El infierno en un chalé de Canillejas: hasta tres mujeres por cama, prostitución 24 horas y barra libre de drogas

En el número 15 de la avenida de Canillejas a Vicálvaro, en Madrid, hay una villa con jardín y piscina. Por fuera, a ojos del paseante, parece el típico chalé que podría estar en cualquier pueblo de la sierra y muy similar a los que tiene alrededor, que destacan en medio de un barrio obrero. De puertas hacia dentro, allí había un infierno. Esta es una de las casas donde una red que ha desarticulado la Policía Nacional obligaba a prostituirse a mujeres que captaba en Latinoamérica. Dentro corría la droga, y las mujeres eran ofrecidas sin ningún pudor durante las 24 horas del día. También las obligaban a traficar con las sustancias estupefacientes.

La operación, bautizada como Claus —porque comenzó en la Navidad del año pasado—, ha sido minuciosa y, por el momento, se ha saldado con siete víctimas liberadas y 36 personas detenidas, 24 de ellas por su participación directa en el entramado. Las pesquisas continúan. De hecho, la Policía procederá tras las detenciones al análisis de las cuentas bancarias ligadas a la red criminal y al examen de nuevas pruebas.

Todo comenzó con una llamada anónima al teléfono de atención a las víctimas de trata. A partir de ahí, los investigadores del Grupo VI de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid lograron desentrañar el modus operandi de una organización que habría tenido una ganancia de 600.000 euros con estas actividades ilegales y que blanqueaba el dinero comprando joyas de alto valor para luego revenderlas. Los investigadores no descartan que el lucro pudiera ascender incluso hasta el millón de euros.

Una mujer captaba a otras mujeres en distintos países de Latinoamérica, ofreciéndoles un futuro mejor en España. En ocasiones, las víctimas volaban acompañadas por alguien de la red hasta territorio nacional, y, una vez aquí, otra mujer las recibía y repartía por las distintas viviendas en las que eran explotadas. Esta era la forma que les ofrecían para saldar el pago de la deuda que habían contraído por el viaje.

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Durante la operación, la Policía ha detectado siete viviendas empleadas para la explotación sexual de las víctimas repartidas por distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Cada una de las viviendas, aunque formaban parte del mismo entramado, operaba de forma autónoma y era controlada por un clan. Todas, sin embargo, tenían la misma estructura jerárquica. Una mujer de la red era la jefa del piso. A su vez, tenía a otras tres personas —conocidas en el argot como mamis— por debajo. Se dividían en turnos de mañana, tarde y noche, y, a su vez, controlaban a las mujeres prostituidas. Al tratarse de viviendas y no clubs, se dificultaba la labor policial, pese a que, en los distintos barrios donde se encontraban, los vecinos eran conscientes de que pasaba algo.

Las víctimas vivían y eran explotadas en los mismos lugares, como el caso del chalé de Canillejas. Allí, según han expuesto fuentes policiales, las mujeres vivían en condiciones terribles. Podía haber unas 10 o 15 personas en cada una de estas casas y estaban repartidas en distintas habitaciones, sin armarios, y hacinadas. En cada estancia había literas de dos o tres pisos, y, "en cada cama, que no en cada litera, podían dormir dos o tres mujeres", como matizan fuentes de la investigación.

Pagos por Bizum

En todas las estancias de los pisos había cámaras, con las que las mujeres eran controladas. El marcaje era férreo y fuentes policiales subrayan que podían ser obligadas a mantener relaciones con cuatro o cinco clientes al día a cambio de una miseria alrededor de 20 euros. La red también tenía una especie de call center donde recibían las llamadas de los interesados y donde cerraban los tratos. También imponían severas multas a las víctimas y les surtían de droga, lo que no hacía más que ampliar su deuda con la trama.

No obstante, los investigadores se han sorprendido al constatar que buena parte de los 600.000 euros bajo sospecha se corresponderían con pagos realizados por Bizum. Lo habitual en estos casos, en los que median delitos sexuales o tráfico de drogas, es el pago en efectivo, pero la Policía ha detectado pagos muy recurrentes —hasta 2.000— realizados por Bizum a cuentas ligadas a tres líneas de móvil. En este punto, los asuntos de los clientes eran de lo más variopinto: desde "pastillas de freno para el coche" hasta "regalo". Los utilizaban para intentar no levantar sospechas, pero el rastro quedaba marcado en sus cuentas.

Una vez que tenían el dinero en las cuentas, la red procedía al blanqueo. Para ello, siempre hacía igual: sus miembros acudían a comprar joyas de lujo y después las vendían. De esta forma podían alegar que el dinero procedía de desprenderse de estos enseres. Además, con este dinero, los cabecillas de la trama llevaban un alto tren de vida, que les delataba. Pese a que, a ojos de la Seguridad Social, estaban desempleados o tenían contratos laborales que rondaban los 1.000 euros, lucían vehículos de alta gama, como un Infinity Q5, vehículo que puede alcanzar un valor de hasta 60.000 euros.

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Finalmente, siete mujeres fueron liberadas después de meses en los que fueron obligadas a prostituirse, a consumir droga e incluso a transportarlas entre los domicilios que empleaba la red. Además del chalé de Canillejas, la organización también operaba en un piso de la calle Cuba de Fuenlabrada y en otros pisos dispuestos en organizaciones del sur de la Comunidad de Madrid.

Los detenidos pasaron a disposición judicial, acusados de ser los presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los dos máximos responsables de esta red ingresaron en prisión provisional.

Teléfono contra la trata

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es, así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial