Ofensiva del Gobierno para recortar el pago a expropiados en la gigafactoría de Volkswagen

Espacios Económicos Empresariales, compañía de gestión de suelos públicos controlada por la SEPI (Hacienda) y la Generalitat de Valencia, ha contratado a un bufete de abogados experto en expropiaciones.

El objetivo es lanzar una ofensiva judicial con hasta 1.000 recursos en los tribunales con los que pretende impugnar el pago acordado con los agricultores y propietarios de los terrenos del parque de Sagunto (Valencia) donde se va a construir la fábrica de baterías para coches eléctricos que ensamblará Volkswagen, el proyecto más emblemático de los fondos europeos que administra el Ejecutivo.

Según consta en documentación oficial, la compañía pública se ha decantado por la propuesta de Calixto Escariz, despacho cuyos letrados, "especializados en derecho administrativo, cuentan con una amplia experiencia en la gestión de expropiaciones", según su web. Esta firma se ha impuesto a otros competidores de primer nivel como Garrigues, Broseta, PwC o BDO.

Las expropiaciones desembolsadas en Parc Sagunt han ido recortándose a lo largo del tiempo. Antes de la reforma de la ley del suelo en 2007, según las asociaciones de agricultores afectadas, dichos terrenos se expropiaron a unos 40 euros por metro cuadrado. Ahora, la propuesta de Espacios Económicos Empresariales estaba por debajo de 15 euros por metro cuadrado. Menos de la mitad.

Ante esta situación, los afectados acudieron al Jurado provincial de Expropiación de Valencia, dependiente de la propia Administración pública, quien elevó el justiprecio a pagar por parte de los poderes públicos a los dueños de los terrenos. Pero la compañía gestora de los suelos, dependiente en última instancia del Gobierno de Pedro Sánchez y de Ximo Puig, se ha embarcado en una guerra judicial para reducir dichos pagos. Su estimación es que los abogados contratados tendrán que plantear hasta 1.000 recursos de impugnación del acuerdo del jurado provincial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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La cuestión ha puesto en pie de guerra a los afectados por esta expropiación, quienes se están movilizando y planean seguir haciéndolo de cara a la campaña electoral, tal y como advertían a El País desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y La Unió Llauradora i Ramadera por lo que consideran "una ignominia de trato de las administraciones públicas a los agricultores".

Con este panorama, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, sustituta de Mònica Oltra (Compromís), ha asegurado que su intención es negociar con los agricultores y poder llegar a un acuerdo en el precio. Sin embargo, pese a las intenciones declaradas en público, la empresa de gestión de los suelos, donde se ubicarán la gigafactoría de Volkswagen y la belga Umicore, sigue con su ofensiva en los tribunales para tratar de desbaratar el acuerdo al que han llegado los agricultores con un jurado donde participan la Abogacía del Estado, la propia Hacienda o técnicos del propio Ejecutivo regional valenciano.

El proyecto de Volkswagen para la gigafactoría de Sagunto es uno de los más emblemáticos y destacados de los denominados Perte de los fondos europeos que impulsa el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Dicha fábrica supondrá una inversión de 3.000 millones, creará 3.000 empleos directos y 30.000 indirectos, según las cifras expuestas por las empresas.