Carmena recula: pagará 100 millones por el Open de Tenis y cederá suelo público

La alcaldesa Manuela Carmena ha querido dar un golpe de efecto a cuatro días de las elecciones municipales filtrando una carta firmada por el propietario del Open de Tenis, el magnate rumano Ion Tiriac, en la que se compromete a mantener este evento deportivo en la ciudad de Madrid hasta 2032. El contrato para la celebración de este evento en la ciudad solo estaba asegurado hasta 2021.

Sin embargo, no han trascendido los términos del contrato que, según ha podido saber este diario de fuentes presentes en las negociaciones y que ratifican fuentes del grupo municipal, suponen un desembolso para las arcas públicas que superan en total los 100 millones de euros, como exigía el excéntrico multimillonario. El bufete Business & Law ha asesorado a Tiriac durante este proceso y también ha sido designado por el empresario para cerrar los flecos del acuerdo durante las próximas semanas.

El Gobierno municipal se ha plegado a las exigencias de que el Ayuntamiento de Madrid ceda suelo público para que se pueda construir un nuevo estadio con 8.000 nuevas plazas y un considerable incremento de los palcos VIP. El único requisito para el propietario del Open de Tenis es que se comprometa al correcto funcionamiento, mientras que se le cederá terreno de propiedad municipal, también en los aledaños para construir salidas de emergencias y accesos, y no se le obligará a realizar tareas de montaje y desmontaje de las carpas de restauración, como sí fijaba el contrato firmado por el anterior equipo de Gobierno. El proyecto de construcción de la nueva pista supondrá el secado de un lago anexo, a lo que también se ha dado el visto bueno por parte del Gobierno de Manuela Carmena. El 50% del coste de estas obras correrá a cuenta del Ayuntamiento de Madrid y el otro 50% lo asumirán los promotores del torneo -Madrid Trophy Promotion (MTP).

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De los diez millones anuales que el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a pagar al propietario del Open de Tenis, siete corresponden a los denominados derechos de sede, que correrán a cuenta de la empresa municipal Madrid Destino, y los otros tres corresponden al patrocinio y los asumirá directamente el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de cantidades variables, pero que se ajustaría a los diez millones anuales porque si a medida que avancen las ediciones se ha fijado que los derechos de patrocinio desciendan desde los 3,5 millones iniciales a los 2,5 millones, ocurrirá lo contrario en la cantidad correspondiente a los derechos de sede, que comenzarán en unos 6,5 millones para acabar subiendo a unos 7,5 millones. El contrato que firmó el anterior equipo de gobierno popular tenía un coste anual inferior para las arcas públicas, de 8,5 millones en total.

El acuerdo definitivo se firmará pasadas las elecciones y contaría con el respaldo del resto de grupos municipales, según aseguran fuentes del entorno de la alcaldesa que no han querido precisar los detalles del contrato, limitándose a asegurar que serán ventajosos para los intereses de los madrileños. Faltaría solamente por concretar la letra pequeña de algunos puntos que, en cualquier caso, no modificarían en lo sustancial los aspectos que ya han llevado a Tiriac a comprometerse a mantener el evento en Madrid hasta 2032.

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A pesar de todo, ya se han producido giros de última hora en ocasiones anteriores haciendo descarrillar las negociaciones. El pasado 8 de abril, cuando se iba a proceder a la firma del preacuerdo en un acto público convocado en la Caja Mágica y con presencia de los medios de comunicación, el propietario desconvocó el acto tan solo unas horas antes alegando "cuestiones de agenda". Tras ello se retomaron las negociaciones.

Los contratos del Open de Tenis han estado siempre envueltos en la polémica, e incluso miembros del gobierno municipal, junto con los máximos responsables de la empresa municipal Madrid Destino, los llevaron a la Fiscalía Anticorrupción por supuestos sobrecostes millonarios. Los servicios jurídicos municipales, por orden del coordinador de la Alcaldía, Luis Cueto, frenaron entonces la investigación interna sobre las supuestas irregularidades los servicios jurídicos municipales, como quedó documentado en la denuncia a través de correos electrónicos y mensajes de telefonía. Una sentencia relativa a los despidos en la cúpula de Madrid Destino como "represalia" a sus denuncias, concluyó que Cueto, ahora propuesto para dirigir una concejalía de empresas de nueva creación, provocó con sus acciones "una serie de prejuicios económicos" para las arcas públicas.

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Según la demanda que calificó los despidos como represalia, Cueto habría emitido "instrucciones a Madrid Destino para que se realicen acciones de renuncia de derechos o renuncia de exigencias legales de obligado cumplimiento para MTP”. La empresa municipal ya había elaborado informes jurídicos donde se daba cuenta de supuestas irregularidades sobre el objeto que se pretendía negociar con los propietarios, "por ejemplo, sobre la petición de mantener una zona de restauración VIP en la zona de aparcamiento cuya instalación es irregular y genera multitud de perjuicios e inconvenientes".

El torneo de tenis Madrid Mutua Open ya estuvo a punto de no celebrarse en su edición de 2017 si no se hubiese añadido 'in extremis' de una cláusula al contrato firmado en 2011 entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa organizadora, que eximió a esta última de cumplir con parte de las condiciones estipuladas en el acuerdo. Al menos, así se justificó desde el Ayuntamiento de Madrid su favoritismo para que la empresa organizadora pudiese incumplir la cláusula 14 respecto a la obligación del desmontaje de las instalaciones. Condiciones que consideraba gravosas para sus intereses.

El encargado de ejecutar esta operación fue nuevamente el coordinador de Alcaldía, ahora al frente de las negociaciones, en contra del criterio manifestado por la mayoría de altos cargos de Madrid Destino, que pretendían impedir a MTP el inicio del montaje en la Caja Mágica, espacio donde se celebra el evento, sin antes firmar las condiciones que ya se habían incumplido en otras ediciones. Esto es, el documento de recepción y responsabilidad sobre el estado y uso de las instalaciones, incluido el pago de la fianza.