Grupos de 10 máximo: de obligado en playas y piscinas a aconsejado en parques y plazas

La publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), en la tarde del miércoles, de la orden con las restricciones decretadas en Euskadi para hacer frente a la expansión del coronavirus —y que van más allá de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas— ha hecho que vuelva a aflorar la denuncia política y ciudadana sobre la improvisación y la falta de criterio del Gobierno de Iñigo Urkullu a la hora de gestionar la crisis sanitaria. En especial, porque la medida ‘estrella’ de "limitar los grupos de personas en la vía pública y en establecimientos hosteleros y gastronómico-recreativos (bares, restaurantes y 'txokos') a un máximo de diez personas", anunciada el día anterior a bombo y platillo por el Ejecutivo vasco en una rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones adoptadas, se redujo un día después a una "recomendación" en la orden firmada por la consejera de Salud, Nekane Murga, a raíz de las dudas que existen sobre el encaje legal de esta prohibición en la calle.

“Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, así como que los encuentros sociales se limiten a un máximo de diez personas”, refleja la orden dentro de las “obligaciones de cautela y protección” a seguir por la ciudadanía, sin que se recoja en el texto la limitación expresa anunciada para reuniones en la "vía pública". La diferencia de criterio entre lo anunciado y lo publicado un día después con rango oficial ha alimentado ya de por sí las dudas en la ciudadanía en torno a las medidas, pero la confusión existente no se disipa si se analiza el contenido de la orden publicada este miércoles en el BOPV.

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Porque lo que es una recomendación para los encuentros sociales en la calle se convierte en una obligación en el caso de playas y piscinas, donde las agrupaciones de personas “no deberán ser superiores a diez individuos”, según determina la orden. Esto es, no se prohíbe juntarse más de 10 personas en parques, plazas u otros espacios en la vía pública, una decisión que queda ahora finalmente en manos de los propios ciudadanos, pero sí están vetadas de forma expresa las agrupaciones superiores a este número en lugares al aire libre como playas y piscinas, donde, además, estos encuentros "deberán respetar siempre la distancia interpersonal".

Estos son dos de los escenarios en que, según establece la orden, no están permitidos grupos de más de 10 personas, lo que está prohibido igualmente en bares, restaurantes y 'txokos', y en el caso de cócteles y bufés, las actividades de animación deportivas y grupales, el ejercicio físico y deportivo no federado al aire libre, los eventos de turismo activo y naturaleza o las visitas en grupos a centros recreativos y acuarios, entre otras actuaciones.

Ante esta cuestión de si recomendación o impedimento legal a las reuniones superiores a las 10 personas en función del escenario, el Gobierno vasco defiende que lo "realmente importante" es que la población se conciencie de que “cualquier agrupación en cualquier contexto” con personas con las que no se convive supone un “riesgo”, por lo que insiste en apelar a “limitar al máximo” este tipo de encuentros en el lugar que sea.

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En todo caso, la cuestión de las reuniones grupales no constituye el único cambio que contiene la orden del Gobierno vasco en relación a las medidas anunciadas el día anterior tras la primera reunión del comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), en el nuevo escenario de emergencia sanitaria vigente desde este lunes en Euskadi para hacer frente a la 'segunda oleada' de la pandemia —la alerta ya estuvo vigente en una primera ocasión desde el 13 de marzo, un día antes de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma en el conjunto de España, hasta el 18 de mayo, cuando Urkullu decidió levantarla para convocar las elecciones autonómicas del 12 de julio—.

En la rueda de prensa del martes para dar cuenta de las decisiones adoptadas, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, anunció que el servicio de transporte público iba a finalizar a la 1:00, al mismo tiempo que la actividad en bares, restaurantes, 'txokos' y locales de juego. Esta hora también se reflejaba en la información remitida a los medios y en la facilitada a la ciudadanía a través de la web de Irekia, el canal de comunicación en internet entre el Gobierno vasco y la población. Sin embargo, la orden publicada en el BOPV amplía en 30 minutos el horario para el inicio del último servicio. “El transporte público de cualquier índole y de ámbito inferior a cada uno de los tres territorios históricos deberá tener como horario máximo de salida las 1:30 horas”, señala el texto, que excluye de esta prohibición al “transporte en taxi o vehículo de transporte con conductor”.

