La jueza archiva la investigación contra el delegado del Gobierno por las cargas en Ferraz

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha archivado la investigación contra el delegado del Gobierno de esta comunidad, Francisco Martín Aguirre, por las cargas policiales y el lanzamiento de gas lacrimógeno a los manifestantes que se concentraron junto a la sede del PSOE de la calle Ferraz el pasado 6 de noviembre durante las protestas contra el Gobierno. La jueza Cristina Díaz atiende la postura de la Fiscalía y concluye que "no consta la existencia de lesionados ni se aportan testigos que puedan referir la existencia de desproporción".

La investigación se abrió el pasado enero a raíz de una denuncia de la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces. La jueza apreció en un primer momento que Martín Aguirre podía haber incurrido en un presunto delito de prevaricación y dirigió también el procedimiento contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes, pero en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta ahora a que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito".

Durante la jornada del 6 de noviembre, los agentes de la Unidad de Intervención Policial lanzaron gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz. "Miembros de la policía de paisano blandieron barras extensibles de acero con las que golpearon a los ciudadanos de la manifestación, a pesar de que la normativa aplicable lo prohíbe", aseguraron los denunciantes a través de un comunicado.

La Fiscalía destaca por su parte que la denuncia en ningún caso aportaba "ni resolución del Delegado del Gobierno ni partes de lesiones de ninguna persona que tomara parte en la concentración", por lo que se trataba de una "apertura de una investigación judicial de carácter claramente prospectivo".

El Supremo ya rechazó una querella de Vox

El Tribunal Supremo ya rechazó el pasado febrero una querella de Vox contra el delegado del Gobierno en Madrid y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación policial desplegada frente a las concentraciones de Ferraz. “Los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación", advirtieron los magistrados.

El partido de Santiago Abascal apuntaba a Grande-Marlaska por haber impartido una supuesta "orden con motivación política" a los policías, pero el tribunal señaló que no podía imputarse responsabilidad penal de carácter objetivo al querellado sobre la única base de ser el máximo responsable del Ministerio del Interior. “Sin ofrecer dato o circunstancia alguna que permita afirmar que conoció los pormenores de la concentración", el Supremo consideró que la querella carecía de recorrido.

La misma conclusión aplica ahora la jueza de Madrid al delegado del Gobierno, mientras que el Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España, vinculado también a Vox, se querelló por su parte contra una serie de policías en el Supremo por los mismos hechos. En su caso, el tribunal se declaró no competente para decidir sobre los mismos por no ser aforados.