SE PRETENDE SUBROGAR A LOS TRABAJADORES

Carmena perfila la municipalización de Calle 30 condonando 60 M en facturas

La operación está "en una fase muy avanzada de definición". El personal de emergencias y del centro de control formaría parte de la nueva empresa, que sería 100% municipal

Foto: Túneles de la M-30.
Túneles de la M-30.

El Ayuntamiento de Madrid negocia con la adjudicataria de Madrid Calle 30, Emesa, los últimos flecos para dar forma a la municipalización de la sociedad público-privada encargada de gestionar la vía de circunvalación madrileña, según ha podido saber este diario de diferentes fuentes de la mesa de negociación. Desde el ayuntamiento, se está trabajando en todo lo relativo al "nuevo modelo de gestión de la empresa" y reconocen que se podría cerrar de forma inminente porque la operación está "en una fase muy avanzada de definición".

El personal de emergencias y los trabajadores del centro de control formarán parte de la nueva empresa, que retornaría al modelo original de 100% municipal, según los planes definidos en el principio de preacuerdo. Se convertirían por tanto en trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. Durante las últimas semanas, se han intensificado las negociaciones a varias bandas y con mesas paralelas, por lo que se plantearon tanto la vía de una rescisión de contratos como la modificación de estos. Algunas fuentes presentes en estas reuniones señalan que en las próximas semanas Emesa podría dar el primer paso, pero definitivo, para la remunicipalización, a través de su renuncia al contrato de gestión de Madrid Calle 30.

Emesa, la empresa de mantenimiento y explotación de la M-30, formada por ACS y Ferrovial, posee ahora el 20% de las acciones de esta empresa público-privada, y se calcula su valor en unos 100 millones. Sin embargo, algunos informes señalan que si se suma el ahorro en impuestos, intereses y dividendos a medio plazo, se podría llegar a triplicar esta cantidad. La última reunión presencial sobre esta cuestión en la que participaron varios de los actores implicados en la remunicipalización se produjo el pasado 13 de marzo. A ella acudieron Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad; Isabel Rodríguez, representante del comité de empresa por CCOO; Ana Isabel Méndez, coordinadora general de Hacienda; Bernardino Sanz, director general de Economía y Sector Público; José María Vicent, director general técnico de Medio Ambiente y Movilidad, y Jorge García Castaño, delegado del área de Economía y Hacienda. Previamente, se celebró otra con la participación de Samuel Romero, consejero apoderado de Madrid Calle 30.

En ciertos sectores, preocupa que esta operación se cierre condonando una deuda a la adjudicataria que se calcula en alrededor de 60 millones y que correspondería a facturas por el suministro de la luz. El Ayuntamiento de Madrid se ha hecho cargo desde 2005 de los costes derivados del suministro eléctrico, incluso después de que se emitiese un dictamen sobre Madrid Calle 30, aprobado en el pleno municipal en noviembre de 2017, que incluyó entre sus principales conclusiones que el coste de la factura de la luz recayese en el socio privado, Emesa. Dos meses después de su aprobación en el pleno se licitó, por un coste de alrededor de 3,5 millones de euros, el suministro de energía eléctrica a las 14 acometidas de alta tensión de los túneles de la Calle 30 para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 1 de febrero de 2019.

En ciertos sectores, preocupa que esta operación se cierre condonando una deuda a la adjudicataria que se calcula en alrededor de 60 millones

La delegada del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ya trasladó al consejero apoderado de Madrid Calle 30 SA en febrero de 2017, en su condición de órgano de contratación, las indicaciones pertinentes informando de que "la sociedad adjudicataria será la responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30". Sabanés se hacía eco del informe elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid sobre la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2015 donde se ponía de manifiesto "la incorrecta aplicación de lo dispuesto en la documentación contractual sobre la responsabilidad en el pago del suministro eléctrico". De este modo, trasladaba la orden de que "como concluye la propia Intervención General, deberán adoptarse por Madrid Calle 30 SA las medidas necesarias para asegurar este reparto de obligaciones, cumpliendo con ello lo dispuesto en la documentación contractual".

El consejero apoderado, Samuel Romero, respondió dos meses después al requerimiento solicitando una "precisión adicional para tramitarlo con todas las garantías (...) dado que el coste de la factura ha sido soportado por Madrid Calle 30 desde el comienzo de la explotación", como consta en parte de la documentación a la que ha accedido este diario. En el escrito de respuesta a Sabanés, también se solicita "aclaración acerca de si Madrid Calle 30 ha de reclamar el importe de lo abonado por este concepto a Emesa, y el mecanismo adecuado que debiéramos seguir para realizar la reclamación en su caso".

La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid al ayuntamiento de capital, Manuela Carmena. (EFE)
La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid al ayuntamiento de capital, Manuela Carmena. (EFE)

En la contestación con las pertinentes aclaraciones, se especifica que se debe reclamar a Emesa, hasta esa fecha, un importe total de facturación de 54.343.000 euros y se procede a relatar la justificación jurídica para ello. Por otra parte, se destaca que en caso de incurrir la adjudicataria en "dolo, negligencia o morosidad", se debería reclamar también "la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados a Madrid Calle 30". Finalmente, se concluye que "puede reclamarse judicialmente ante los tribunales ordinarios de la jurisdicción civil, el cumplimiento de la obligación contraída por Emesa en relación con el abono de las facturas eléctricas de todas las instalaciones asociadas a la M-30, en el supuesto que esta no cumpliera con la misma".

Otro de los temores que se señalan es que esta operación no vaya acompañada de la apertura de un expediente de rescisión, por lo que, según estas mismas fuentes, todo podría quedar en "papel mojado", maquillando una remunicipalización pero sin que apenas varíen las condiciones ni se corrijan aspectos lesivos. Un temor que tiene uno de sus fundamentos en que "irregularidades" como el de las facturas del suministro eléctrico no fuesen denunciadas ni llevadas a los juzgados.

En las conclusiones del dictamen elaborado posteriormente sobre esta empresa, se detectaron ya diversas irregularidades y una falta de transparencia en la creación de la sociedad mixta, situando uno de los focos en la factura de la luz. Según la investigación, "la documentación contractual parece dejar claro que Emesa debe soportar el coste de la factura eléctrica que será abonada por Madrid Calle 30, pero el modelo económico financiero no recoge este hecho. Desde el comienzo de la explotación se han abonado en torno a 60 millones de euros por el abono de la factura eléctrica de las instalaciones que, según ambos pliegos, correspondía a Emesa soportar su coste".

Madrid

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