El juez levanta la imputación de Gallardón y González en la pieza de Inassa del caso Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha atendido la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y ha levantado la imputación de quince personas en la pieza de Inassa, entre ellos los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González. Aunque González sigue investigado en otras piezas del caso Lezo, Gallardón solo estaba imputado por la operación en la que el Canal de Isabel II se hizo con esta empresa colombiana en 2001, por lo que queda así desvinculado de la macrocausa. El magistrado da además la instrucción por finalizada y decreta la apertura de una pieza separada por las posibles irregularidades cometidas en la compra, pesquisas en las que siguen imputadas otras 22 personas por un delito de malversación de caudales públicos agravado.

Anticorrupción considera que la participación de ambos no ha quedado probada, postura que ahora atiende el juez: "Tras analizar el resultado de las diligencias practicadas debe concluirse que no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional de los mismos", sostiene la Fiscalía en su escrito.

En el caso de Gallardón, el Ministerio Público argumenta que no se ha podido demostrar que tanto él como el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de Inassa". Respecto a González, sostiene que su "sobreseimiento se justifica al no haber quedado acreditada suficientemente su participación en este proceso de adquisición de Inassa, iniciándose además la vinculación de los dos primeros con Canal Isabell II con posterioridad a la culminación de esta operación".

Entre el resto de personas para las que se levanta la imputación, destaca el que fuera número dos del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, el exconsejero de Presidencia y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Manuel Cobo Vega, la exviceconsejera de Medio Ambiente, María Paz González García, o el exdiputado madrileño Carlos Mayor Oreja. Además de estos cuatro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archiva las diligencias para los exconsejeros Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral, y para los exdirectivos Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

Al mismo tiempo, la investigación sigue adelante con la presencia de dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo. También se imputa a los consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de comprar Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. Así como al ex director gerente del Canal, Arturo Canalda, t los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras.

En el auto, el juez explica que "los hechos que deberán integrar esta pieza comprenden los relativos a la expansión internacional que en el año 2001 Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad colombiana Inassa para lo cual utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia SA, participada en un 75% por Canal Isabel II y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua SA —Tecvasa—". Respecto a la relación entre estas operaciones y políticos de primer nivel, García-Castellón recuerda que "esta adquisición estaba sometida a la previa autorización del Consejo de Administración de Canal de Isabel II y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Al igual que Anticorrupción, el juez considera que la operación "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco SA, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio para la administración autonómica". En concreto, apunta a un sobreprecio de entre 23 y 35,4 millones de dólares.