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Almeida ultima una reclamación de 1.200 M a Sánchez en los tribunales por tres depuradoras sin reformar
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CONVENIO FIRMADO EN 2009

Almeida ultima una reclamación de 1.200 M a Sánchez en los tribunales por tres depuradoras sin reformar

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha solicitado a los servicios jurídicos municipales que estudien la vía judicial contra el Ministerio de Transición Ecológica por el dinero adeudado para el proyecto

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Archivo/Rodrigo Jiménez)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Archivo/Rodrigo Jiménez)

José Luis Martínez-Almeida prepara un frente económico contra Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Madrid ultima una reclamación de 1.200 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica para la reforma de tres depuradoras de aguas residuales de la capital, responsabilidad de la Administración central y sin ejecutar. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ya ha trasladado el tema a los servicios jurídicos municipales para explorar la vía judicial contra el Gobierno.

El conflicto remite a las llamadas EDAR (estaciones de depuradoras de aguas residuales) del sur de la ciudad, La China, Butarque y Sur, y la fórmula para financiar el proyecto. Las dos administraciones suscribieron en 2009 el protocolo general de colaboración para la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, firmado entonces por el consistorio y el extinto Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El proyecto, que delimitaba las competencias y obligaciones de cada actor, fue declarado de interés general, pero sigue a la espera.

El proyecto es una reivindicación histórica de los vecinos de la zona, afectados sobre todo por los malos olores. En 2007, incluso, se anunció el desmontaje de La China, que iba a integrarse en el Parque Lineal del Manzanares. La realidad, no obstante, es que la depuradora sigue en pie y ninguno de los gobiernos posteriores echó el cierre.

El plan se centra ahora en reformar las infraestructuras para mejorar el servicio. Su labor consiste en recibir y tratar las aguas procedentes del alcantarillado o de industrias, que después se depuran y se vierten al río Manzanares. Nunca para el consumo humano.

Foto: José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno de Cibeles. (EP/Eduardo Parra)

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, alegan que el convenio de 2009 otorga al Ministerio de Transición Ecológica la responsabilidad de ejecutar y financiar la reforma comprometida en La China, Butarque y Sur. Sin embargo, lamentan desde Cibeles, no se han iniciado las obras. El propio Carabante, segundo teniente de alcalde en el ayuntamiento de la capital, avanzó este martes la reclamación al Ejecutivo durante el pleno local.

El ministerio encabezado por Teresa Ribera, también vicepresidenta tercera del Gobierno de Sánchez, preparó el pasado mes de mayo el anteproyecto para la adecuación de las depuradoras de La China, Butarque y Sur, además del plan para el tanque de tormentas Sur y los colectores asociados, con una inversión total de 1.200 millones de euros. Hasta la fecha, sin embargo, no consta ningún avance. "El compromiso establecido es que el coste de estas obras declaradas de interés general las ha de ejecutar y financiar el Gobierno de la nación", insisten en el consistorio.

Desde Transición Ecológica, en cambio, apuntan en otra dirección. La cartera de Ribera asegura que los proyectos están listos para licitar y comenzar las obras, pero son actuaciones sometidas a tarifas (por la depuración de aguas residuales) que requieren un equilibrio de lo invertido. Y en este punto critican la postura de la capital. "El Ayuntamiento de Madrid rechaza la recuperación de costes. Esto es la imputación del coste a los usuarios (2,5 millones) en un período de 30 años. Y exige que se pague vía presupuestos porque son obras declaradas de interés general del Estado, pero es que estas inversiones conllevan recuperación de costes".

El ministerio defiende que ha planteado empezar por la depuradora del Sur, pero el consistorio no ha aceptado porque no quiere entrar en el sistema de ACUAES (Aguas de las Cuencas de España). "Se ha puesto una solución encima de la mesa desde hace años, pero el Ayuntamiento no acepta", concluyen fuentes del equipo de Ribera.

12 cartas y cuatro reuniones

Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad denuncia el choque institucional y la negativa a sufragar el proyecto. "Hemos mandado 12 cartas y hemos mantenido cuatro reuniones con el ministerio de Ribera y han manifestado su intención de no pagarlo cuando las condiciones rubricadas son explícitas", añaden las fuentes consultadas, que recuerdan que por su parte sí cumplen con sus obligaciones con las depuradoras de Valdebebas y Las Rejas, con una inversión comprometida de 130 millones de euros para la mejora y la adecuación de estas infraestructuras.

El ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida mantiene otros frentes abiertos contra Pedro Sánchez. El principal es la reforma de la ley de capitalidad para dotar Madrid de mayor autonomía en temas como fiscalidad, seguridad o grandes inversiones. El equipo de gobierno municipal, como ha venido informando este periódico, ya ha impulsado una comisión municipal y ha elegido a los miembros del grupo de trabajo que deben tratar el tema con el Ministerio de Política Territorial, considerado como una prioridad absoluta, pero la Administración central aún no ha hecho lo propio y el proyecto está congelado.

José Luis Martínez-Almeida prepara un frente económico contra Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Madrid ultima una reclamación de 1.200 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica para la reforma de tres depuradoras de aguas residuales de la capital, responsabilidad de la Administración central y sin ejecutar. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ya ha trasladado el tema a los servicios jurídicos municipales para explorar la vía judicial contra el Gobierno.

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