Brasil condena al empresario que pagó sobornos a devolver 7 millones al Canal

Es una de las piezas que se investiga en la Audiencia Nacional dentro del caso Lezo: la compra por parte del Canal de Isabel II a finales de 2013 de la filial que actualmente tiene en Brasil, la empresa Emissao. Una operación bajo sospecha en la que varios 'arrepentidos' ya han declarado que se repartieron jugosas comisiones que incluso fueron a parar, presuntamente, al expresidente madrileño Ignacio González. Seis años después de esa polémica compra el Canal ha conseguido recuperar parte del dinero tras ganar el arbitraje que inició contra el comprador, el empresario brasileño Sebastiao Cristovam.

La Cámara de Arbitraje y Mediación Empresarial de Brasil dio este martes la razón al Canal en el procedimiento que inició a finales de 2017, cuando la Comunidad de Madrid estaba presidida por Cristina Cifuentes y ya se había llevado esta compra a la Fiscalía. El Canal aprobó a finales del año 2013 (con González como presidente autonómico) la compra del 75% de las acciones de Emissao, una operación por la que las arcas públicas madrileñas desembolsaron 21,4 millones de euros. Un mes después, el patrimonio neto de Emissao era de 10,6 millones de euros, una depreciación del 50%. Un año después se tasaba en tan solo 5,3 millones y a finales de 2015 aparecía en el balance consolidado con una valoración negativa de 17,3 millones. La Audiencia Nacional cree que la compra estuvo inflada y que se desvió dinero público a bolsillos particulares.

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El Canal inició en 2017 el proceso de arbitraje en Brasil porque la compra "se hizo sin conocer todos los datos" y "existían elementos que no estaban recogidos en la contabilidad de la compañía" como "activos sobrevalorados y pasivos laborales y fiscales". La nueva dirección del Canal, dirigida por Rafael Prieto (que ahora ha sido nombrado para gestionar la red de Metro de Madrid), ha conseguido ahora recuperar parte del dinero invertido: unos siete millones de euros. El laudo arbitral estaba incluido en una cláusula pactada cuando se negoció la compraventa entre el Canal y el empresario brasileño. Sebastiao Cristovam sigue teniendo el 25% de las acciones de Emissao y actualmente está imputado por la Audiencia Nacional. Ya ha reconocido en sede judicial que pagó comisiones.

El Canal reclamó inicialmente 33,6 millones de reales brasileños, que al cambio son hoy 7,46 millones de euros. Al final la Cámara de Arbitraje ha dictaminado que el Canal debe recibir 20,6 millones de reales (4,57 millones de euros), cantidad a la que hay que sumar la inflación desde 2012, "lo que supone incrementar el precio un 30% más", señalan fuentes del Canal. El empresario brasileño también debe pagar un 1% de interés de demora mensual desde enero de 2018, lo que suma otros 915.000 euros. La cantidad total se va a los 7 millones de euros. Sebastiao Cristovam también ha sido condenado en costas, otros 311.000 euros.

No hay que olvidar que dos informes realizados en los primeros meses de 2013 desaconsejaron la compra de Emissao. El primero, interno, desde la propia Inassa, la matriz del Canal en Suramérica. "Se encontró un precario sistema de información financiera, no hay contabilidad al día, no existen políticas administrativas. Se incurre en grandes riesgos operativos, los cuales pueden causar pérdidas debido a la falta de control", son algunas de las conclusiones. El segundo de KPMG, que advertía que Emissao pagaba comisiones a terceros para conseguir contratos en Brasil. No solo eso. También revela diferencias en la cifra de beneficios que comunicó Emissao en relación con los reales.

A pesar de estos dos informes la operación se autorizó y se cerró en octubre de 2013. El Canal pagó 21,4 millones de euros a través de una empresa sin actividad con sede en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua SRL). El contrato de compraventa se firmó el 14 de noviembre de 2013 y el dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, pactó tres pagos: 14,7 millones de euros ese mismo mes a cuenta suya en el Royal Bank of Canada de Ginebra (Suiza); 3,6 millones de euros en diciembre al Banco Bradesco (Brasil), y 3,2 millones también en diciembre al Royal Bank of Canada de Ginebra. Desde Suiza partieron presuntamente las comisiones que se pagaron.

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Los investigadores de la Audiencia Nacional creen que cinco personas se repartieron estas comisiones, un total de 5,4 millones de euros: Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid), Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno en Ceuta), Edmundo Rodríguez Sobrino (presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica), Diego García Arias (director de Negocios y Expansión de Inassa) y Ramón Navarro Pereira (ex director general de la Triple A, filial de Inassa).