Manuela Carmena deja en el aire otros 50 millones en facturas impagadas por Calle 30

Inés Sabanés, titular del área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, remitió el pasado 20 de marzo un escrito dirigido al consejero apoderado de la empresa mixta Madrid Calle 30 dando instrucciones para que se reclame a la adjudicataria, Emesa, "el cumplimiento de las prestaciones de conservación en estructuras, obras de fábrica y muros". Esto es, el mantenimiento viario, principalmente túneles, que desde diciembre de 2005 asumiría el consistorio, aunque el pago de estas facturas, que se cifran en una media de cinco millones anuales, sería una "obligación contractual" de la empresa de mantenimiento y explotación de la M-30, formada por ACS y Ferrovial, según un informe de la secretaría general técnica del área.

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La cantidad total en facturas de mantenimiento se eleva a unos 50 millones de euros y, según el mencionado informe de la secretaría general técnica fechado el 7 de marzo de 2019, es Calle 30 quien "deberá exigir el coste de dichos trabajos de conservación a la sociedad Emesa, en virtud del contrato privado formalizado entre ambas sociedades". A día de hoy, no consta que se haya dado curso a dicha exigencia, mientras ayuntamiento y adjudicataria negocian los últimos flecos para dar forma a la municipalización de la sociedad público-privada encargada de gestionar la vía de circunvalación madrileña. Tres cuartas partes del presupuesto de Urbanismo para mantenimiento y conservación de calles se destinan a la M-30.

Una operación que está "en una fase muy avanzada de definición", según fuentes del Gobierno municipal, por lo que podría quedar en el aire el cobro de estas facturas, junto a las del suministro eléctrico que también ha asumido el ayuntamiento, debido a que estas supuestas irregularidades —ya detectadas en un dictamen sobre Madrid Calle 30, aprobado en el pleno municipal en noviembre de 2017— no han sido denunciadas ni llevadas a los juzgados. Fuentes cercanas a las personas que conducen estas negociaciones por parte del Gobierno municipal liderado por Manuela Carmena niegan que esté en sus planes condonar estas deudas, y que en última instancia se hará lo que estipulen los órganos de fiscalización y los tribunales.

Fuentes cercanas a las personas que conducen estas negociaciones niegan que esté en sus planes condonar estas deudas

Las instrucciones de Sabanés al consejero apoderado de Calle 30 se produjeron tres meses después del episodio sobre la guerra de los túneles, que ya enfrentó a Manuela Carmena y Florentino Pérez tras el cierre de estas infraestructuras por las filtraciones de agua, y en plenas negociaciones para convertir Emesa en una "nueva empresa pública 100%", siempre según fuentes del Gobierno municipal. Se da la circunstancia de que Dragados, integrada en el grupo ACS de Florentino Pérez, también pasó a ocuparse del servicio de conservación de las vías públicas de la capital.

El conflicto con Emesa, sin embargo, se remonta prácticamente al inicio del mandato, hasta que en septiembre de 2017 el gerente de esta sociedad traslada al ayuntamiento que no tiene obligación contractual del mantenimiento y la conservación de la obra civil. A través de un documento registrado en el Órgano de Contratación del área que dirige Inés Sabanés, los responsables de la sociedad concluyen que "de conformidad con la documentación contractual, el mantenimiento de la obra civil del túnel, como tal, no es responsabilidad de Emesa". Se concluye asimismo en este documento que "la puesta a cero de los túneles de la M-30, como operación de rehabilitación, debe ser asumida por Calle 30 y no por Emesa". Esta comunicación se produce 11 años después de la apertura del túnel.

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La reacción por parte del ayuntamiento llega en marzo de este año, coincidiendo con la recta final de la legislatura. Está fechada a 20 de marzo, justo una semana después de que se reuniesen en el despacho de Sabanés, en Alcalá 45, Isabel Rodríguez, representante del comité de empresa por CCOO; Ana Isabel Méndez, coordinadora general de Hacienda; Bernardino Sanz, director general de Economía y Sector Público; José María Vicent, director general técnico de Medio Ambiente y Movilidad, y Jorge García Castaño, delegado del área de Economía y Hacienda. Previamente, se había celebrado otro encuentro con la participación de Samuel Romero, consejero apoderado de Madrid Calle 30.

Durante las últimas semanas, se han intensificado las negociaciones a varias bandas y con mesas paralelas para perfilar la municipalización de esta sociedad, planteándose tanto la vía de una rescisión de contratos como la modificación de estos. Desde el Gobierno municipal, avanzan que entre las cuestiones ya perfiladas destaca que el personal de emergencias y los trabajadores del centro de control formarán parte de la nueva empresa, que retornaría al modelo original de 100% municipal, según los planes definidos en el principio de preacuerdo. La empresa de mantenimiento y explotación de la M-30 posee ahora el 20% de las acciones de esta empresa público-privada, y se calcula su valor en unos 100 millones.

La empresa de mantenimiento y explotación de la M-30 posee ahora el 20% de las acciones de esta empresa público-privada

En los últimos días no se han producido avances, y hay actores que ponen en duda que esta operación sea inminente y no quede al albur del próximo Gobierno municipal que saldrá de las urnas este domingo en los comicios municipales, y es que a día de hoy no se ha iniciado ningún procedimiento de modificación del contrato o rescisión de este.