González señala al exconsejero de Sanidad en su declaración ante el juez del caso Púnica

Ignacio González se ha desmarcado este jueves de la presunta caja B del PP de Madrid. En su declaración como imputado ante el juez del caso Púnica, el expresidente madrileño ha asegurado que no tuvo relación con la financiación del partido en los años investigados, para lo que ha destacado que no ocupó un cargo orgánico en la formación hasta 2011. González ha sorteado así los partes más duras del interrogatorio, pero cuando se le ha preguntado por la supuesta cláusula irregular del 1% que el PP de Madrid imponía a toda empresa que quisiera conseguir contratos públicos, ha lanzado un dardo al exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela: el expresidente ha dicho que en esta consejería existía esta clásula, pero se ha mostrado incapaz de profundizar en la misma, explican fuentes jurídicas.

La afirmación de González, imputado en Púnica por presuntos delitos de cohecho, malversación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, llega después de que el propio Lamela declarara como investigado el pasado lunes en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Según explicó el exconsejero de Sanidad ante el juez, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre les "invitó" a contratar con la trama Púnica en una reunión celebrada a principios de 2004, a la que acudió tanto González como los responsables de distintos departamentos del Ejecutivo autonómico. El político madrileño ha confirmado su presencia en la cita y también la del empresario Daniel Horacio Mercado, imputado en la causa, pero ha negado que en la misma les dieran instrucciones sobre la adjudicación de contratos públicos, reduciendo su contenido a la presentación del logo 'Madrid la suma de todos'.

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D. F.

En su declaración, a la que ha acudido con gafas de sol por un problema ocular, González ha asegurado además que en 2012 nunca se celebró una reunión para planificar una nueva vía de financiación irregular. "El investigado Ignacio González solicitó a los asistentes que reuniesen la cantidad de un millón de euros para sanear la caja B del PPCM, que habían quedado maltrecha tras la fastuosa campaña que se encargó y diseño para las elecciones del año 2011, que dio el triunfo a Esperanza Aguirre, [...] y, a la vez, para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales de la próxima campaña para las elecciones del año 2015", sostiene el magistrado Manuel García Castellón en su auto del 2 de septiembre de 2019, en el que se apunta a que el plan del expresidente madrileño pasaba por utilizar las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II para canalizar esta financiación irregular.

El presunto desfalco en la sanidad madrileña

La declaración de González apuntala la sospecha de que trama Púnica encontró un filón en la sanidad madrileña. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la comunidad. Con Manuel Lamela como consejero de Sanidad, los investigadores sostienen que el PP de Madrid impuso la cláusula del 1% a toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o explotación, porcentaje que permitió nutrir las arcas del partido, dopar las campañas electorales o enriquecer a los responsables de las adjudicaciones: 27 hospitales y centros de salud se convirtieron así en una de las ramas más lucrativas de la red corrupta.

El presunto desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007' desde la Consejería de Sanidad, que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad. De cara al público, se vendía la idea de modernizar el sector, pero el proyecto "confirió la cobertura oportuna para introducir [...] la cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en connivencia con los altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido", explica el juez en el auto que emitió este lunes.

El juez apunta de forma directa al exconsejero Manuel Lamela, pero también al ex secretario general del PP Francisco Granados y a los expresidentes madrileños Ignacio González y Esperanza Aguirre. Aunque Lamena era el cargo visible, los otros tres se reservaron "la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad", reservando en todo momento los contratos a sociedades vinculadas con Horacio Mercado, encargado de confeccionar "falaces facturas que, o bien sobrefacturaban los trabajos de publicidad realizados, o bien recogían servicios que no se prestaban".