La orden publicada en el BOPV amplía media hora el horario anunciado por el Gobierno para el fin de la actividad del transporte público (a la 1:30)

Asimismo, la orden disipa la incertidumbre que había generado el propio Gobierno vasco en torno a la limitación de aforo en bares, restaurantes y 'txokos'. En un principio, el Ejecutivo vasco había anunciado una capacidad máxima del 60%, sin que “se pudieran superar los 60 comensales en locales dedicados a la restauración” —así lo comunicó Tapia durante su comparecencia y se reflejaba igualmente en el primer documento remitido a los medios—, pero esta restricción había sido suprimida poco después en el “documento correcto” remitido a los medios y tampoco se reflejó en la información colgada en el portal Irekia. Finalmente, la orden establece que “se elimina el límite de aforo siempre que se asegure la distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas”, siendo 60 el “número de personas que pueden permanecer de forma simultánea en el interior de un local, entendido este número máximo por cada uno de los comedores o espacios independientes existentes en dicho establecimiento” —el límite de distancia “no será de aplicación a los miembros de la misma unidad de convivencia”—.

El Gobierno vasco decidió volver a activar este lunes la situación de emergencia sanitaria en Euskadi —la medida fue anunciada el pasado viernes— para intentar dotarse de cobertura legal a la hora de adoptar medidas para frenar el avance del coronavirus, y evitar así nuevos reveses judiciales como el del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ese mismo viernes había tumbado la orden del 28 de julio de la consejera de Salud que limitaba los horarios de pubs y discotecas a la 1:30 al estimar el recurso presentado por las asociaciones de hostelería de Guipúzcoa y Vizcaya.

Euskadi descarta confinamientos generales, pero sí contempla aislamientos "quirúrgicos" o "toques de queda" si empeora la situación

Con la alerta en vigor, el Gobierno vasco descarta confinamientos generales de la población, pero sí contempla decretar “confinamientos quirúrgicos” o “toques de queda” si empeora la situación epidemiológica en Euskadi, que está registrando en los últimos días unas elevadas cifras de contagios, con más de medio millar de casos diarios detectados en seis de las últimas ocho jornadas —durante la primera oleada de la pandemia, solo había superado seis días los 500 positivos en 24 horas—. Este miércoles (últimos datos disponibles), se registraron 510 casos en el País Vasco, donde a día de hoy hay 168 personas ingresadas en planta y 19 en las UCI de los hospitales vascos.

En vista de la “gravedad” de la situación, el Gobierno de Urkullu ha aprobado nuevas medidas más restrictivas a las acordadas entre el Ministerio de Sanidad y las CCAA del cierre total del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle si no se puede mantener la distancia de seguridad personal de dos metros, entre otras. Dentro de las decisiones específicas para Euskadi, el Ejecutivo vasco ha prohibido el consumo de pie, tanto en barra como en el exterior de los establecimientos, ha establecido una distancia de metro y medio entre el cliente de una mesa y el inmediato de la siguiente —ya no entre mesas—, ha limitado al 60% el aforo en piscinas al aire libre o cubiertas, donde “el tiempo máximo de asistencia a las piscinas por persona y jornada será de tres horas”, y vetado la celebración de romerías, exhibiciones de música o baile en espacios abiertos y otros eventos populares, como espectáculos itinerantes de desfile o con acompañamiento de público en la vía pública.

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Asimismo, la orden determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla dentro de los centros de trabajo en los espacios comunes y pasillos, o cuando los empleados “asistan a reuniones o cualquier situación análoga en que pueda darse una cercanía entre trabajadores que no sean convivientes”, la ‘cuarentena’ durante al menos una semana de materiales devueltos por los usuarios de las bibliotecas o el establecimiento de una “distribución espacial en las zonas de estancia de las piscinas para mantener la distancia de seguridad interpersonal entre las personas usuarias no convivientes mediante señales en el suelo o marcas similares”. Igualmente, prohíbe el consumo de cualquier tipo de comida "en todo tipo de transporte público cuya duración sea inferior a las dos horas", establece que a partir de las 0:00 en los centros comerciales “se transitará por las áreas comunes exclusivamente para acceder o salir de los locales de hostelería o de ocio que hubiera, no pudiendo permanecer ni consumir en dichas áreas”, y faculta a las diputaciones forales y ayuntamientos a establecer límites de acceso, aforo y tiempo de permanencia en las playas.

Ante todas las medidas decretadas, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha instado este jueves a los ciudadanos a “no buscar recovecos” para “escaparse” de su cumplimiento. En una entrevista en Radio Euskadi, Tapia ha emplazado a la población a ser consciente de “qué debemos o no hacer” más allá de las prohibiciones y restricciones a la actividad decretadas por el Gobierno vasco —“está dentro de nuestra responsabilidad personal y colectiva”, ha afirmado—, y ha advertido de que la Ertzaintza y las policías locales estarán vigilantes para velar por el cumplimiento de las limitaciones decretadas.