Carmena cerró el caso Open de Tenis con un acuerdo económico que el PP pide anular

El caso Open de Tenis regresa este miércoles al pleno del Ayuntamiento de Madrid, a raíz del acuerdo económico al que llegó la empresa municipal Madrid Destino con la exgerente, Ana Varela —destituida tras denunciar el caso ante la Fiscalía—, para no ir a juicio por despido improcedente. El acuerdo alcanzado entre las partes antes de la celebración del juicio, que se iba a producir el pasado 9 de enero, fue una indemnización de 35.000 euros para la demandante por "daños personales y profesionales". Un acuerdo que, según sostienen fuentes del Grupo Popular, no es legal porque "la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que no se tendrá derecho a indemnización alguna" cuando el despedido de un cargo como el que desempeñó Varela es un funcionario de carrera.

Con esta premisa, el grupo municipal del PP ha presentado una proposición conjunta con Cs en la que piden "solicitar al Tribunal de Cuentas que emita un informe sobre el procedimiento que ha dado lugar al acuerdo extrajudicial e indemnización a la ex consejera delegada de la Empresa Municipal Madrid Destino, y sobre la legalidad del mismo; y, recibido este, se proceda, en su caso, a retrotraer lo actuado, reincorporando al erario público la cantidad pagada". Al margen de lo procedimental y la cantidad de la indemnización, el propio acuerdo tiene otra serie de implicaciones políticas, al dar la razón de su cese la exgerente, que, según argumentaba en la demanda, había sido una "represalia" política por denunciar las supuestas irregularidades en los convenios firmados entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open.

"El cese (...) tiene como causa la represalia y sanción por haber ejercitado acciones legales de denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o de presentar relevancia penal. Y de los cuales he tenido conocimiento por el desempeño de mis funciones como gerente de la empresa", sostenía la reclamación para impugnar el cese. Además de la exgerente, también se produjo el cese de los otros dos firmantes de la denuncia: los por entonces ediles de Economía y Hacienda y de Cultura, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente. Ambos fueron apartados de sus responsabilidades en el consejo de administración de la empresa pública y, concretamente en el caso de Sánchez Mato, comenzó su caída en desgracia al perder la confianza de la alcaldesa, Manuela Carmena, que recientemente desembocó en el cese de su cargo al frente de la concejalía.

Las "represalias" se extendieron a cargos medios que no habrían seguido las instrucciones del coordinador de la alcaldía, Luis Cueto

Las "represalias" no se quedaron en la exgerente. Pocas semanas después, se extendieron a directores de departamento que no habrían seguido las instrucciones del coordinador de la alcaldía, Luis Cueto, para dar carpetazo a las investigaciones por el caso Open de Tenis, que destaparon un supuesto sobrecoste para las arcas municipales superior a los 12 millones, y evitar así “molestar a cierto tipo de gente”. El acuerdo extrajudicial con la exgerente les da oxígeno a estos cargos intermedios para impugnar sus ceses.

La denuncia también expone cronológicamente, aportando para ello distinta documentación acreditativa, como correos electrónicos y mensajería móvil, el proceso y las distintas decisiones que habrían tenido como consecuencia el despido. Asuntos, sostiene el escrito, en los que "tenía la obligación legal de actuar conforme actué", y descarga sobre la mano derecha de Carmena porque "pretendía impedir mi actuación dando indicaciones contrarias a los directores de departamento que dependían de mí y, por lo tanto, ninguneándome y abocándome a una situación de posible comisión por mi parte, incluido por omisión, de un delito de prevaricación u otras irregularidades administrativas".

La demanda indica así, como ya se publicó por aquel entonces, que en pleno proceso de revisión de los convenios y exigencia de responsabilidades a la empresa organizadora del Open de Tenis, acciones de las que tenía conocimiento Luis Cueto, este “mantiene paralelamente negociaciones con MTP”, en el curso de las cuales “se emiten instrucciones a Madrid Destino para que se realicen acciones de renuncia de derechos o renuncia de exigencias legales de obligado cumplimiento para MTP”.

PP y Cs piden "solicitar al Tribunal de Cuentas que emita un informe sobre el procedimiento que ha dado lugar al acuerdo extrajudicial e indemnización"

El coordinador de la alcaldía envió a la por entonces consejera delegada de Madrid Destino el siguiente mensaje de WhatsApp, aportado en la documentación que acompañaba la demanda: "Ana: me sorprende y me complica la negociación. El segundo burofax que has mandado del Open cuando explícitamente te había dicho que no mandases nada nuevo. ¿Me cuentas qué pasa? Voy a tener que desautorizarte…". Después de que Luis Cueto enviase el amenazante mensaje incluido en la demanda, el administrador de la empresa MTP, Gérard Tsobanian, envía una carta a la atención de la consejera delegada gerente de Madrid Destino en la que se deduce que el único interlocutor al que están dispuestos a escuchar para tratar “asuntos de interés” es la mano derecha de Carmena.

Entre las vulneraciones de derechos fundamentales que alegaba la defensa de la demandante, destacan el derecho a la tutela judicial efectiva —pues "la relación laboral de la trabajadora es coincidente en el tiempo con la injerencia para la adopción de decisiones contrarias al inicio de acciones judiciales por parte de la misma que tenían por objeto único y exclusivo velar por el cumplimiento de la legalidad en la empresa"—; el derecho a la libertad y seguridad —"recibiendo instrucciones irregulares emitidas por personas en un abuso de sus competencias [en referencia a Luis Cueto]" y porque tales instrucciones "suponen una vulneración del orden jurídico vigente aplicable a las empresas públicas"—; el derecho al honor y a la propia imagen y a la reputación profesional —por la "ocultación y confusión respecto al momento concreto de producirse [el cese] y los motivos alegados"—, y finalmente, el derecho a la libertad de información —"por considerar que la demandante ejercitó su derecho fundamental de libertad de expresión, por creación técnica y de libertad de información al transmitir informaciones a la Fiscalía Anticorrupción"—.