El problema del agua: la receta de Canarias para intentar esquivar la crisis hídrica

Entre Canarias y Madrid hay 1.800 kilómetros, la misma cantidad de galerías de agua que hay en Tenerife. La isla del Teide es un queso gruyer en cuanto a aguas se refiere, pero ya van por 1.500 metros de profundidad. Por tanto, extraerla es cara a efectos de coste energético y su calidad es discutible porque, al estar atrapada entre tanta roca, presenta niveles de mineralización altos. En las islas Canarias el agua es como el petróleo: sin agua no hay turismo, y sin turismo no hay movimiento económico. Apenas se aconseja su uso directamente del grifo y buena parte de ellas se fabrica por desaladoras. En islas como Fuerteventura en su día quien llevaba el agua para la población era la Armada en barcazas.

Desde el año 1964, con más de 50 años de experiencia, en Canarias se han instalado todas las tecnologías comerciales de desalinización. 319 plantas desalinizadoras y una capacidad de producción superior a los 660.000 metros cúbicos al día. Además, el binomio agua-energía es tan importante como complejo de gestionar, ya que producir agua desalinizada genera una dependencia energética en el archipiélago del orden del 10% de la energía puesta en red, según los datos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) de 2018. En Gran Canaria, el 82% de la población es abastecida con agua desalada. El Consejo Insular de Agua de Gran Canaria explota en la actualidad cuatro desalinizadoras de ósmosis inversa de capacidades de producción entre 5.000 y 15.000 metros cúbicos al día, se produce 9,5 hectómetros cúbicos de agua desalinizada con un consumo de energía de 45,5 GWh/año. En facturación energética anual representa 4,8 millones de euros con un alto coste ambiental del vertido de salmuera, la sal que se le quita al agua.

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En determinadas zonas, diversos tipos de agua se mezclan para generar un aumento de su rentabilidad. Mientras que en la OPEP hay un registro para conocer de los pequeños sensores conectados a las brocas que perforan la tierra rocosa, en el caso del agua de Canarias es opaco e incluso violento a efectos institucionales. A la pregunta de si hay un registro de las membranas de agua desalada y caducidad, la respuesta es que no. Cada planta desaladora está supervisada, pero un análisis de la calidad del agua por municipios genera contradicciones sobre con qué se prepara la gente en su casa un potaje de berros, tradicional plato típico de las islas. Las competencias ahí son de Sanidad. Por tanto, se trata de un sector muy sensible a efectos de promoción del turismo y de seguridad alimentaria para la población.

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Tal es la importancia de este recurso que, si en Arabia Saudí hay un ministerio del Petróleo, en Canarias hay una Consejería de Aguas. Su titular, Manuel Miranda, de Coalición Canaria, advierte que el problema de las islas con el agua es grave por "una completa inacción durante los últimos 4 años". El incumplimiento del convenio tiene graves consecuencias para Canarias, ya que el archipiélago es una región con escasez de recursos hídricos y las obras hidráulicas previstas son necesarias para garantizar el suministro de agua a la población, así como su desarrollo económico. El retraso en la ejecución de estas obras está provocando problemas graves de abastecimiento en algunas islas -sobre todo en Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro-, así como el aumento de los costes de producción. Este convenio permite al Gobierno de Canarias, y al central, colaborar en materia hídrica de abastecimiento, producción industrial de agua -desaladoras y depuradoras-, actuaciones referidas a sistemas de riego, aquellas relacionadas con los procedimientos de infracción vigentes, transporte, almacenamiento, captación de aguas subterráneas, entre otros.

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Las autoridades de las islas se han puesto en marcha. El Cabildo de Tenerife impulsará las obras hidráulicas para garantizar el suministro de agua de calidad a todos los sectores y acabar definitivamente con los vertidos. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la Junta General del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo autónomo adscrito a la Corporación insular, dijo que con el nuevo mandato "hacemos con un doble reto". "El agua es el motor de nuestra isla y renovamos el compromiso con el agua de Tenerife", agrega. Queremos más aguas, de mayor calidad y al menor coste posible. Son muchos los retos que tenemos por delante y desde el Consejo Insular de Aguas los afrontaremos con energía y decisión y podremos dar pasos adelantes. Esperamos diálogo suficiente y consenso para poder trabajar con sosiego”, indica Dávila, que ha nombrado responsable de Medio Natural, Blanca Pérez, para que regule el sector y lo ponga al día.

¿La culpa la tiene Madoz?

No sabía Pascual Madoz en 1850 que aquellas cosas tan bellas que decía de Canarias en las 11.688 páginas de su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1846-1850), conceptos dispersos a lo largo de los 16 tomos de la obra, que su desamortización iba a provocar en Canarias en 2023 un lío a los vecinos canarios a cuenta del agua. Y es que en Canarias, este recurso es de titularidad privada. Tras 1855 se subastaron las tierras y aguas incautadas a la Iglesia. La ley de Aguas de 1866 generó su despatrimonialización, cuyo dominio efectivo había pertenecido a la Corona, y por tanto, pertenecía ahora al sector privado que concurrió en subasta, recuerda Mario Marrero Hernández, profesor de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, Tenerife.

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Llegados a 2023, el problema del coste de la energía y aumento de la población hacen peligrar todo el sistema de la mano del sector privado. Las islas se encuentran en emergencia energética y un apagón puede dar al traste la producción de agua. Y esto ya está comenzando a notarse en los grifos y en los planes financieros de los propietarios del agua, que no pueden hacer otra cosa que pedir que les suban, sin resultado alguno, que los municipios permitan las subidas de tarifas. Como es un sector opaco los datos últimos oficiales de 2015 señalan que todos los tipos de aguas, las urbanas, zonas del sector servicios e industria y negocio agrario generan un consumo de 500 hectómetros anuales. El 58% procede del subsuelo, el 32% de las desaladoras y el resto de EDAR, plantas de depuración y reutilización. La moderna Ley de Agua de Canarias se hizo en 1987 por el PSOE, pero en 1990 el pacto de PP, CDS y las AIC la modificó. Se puso una disposición que permite al concesionario renovarla pasados 50 años si demuestra que está generando caudal, es decir, perforando. Esto a los ecologistas no les gusta: prefieren que el agua sea 100% pública. Sin embargo, en las islas la I+D+I del agua siempre ha venido de la mano del sector privado.