La supresión del voto rogado pone en juego 2,2 millones de sufragios en España

Hasta 2011, en Galicia difícilmente se hacían balances definitivos de las elecciones hasta uno o varios días después de abrir las urnas. Había que contar las papeletas de la emigración, que en más de una ocasión alteraron el reparto de escaños y amenazaron mayorías. Esa relevancia del electorado en el exterior reaparecerá con la reforma de la Ley Electoral aprobada en el Congreso, que elimina la engorrosa obligatoriedad de los residentes ausentes de "rogar el voto" introducida hace 11 años, lo que redujo a mínimos su participación. En comunidades como Galicia, se estima que podrían reaparecer 470.359 sufragios, una cifra notable y quizá decisiva en una región donde suelen votar cerca de 1,3 millones de personas (respecto al total de 2,7 millones). Pero no es el único territorio que se verá afectado y en toda España supondrían hasta 2,2 millones de potenciales votantes.

El caso de Galicia es paradigmático. Con el 17% de sufragios en el exterior, es la región con mayor peso de la emigración. La siguen Asturias (12,7%) y Castilla y León (8,1%). En el supuesto gallego, los residentes fuera de España con derecho a voto son 470.359 a 1 de mayo de 2022, según el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una cifra superior al total de las provincias de Lugo (339.614) y Ourense (356.868). Si hasta la reforma de 2011 casi un tercio de ellos participaba, en los últimos comicios autonómicos de 2020, fue testimonial. La razón hay que buscarla en el cruce de envíos requeridos para remitir las papeletas a las respectivas juntas electorales provinciales, en algunos casos en países con servicios postales de dudosa eficacia. Las reservas introducidas para evitar las eternas sospechas de fraude acabaron por estrangular la aportación de los emigrantes.

La reforma, aprobada el pasado 9 de junio, está pendiente de validación en el Senado, donde se espera que salga adelante sin dificultad. Con ella se incorporan novedades como el envío de oficio de la documentación electoral, la posibilidad de descargar papeletas en internet o la ampliación de plazos para votar y efectuar el recuento electoral. También se habilitarán urnas en embajadas y consulados honorarios, con horarios de mañana y tarde, y se podrá utilizar la valija diplomática para hacer llegar a tiempo los sufragios. El Gobierno de Pedro Sánchez espera que las garantías sean suficientes para facilitar la participación de los residentes en el exterior sin caer en el descontrol anterior a la reforma de 2011, cuando emigrantes fallecidos seguían recibiendo en sus domicilios las papeletas junto a su tarjeta censal, lo que permitía depositarlas en el servicio postal sin necesidad de identificación ni límite de envíos.

TE PUEDE INTERESAR

El Congreso elimina el voto rogado de los españoles residentes en el exterior

EFE

El total del CERA supera en España los dos millones de personas, hasta 2.266.187, según los últimos datos disponibles. Hay varias provincias que se verían afectadas por este cambio en futuras convocatorias electorales. Ourense (28,7%), Lugo (20,2%), A Coruña (14,9%), Pontevedra (14,9%), Asturias (12,7%), Zamora (12,7%), Tenerife (12%), León (11,4%), Salamanca (10,5%) y Soria (9,4%) son, en ese orden, las circunscripciones con mayor peso del voto exterior, cuya participación en las elecciones ha ido cayendo desde la implantación del voto rogado. Todas, salvo la última, se ubican en la misma zona geográfica, al noroeste de España. Aunque en Madrid o Barcelona la cifra es muy superior, por encima de los 300.000 y los 200.000 sufragios, respectivamente, el porcentaje es inferior por el volumen de personas que acogen.

Así, en Galicia se pasó de un 30,3% en las autonómicas de 2009 —las últimas previas a la reforma— a un 3,26% en las siguientes, celebradas en 2012, hasta caer al 1,24% de las de 2020, en las que solo ejercieron su derecho 5.726 gallegos en el extranjero. Si, como se prevé, se recuperan índices anteriores a 2011, el voto emigrante se situará en torno a un 10% del total emitido.

Fragmentación

En una comunidad como la gallega, que elige 75 escaños en sus autonómicas, y en la que las mayorías suelen depender de un par de diputados, el cambio puede resultar crucial. Especialmente en 2024, cuando el PP defienda su dominio ya sin Alberto Núñez Feijóo. En un Congreso tan fragmentado como el actual, cualquier baile de asientos puede ser igualmente decisivo. Quizá por esa razón, el nuevo presidente de los populares ha situado a un especialista en la materia como Antonio Rodríguez Miranda, 'secretario xeral' de Emigración en la Xunta gallega, como secretario ejecutivo del PP en el Exterior. En Madrid, la presidenta de la comunidad y del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha creado una secretaría denominada Madrileños en el Exterior, con Javier Hurtado al frente.

Pero los efectos del cambio no serán inmediatos porque, una vez entre en vigor la reforma de la Ley Electoral, el Gobierno contará con un plazo de 12 meses para implementar las novedades del sistema de votación en el extranjero. En la primera mitad, se procederá además a una verificación del CERA y a habilitar los nuevos centros de votación. Por lo tanto, difícilmente estará lista para las autonómicas del año próximo, ni es seguro que sus efectos se puedan comprobar en las generales, que tendrán que celebrarse a finales de 2023 o comienzos de 2024. Más probable es su aplicación en las autonómicas gallegas, que salvo anticipo serán a principios del verano del año que viene.

TE PUEDE INTERESAR

Un 50% menos de participación desde la introducción del voto rogado

O. A.

La reforma se aprobó en el Congreso con un acuerdo casi unánime del que solo se descolgaron los nacionalistas gallegos, que se abstuvieron. El BNG fue precisamente una de las formaciones políticas que con mayor insistencia solicitaron en su día la implantación de controles en el voto emigrante. Según su criterio, al menos en el pasado favorecía a los dos grandes partidos, con mayor facilidad para llegar a electores alejados de la rutina política española, y a los que se acusaba de beneficiarse de eventuales fraudes desde las instituciones. El Bloque Nacionalista está de acuerdo con suprimir la petición previa, pero negó su apoyo tras ver rechazadas sus enmiendas para establecer mayores garantías contra la suplantación de electores.

La necesidad de eliminar el voto rogado se hizo patente con los efectos de la crisis de 2008, cuando cientos de miles de jóvenes que salieron a trabajar al extranjero se vieron sorprendidos por la extrema dificultad para ejercer su derecho. Es una situación radicalmente opuesta a la vivida en las dos décadas anteriores. El censo de residentes en el exterior se disparó en los años noventa con las leyes que otorgaron la nacionalidad hasta a la tercera generación de descendientes de españoles en países como Argentina. Es el país extranjero con más ciudadanos con derecho a voto, 434.969 en 2021, en su mayor parte gallegos, un dato que refuerza la imagen de Buenos Aires como quinta provincia de Galicia, también electoral.