Ayuso busca un efecto llamada entre los universitarios latinos con una rebaja de tasas de hasta el 85%

Isabel Díaz Ayuso quiere provocar un efecto llamada entre los estudiantes de América Latina. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, trabaja ya en una modificación del decreto de precios públicos para rebajar las tasas universitarias de estos alumnos hasta un 85%. El objetivo es equiparar su estatus con el de los españoles y los ciudadanos de otros países de la UE, de modo que paguen lo mismo que ellos por los mismos estudios. La medida, que no se implantaría hasta el próximo curso, afecta tanto a grados como másteres.

La meta es convertir la región en un referente internacional de estudios en español. El Ejecutivo ya ha dado algunos pasos en este sentido con la Oficina del Español, estrenada en 2021, y la Cátedra del Español y la Hispanidad en las Universidades de la Comunidad de Madrid. Pero esta actuación pretende ser el reclamo definitivo para los universitarios al otro lado del Atlántico.

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El punto de partida es que los universitarios latinos están en desventaja respecto a los locales o los de la UE. Así, sin el marco común europeo o los convenios de reciprocidad, los estudiantes procedentes de América Latina pagan hasta seis y siete veces más en la primera matrícula para las universidades públicas de la región. En la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que dirige Emilio Viciana, ponen algunos ejemplos prácticos.

Un alumno español, alemán o italiano de Medicina paga 1.240 euros por curso, mientras que otro de Colombia o México debe desembolsar cerca de 8.200 euros. Lo mismo en el caso de Historia, con 1.015 frente a 6.822 euros. La medida afecta también a los másteres habilitantes, que en casos como el de Ingeniería de Telecomunicaciones el desfase es de 8.000 euros. Educación, no obstante, no ha explicado cuál será el encaje jurídico de la medida ni cómo será esa equiparación.

Educación calcula que la medida beneficiaría ahora a 2.800 estudiantes. La comunidad asumirá el déficit para las universidades

La Consejería, que calcula que la rebaja de las tasas beneficiaría en este momento a 2.800 estudiantes, cree que el reclamo dará sus frutos y a medio plazo elevará el atractivo de la Comunidad de Madrid entre los universitarios latinos y posibles inversores. El déficit en las cuentas de las universidades, explican en el equipo de Viciana, será asumido por el propio Ejecutivo autonómico, que pagará la diferencia. Fuentes de Educación, no obstante, detallan que el plan está todavía en una fase preliminar.

Isabel Díaz Ayuso ha situado América Latina como el gran mercado a explorar, con importantes lazos económicos y culturales, para convertir la región en el faro mundial de la hispanidad. Por ejemplo, ya ha suscrito acuerdos con el condado de Miami Dade, en la misma línea que otros convenios con Lisboa o la conocida como Île-de-France. Según la Consejería, los orígenes más repetidos entre los alumnos son Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile.

Nueva ley de FP

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha elaborado ya sus líneas maestras para el inicio de la legislatura. Otro de los aspectos fundamentales será la elaboración de una ley propia de Formación Profesional, que nace como contrapeso a la normativa estatal por considerarla perjudicial tanto para los alumnos como para las empresas. La Formación Profesional, por tanto, abrirá un nuevo frente entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

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La denominada como Ley Maestra de Formación Profesional surge frente a los "excesos y abusos" de la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional del Estado, impulsada por el Ejecutivo de coalición durante la pasada legislatura. En la Comunidad de Madrid consideran que la norma estatal genera inseguridad jurídica por la dispersión de los títulos, sin saber con exactitud qué se estudia y la conexión con las empresas.

El futuro texto, apuntan en la Consejería, pretende implantar un sistema ajustado al contexto laboral. "Se apostará por un verdadero sistema dual que sirva a la realidad laboral y empresarial y a la efectiva formación de cada alumno. Contrastará con la alternancia de la norma del Gobierno, que diluye y reparte las prácticas haciéndolas intermitentes, imposibles, indeseables para empresas y estudiantes, con efectos perversos sobre la formación y el empleo".

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La ley, que también regulará aspectos de la norma estatal como la matrícula abierta de forma permanente, llegará a la Asamblea el año que viene y la previsión es que se apruebe antes del ecuador de la legislatura. Igualmente, añaden en Educación, "paliará los efectos negativos de medidas como la obligación de adscribir los centros privados de FP o la ausencia casi total de requisitos para acceder a la fase formativa de las empresas".

La Formación Profesional será el próximo escenario de confrontación entre administraciones. La Comunidad de Madrid, de hecho, ya ha litigado con el Ministerio de Educación en los tribunales con cuestiones como el supuesto "sesgo ideológico" en los libros de texto de Secundaria o Bachillerato o la decisión de endurecer los requisitos para pasar de curso en ambas fases educativas. Aunque el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esta decisión, los jueces dieron la razón a la Administración madrileña.