan la polémica con "fines electoralistas" y que "asustan a conciencia" a los agricultores "haciéndoles creer que se les va a expropiar un terreno sin su consentimiento", aunque la propia organización reconocía en el informe jurídico de abril que con la ley de Page existen estos mismos riesgos. Otra incógnita a despejar es si el Gobierno central considerará, como hizo con la norma gallega, que este nuevo marco jurídico invade competencias estatales. Aunque comparten siglas, la relación entre el barón castellano manchego y su líder nacional está repleta de tensiones. Pero esta polémica se desata a pocas semanas de unas elecciones autonómicas, que también pueden condicionar cualquier decisión.

Otras reformas incluidas

Aunque este punto del texto autonómico es el más conflictivo, no es el único cambio que se produce: la norma aborda otras reformas estructurales. Principalmente, establece dos figuras de explotación agraria (una Individual y otra Familiar o de base asociativa) y define una serie de zonas llamadas de Protección Agraria. Por esta regla se fijan criterios ambientales, de conservación de la biodiversidad o de erosión del suelo en determinadas áreas para "impulsar la agricultura en los lugares en los que sí es necesario", como defendió en su día el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo.

Asimismo, el suelo que se registre en el banco de tierras "sólo podrán utilizarlo jóvenes, emprendedores o explotaciones familiares", siendo estas últimas las que quedan comprendidas en la nueva figura de explotación, ideada para distinguir a los pequeños propietarios que aspiren a subvenciones públicas de los grandes fondos de inversión. Quienes, según el Gobierno castellanomanchego, hasta ahora "captaban el mismo porcentaje de ayuda pública que una finca familiar". Aunque las organizaciones que representan a los agricultores no centran sus dudas sobre estos otros aspectos de la ley, sí rebajan las expectativas del Ejecutivo, que anunció que se beneficiará a unas 120.000 personas. "Serán muchas menos", sentenciaron desde ASAJA.

La nueva Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha ha reabierto el debate de hasta qué punto, y bajo qué pretextos, pueden inmiscuirse las Administraciones en la propiedad privada. El presidente socialista Emiliano García-Page, que gobierna con mayoría absoluta, la aprobó a finales de marzo pese al voto en contra de PP y Cs para "dar respuesta a los problemas del sector" agroalimentario, hoy más tocado por la sequía y el aumento de los costes de producción. Pero una de las soluciones que ofrece ha disparado la tensión dentro del mismo, y levantado voces críticas desde la oposición: la creación de un banco de tierras y agua. Con este mecanismo, se recopilan todos los terrenos en desuso o "infrautilizados" para "conectar oferta y demanda" y hacerlos llegar a potenciales arrendatarios.

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