Almeida apremia al Gobierno para que mueva ficha con la ley de capitalidad tras un año sin contactos

La reforma de la ley de Capitalidad, una de las prioridades de José Luis Martínez-Almeida esta legislatura, está en punto muerto. El Ayuntamiento de Madrid ya ha constituido su propia comisión a nivel municipal y elegido a los miembros del grupo de trabajo que abordará la cuestión con los representantes del Gobierno central, pero el Ministerio de Política Territorial no ha hecho lo propio y no maneja ningún calendario. Al menos de momento. En Cibeles, según las fuentes consultadas, no tienen noticias al respecto desde hace un año y ya apremian al departamento que dirige el socialista Ángel Víctor Torres para que mueva ficha y se involucre en este plan, considerado clave para el desarrollo de la capital y para adecuar el marco jurídico a sus necesidades actuales.

El 17 de enero de 2023 el Ministerio de Política Territorial, entonces dirigido por Isabel Rodríguez, envió una carta al Consistorio y a la Comunidad de Madrid para abrir un canal de comunicación y crear un grupo de trabajo en la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, que no se reúne desde la entrada en vigor de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial, en 2006. El 21 de febrero, explican fuentes municipales, respondieron a la misiva y trasladaron los nombres designados para la comisión, pero no obtuvieron respuesta y nunca se constituyó.

El Ayuntamiento de Madrid ha trabajado por su cuenta durante los últimos meses, aunque no sirve de nada sin la implicación del Ejecutivo central. El Ministerio de Política Territorial, como informó El Confidencial, ha hecho un hueco a la capital en el debate territorial de este mandato y mantiene su predisposición a desarrollar la Comisión Interadministrativa. "Habiendo respuesta y disposición por todas las partes, el siguiente paso es constituir el grupo de trabajo con la designación de sus componentes. A partir de ahí, el compromiso es seguir trabajando en la cooperación interadministrativa", señalan desde la cartera que dirige Torres a preguntas de este diario.

La realidad, sin embargo, es que no ha habido ningún movimiento en un año y tampoco manejan ningún calendario. El equipo de Isabel Rodríguez, ahora al frente de Vivienda, marcó la vuelta del verano como la fecha para retomar los cambios en la norma, una vez se configurara el nuevo Gobierno. Pero de momento no hay noticias. El Ministerio, de hecho, responsabilizó a Almeida del frenazo en la tramitación. "El último intento por conformar el grupo de trabajo se fue al traste porque apenas unos días después de designar a sus representantes en el grupo de trabajo, el alcalde de Madrid anunció en un acto de campaña la reforma de la ley", subrayaron en Política Territorial, tal y como publicó este periódico en septiembre.

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A nadie se le escapa que las hostilidades entre Madrid y Pedro Sánchez no ayudan. El Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central mantienen ya diferentes pulsos abiertos, como los árboles del Paseo del Prado. Y la situación es todavía más delicada si se incluye en la ecuación a la Comunidad de Madrid, con varios frentes en liza, especialmente contra Mónica García, en Sanidad, y contra Óscar Puente, en Transportes.

El equipo de José Luis Martínez-Almeida ya ha movido ficha para presionar al Ministerio de Política Territorial. El Ayuntamiento constituyó en septiembre la Comisión para la Reforma del Régimen de Capitalidad de Madrid y celebró en noviembre su sesión constitutiva.

La intención es estudiar las posibilidades de modificación legislativa, siempre en torno a cuatro ejes. Fuentes municipales explican que se han creado cuatro grupos de trabajo: organización y régimen jurídico; competencias y regulación del nuevo distrito 22; financiación y gestión presupuestaria y recursos humanos. Todos cuentan con expertos, juristas de reconocido prestigio y personal municipal.

Reforma fundamental

El Ayuntamiento de Madrid reitera que la reforma de la norma es fundamental para afrontar los próximos años con garantías y cubrir todos los servicios públicos. Cibeles defiende desde hace más de un año que urge ampliar las competencias y la autonomía de la capital para ampliar el margen de maniobra en temas como la seguridad, la capacidad para dotarse con nuevas infraestructuras, la financiación o el régimen de fiscalidad. Pretenden, entre otras cosas, contar con la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales para la atracción de inversores, tener una regulación específica para el futuro distrito financiero o más peso en los ingresos del Estado para gastos derivados de la población propia y la flotante que llega cada día y que también utiliza los servicios municipales.

La previsión inicial es que la labor de esta comisión acabe en el primer semestre de este año. Los resultados se elevarán a la Junta de Gobierno local y los partidos políticos con representación presentarán sus alegaciones, para después enviar el dictamen definitivo al Gobierno central. Será entonces cuando, previsiblemente, el Ministerio tome partido, tras analizar las conclusiones. En principio, todas las fuerzas políticas en la capital están de acuerdo en la necesidad de reformar la ley de capitalidad y adecuar a Madrid a las exigencias del momento.