Caso Lezo: Anticorrupción pide procesar a Ignacio González por malversación y fraude

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, que finalice la instrucción de la pieza dos y siente en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por malversación de caudales públicos y fraude. La pieza en cuestión se centra en la compra a finales de 2013 por parte del Canal de Isabel II de la empresa Emissao, filial que tiene en Brasil, operación bajo sospecha en la que varios 'arrepentidos' ya han declarado que se repartieron jugosas comisiones y que algunas fueron a parar, presuntamente, al expresidente madrileño.

Además de González, la Fiscalía pide procesar a otras seis personas por los mismos delitos: Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta; Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica; Diego García Arias, exdirector de Negocios y Expansión de Inassa; Ramón Navarro Pereira, exdirector general de la Triple A, filial de Inassa; María Fernanda Richmond, exdirectora del Canal, y Sebastiao Cristovam, exrepresentante de Emissao.

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Con González como presidente autonómico, el Canal aprobó a finales del año 2013 la compra del 75% de las acciones de Emissao, una operación por la que las arcas públicas madrileñas desembolsaron 21,4 millones de euros. Un mes después, el patrimonio neto de Emissao era de 10,6 millones de euros, una depreciación del 50%. Un año después, se tasaba en tan solo 5,3 millones. A la vista de estas cifras, la Audiencia Nacional cree que la compra estuvo inflada y que se desvió dinero público a bolsillos particulares.

Entre las declaraciones que acorralan a González, se encuentra la del propio Rodríguez Sobrino, que este verano presentó un escrito en la Audiencia Nacional en el que admite que recibió una presunta comisión ilegal de 1,8 millones de dólares que tenía como último destinatario al expresidente de la Comunidad de Madrid. El dinero habría permanecido oculto en una cuenta de Colombia hasta el estallido de la operación Lezo, en abril de 2017, y ya ha sido depositado en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso.

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Otro de los que ha tirado de la manta es García Arias. Ya en 2017 comenzó colaborar con la Fiscalía colombiana, y por ende, con la Fiscalía española, revelando el nombre de varias empresas, testaferros y cuentas bancarias que ocultarían parte de los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita. Su confesión apunta a que cinco personas se llevaron 5,4 millones de dólares: Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro, Luis Vicente Moro y él mismo. Anticorrupción pide ahora al juez que procese a todos ellos, paso previo a la apertura de juicio oral.

De forma paralela, el Canal logró en septiembre recuperar parte del dinero de la operación tras ganar el arbitraje que inició contra el empresario brasileño Sebastiao Cristovam. El proceso se inició en 2017 en Brasil y la empresa madrileña alegó que la compra "se hizo sin conocer todos los datos" y "existían elementos que no estaban recogidos en la contabilidad de la compañía" como "activos sobrevalorados y pasivos laborales y fiscales", argumentos que la Cámara de Arbitraje dio por buenos: Cristovam tiene que devolver siete millones al Canal.

Con estos indicios sobre la mesa, Anticorrupción pide ahora al juez Manuel García Castellón que finalice la instrucción y procese a siete personas, entre ellas González. Si el magistrado atiende la solicitud, en el caso Lezo se habrán cerrado ya dos piezas, pues el 29 de mayo también se dio por finalizada la fase de instrucción respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II se hizo con la empresa colombiana Inassa en 2001.