“1,8 millones para Ignacio González”: su presunto testaferro confiesa por escrito

Edmundo Rodríguez Sobrino, antiguo hombre fuerte de Ignacio González en Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que admite que recibió una presunta comisión ilegal de 1,8 millones de dólares que tenía como último destinatario al expresidente de la Comunidad de Madrid. El dinero habría permanecido oculto en una cuenta de Colombia hasta el estallido de la operación Lezo, en abril de 2017, y ya ha sido depositado en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso.

Rodríguez Sobrino comenzó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción ese mismo verano, cuando aún se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Estremera. Sin embargo, es la primera vez que confiesa oficialmente su implicación en el reparto de las comisiones de la compra de Emissao, una operación que terminó siendo ruinosa para el Canal, la mayor empresa pública de Madrid. Como adelantó El Confidencial, Inassa pagó en 2013 por esa firma de ingeniería brasileña un total de 21,7 millones de euros. Sin embargo, solo un año más tarde, el propio ente regional valoró la compañía en apenas cinco millones, cuatro menos de los que había abonado por ella.

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Según Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa en el periodo bajo investigación, ese incomprensible deterioro tuvo una motivación ilícita. El dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, propuso a los gestores de la filial del Canal el reparto de una comisión si la compraventa terminaba cerrándose por un precio superior al real. La diferencia serviría para desviar una bolsa de fondos públicos de las arcas madrileñas de la que luego saldría un gratificación personal para los implicados.

Así se ejecutó exactamente la operación, según el colaborador del Ministerio Público, que también sostiene que la compra contó con el beneplácito de González, jefe del Ejecutivo autonómico en aquella época. De hecho, como ya desveló cuando empezó a facilitar información a los investigadores, Rodríguez Sobrino mantiene en su escrito que Ignacio González se llevó la comisión más alta, 1,8 millones de dólares.

Por su parte, el exdelegado del Gobierno en Ceuta con el PP Luis Vicente Moro, íntimo de González, que intervino como intermediario, se llevó otros 900.000 dólares, la misma cifra que cobró cada uno de los dos directivos colombianos de Inassa, Roberto Navarro y Diego García Arias. El propio Rodríguez Sobrino ha admitido que percibió otros 900.000 dólares.

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La primera pista sobre esos 5,4 millones fue localizada por la UCO en una agenda personal del delator, aunque los nombres de los implicados estaban ocultos con palabras clave. González era “conde”; Navarro, “abuelo”; García Arias, “Maradona”; Luis Vicente Moro, simplemente “Moro”, y Rodríguez Sobrino, el “general”. Al lado de cada identidad, figuraba el importe de la comisión correspondiente. Los dos directivos colombianos de Inassa ya habían reconocido ante las autoridades de ese país que los alias se corresponden con esas identidades. El colaborador de Anticorrupción lo ratifica nuevamente ahora en el documento que ha remitido su defensa al instructor de Lezo. Solo niegan su vinculación con las anotaciones de la agenda González y Moro.

Lo cierto es que la supuesta comisión que le correspondía al expresidente madrileño nunca le fue entregada. Según Rodríguez Sobrino, él mismo se encargó de guardar los 1,8 millones de dólares de González “a expensas de sus instrucciones”. El dinero habría permanecido en varias cuentas de un banco colombiano, controladas por el expresidente ejecutivo de Inassa a través de una sociedad pantalla, hasta el verano de 2017. A partir de ese momento, y en el marco de su colaboración con la Fiscalía, comenzó a gestionar el reintegro de esa comisión a la Justicia española.

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Pese a que nunca llegó a sus manos, Rodríguez Sobrino sostiene que esos 1,8 millones de dólares eran de González. Así lo refleja en el documento que ya se ha incorporado a la causa y con el que busca demostrar, a modo de resumen, su “firme intención” de “colaborar con la instrucción en el esclarecimiento de los hechos” relativos a la operación de Emissao.

González siempre ha negado esas acusaciones. Afirma que nunca participó en la operación de la compra de Emissao y que es rotundamente falso que esos 1,8 millones escondidos en Colombia le pertenecieran. Considera que todo es un montaje urdido por Rodríguez Sobrino en busca de su propio beneficio procesal.