¿Por qué agricultores de C-LM rechazan el plan hidrológico del Tajo pese a ser los beneficiados?

Un hecho histórico. Una victoria para Castilla-La Mancha. El fin de una anomalía en Europa. Con todas estas palabras se refirió el Gobierno de Emiliano García-Page al plan hidrológico del Tajo, aprobado el pasado mes de enero y que estará vigente hasta 2027. La lectura que se hizo entonces fue que Castilla-La Mancha ganó frente a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia porque el plan supone el recorte del trasvase Tajo-Segura. ¿Pero si la región fue la gran beneficiada, por qué dos asociaciones de agricultores han presentado recurso ante el Tribunal Supremo?

Las partes implicadas tenían de plazo hasta este lunes para recurrir, si así lo consideraban, ante el TS y el órgano, además de las demandas de las comunidades perjudicadas recibieron una solicitud a priori inesperada, firmada por Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-LaMancha. Amabas entidades aseguran que el plan tiene varios puntos flacos. No obstante, sus argumentos no coinciden con los de sus colegas del Mediterráneo, que entiende que el recorte del trasvase condena al campo de Alicante, Murcia y Almería.

"Que haya caudales mínimos es un hito histórico. Eso nos parece bueno e indiscutible, pero no es por lo que estamos aquí", explican a El Confidencial desde Asaja. "El nuevo plan hidrológico tiene otra letra pequeña de la que no se habla tanto, pero que es igual de importante", remarca el presidente de la entidad en Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

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Sin querer tocar este otro aspecto de la norma, son tres ejes principales los que preocupan a estas asociaciones agrícolas: los nuevos límites a las extracciones de agua para el regadío, los pozos permitidos y una supuesta falta de estudios sólidos que avalen la propuesta en su conjunto. Por partes, la primera de estas denuncias hace referencia al apartado que prohíbe nutrirse de agua para el regadío en fincas conectadas a otras redes municipales de abastecimiento, y fija un máximo de 7.000 metros cúbicos. Según Asaja y Cooperativas, es la "falta de infraestructuras eficientes" y no el "perjuicio que pueda suponer una extracción de ese tamaño" lo que determina la escasez de recursos hídricos.

Luego está la cuestión de los pozos, que en su argumentario conecta directamente con la juventud. "Incluso en los acuíferos que no constan como sobreexplotados, como ocurre en el Tajo y el Júcar, quieren prohibir abrir nuevos pozos de determinada anchura", sostienen. Una balsa se considera rebasada cuando la extracción de aguas subterráneas se produce a un ritmo más frenético al de su recarga natural. En España, las más afectadas por esta condición están al sureste de la península y en los archipiélagos. Lo que realmente dice el plan del Ministerio es que habrá veto en una zona delimitada, que establecerá la Consejería y se ubicará en una banda próxima al mar. Pero las asociaciones denunciantes creen que el freno a nuevos pozos perjudicará especialmente a los jóvenes agricultores, que se verán sin opciones para prosperar.

En definitiva, todo entronca con la opinión de que ni el Gobierno de Emiliano García-Page ni el Ejecutivo central, encarnado en Teresa Ribera, realizaron estudios rigurosos suficientes como para "avalar todas estas actuaciones y garantizar que las medidas que se impulsan realmente favorecerán el estado de la cuenca", sentencia Fresneda.

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Con la nueva apuesta del Ministerio de Transición Ecológica, son varios los planes aprobados y enfocados a las distintas cuencas que delimitan los recursos hídricos de cada región. También el del Tajo, el río más largo de toda la península ibérica y que atraviesa Castilla-La Mancha, entre otras zonas. Por la defensa de esta nueva hoja de ruta, que alinea al Ministerio de Transición Ecológica con muchas de las demandas del Gobierno de Page, tuvieron que confrontar incluso con otros compañeros de su propio partido, el PSOE. Como el valenciano Ximo Puig, que emprendió una batalla judicial en la que se oponía a las tesis de Ferraz y su homólogo castellanomanchego, que le ha costado enfados a dos bandas: tanto con los de sus siglas como dentro de su propia casa. Con un PP que amenaza con arrebatarle la presidencia y ha agitado la bandera de la guerra del agua, bajo la batuta de Carlos Mazón, a Puig le espera un camino árido hasta el 28-M.

Desde el Gobierno de García-Page decidieron no emitir comunicados ante el recurso de los agricultores, porque creen que no representa el sentir de todo el sector. Al ser preguntados por este periódico, respondieron que otras entidades de peso como UPA, una asesoría para agricultores, o COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, no participaron en la solicitud y por eso la demanda "no se puede extrapolar" al conjunto del campo. "Son el SCRATS de Castilla-La Mancha, harán ruido antes de las elecciones contra cualquier gobierno socialista de España, de nuestra región o del pueblo más recóndito", comprando así a Asaja y a las Cooperativas Agroalimentarias con el sindicato de regantes, otro órgano que vinculan al Partido Popular.

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"La nueva planificación hidrológica, también la del Tajo con los caudales ecológicos, es infinitamente mejor para Castilla-La Mancha que el proyecto anterior, que es el de [Mariano] Rajoy, [Miguel Arias] Cañete o [Dolores] de Cospedal". En resumidas cuentas, los socialistas se mantienen en sus trece y no dan el brazo a torcer con la ruta para 2027, que defienden como la opción más óptima hasta la fecha. Sobre la no participación de las organizaciones que mencionan, responde el representante de Asaja: "He contactado personalmente con todas ellas y me dijeron directamente que no, pero no sabemos por qué". También dice haber transmitido al presidente García-Page sus inquietudes antes de presentar la demanda judicial, pero no obtuvo la respuesta que esperaban.

Así están las cosas en las tierras castellanomanchegas, donde la victoria tantas veces abanderada del recorte del trasvase Tajo-Segura se vio empañada por un recurso inesperado. Habiendo finalizado el plazo de alegaciones, el Tribunal Supremo evaluará en los próximos meses los argumentos presentados e instará a las partes demandantes a ampliar sus explicaciones, en un nuevo documento que indague más en el asunto. "En ellas estamos, y no pararemos hasta que se reconozca que no todo es perfecto", zanja Fresneda.