Feijóo, otra vez contra el Estado: quiere la titularidad de bienes y cuentas sin dueño
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Feijóo, otra vez contra el Estado: quiere la titularidad de bienes y cuentas sin dueño

La Xunta impulsa un cambio en la Ley de Patrimonio que le permitirá inscribir bienes urbanos vacantes y saldos bancarios no reclamados

Foto: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Lavandeira Jr)
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Lavandeira Jr)

Son muchas las causas por las que un inmueble o un saldo bancario carece de dueño conocido. Animada por la nueva Ley de Tierras Abandonadas, por la que la Xunta se atribuye la posibilidad de expropiar fincas de propietario desconocido, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo quiere dar otra vuelta de tuerca y discutirle al Estado la titularidad de esos bienes inmuebles vacantes y sin propietario, así como depósitos abandonados. Lo hará a través de un ajuste en la norma de Patrimonio de Galicia, apenas dos artículos por los que la Administración autonómica se asigna ese derecho. La idea apunta a un nuevo conflicto Xunta-Estado, tal y como ha ocurrido con la normativa de fincas para el cultivo.

La reforma de la Ley de Patrimonio, actualmente en fase de anteproyecto, tiene como objetivo “actualizar el marco legal, adaptarlo a los cambios recogidos en la normativa básica estatal y agilizar la gestión patrimonial”, según fuentes de la Consellería de Hacienda gallega. La Ley nacional de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que los inmuebles vacantes y saldos y depósitos abandonados pertenecen a la Administración General del Estado. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que las regiones puedan quedarse con ellos. Sin embargo, la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional “abre la posibilidad a que las comunidades autónomas con derecho civil o foral propio puedan hacer suyos este tipo de bienes y derechos, siempre que se regule en sus propias leyes de patrimonio”, agrega la Xunta.

Foto: Fotografía de archivo. Un hórreo en Ribadeo. (EFE)

La jurisprudencia a la que se refiere el Gobierno de Feijóo está relacionada con dos autonomías que se anticiparon a Galicia para reivindicar bienes, edificaciones y saldos abandonados. Se trata de las de Navarra y Aragón, que reformaron sus respectivas legislaciones para arrebatar su titularidad al Estado. Dos sentencias del Constitucional ratificaron en 2018 el derecho de ambas comunidades a inscribirlos a su nombre, después de que el Gobierno formalizara un recurso que naufragó. “Este anteproyecto de ley sigue el criterio establecido por el Tribunal Constitucional y regula la atribución de este tipo de bienes y derechos a la comunidad autónoma con base en sus instituciones de derecho civil propio”, explican fuentes de Hacienda.

País Vasco, Baleares, Navarra, Aragón, Galicia y Cataluña son las comunidades con derecho civil propio. La Constitución establece la competencia de las autonomías para conservar, modificar y desarrollar sus derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En el caso gallego, una ley 'ad hoc' de 1995, reformada 11 años más tarde, sustituyó la Compilación de Derecho Civil que había sido aprobada en 1963. Desde 1981, su Estatuto de autonomía fija la competencia exclusiva de la región y establece la obligación del Estado de respetar las normas de su derecho civil, integrado por usos y costumbres propios, y las contenidas en la ley específica, así como las que lo “conserven, desarrollen o modifiquen”.

Una comisión bilateral negocia ya una nueva redacción de 44 artículos, después del preaviso dado por Moncloa al TC

El preámbulo del nuevo anteproyecto apela de forma explícita a la reciente reforma de tierras abandonadas, en vigor desde mayo, que fue impulsada para revisar la titularidad de aquellas fincas "en que exista un interés para recuperarlas". La posibilidad de que la comunidad autónoma pueda expropiar predios de propietario desconocido es considerada por el Gobierno una invasión de competencias. El Ejecutivo de Sánchez rechaza que la Xunta pueda adquirir la propiedad de estas fincas, cuya recuperación corresponde actualmente a la Administración General del Estado. Una comisión bilateral entre las dos administraciones negocia ya una nueva redacción de 44 de sus artículos, después del preaviso dado por Moncloa al Tribunal Constitucional por si tuviera finalmente que intervenir.

Foto: El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

Pese a las discrepancias con la ley de tierras, el anteproyecto que ahora promueve la Xunta apela a esa reforma. “En consonancia” con esas modificaciones, se introduce en la nueva norma de patrimonio una sección con dos artículos, denominados 'Inmuebles vacantes y sin dueño conocido' y 'Saldos y depósitos abandonados'. Para ello, apela a las sentencias del Tribunal Constitucional 40/2018, del 26 de abril, sobre la Ley de Patrimonio de Navarra, y la 41/2018, del mismo día, sobre la de Aragón. Se establece que los inmuebles “adquiridos con base en esta sección corresponderán al Instituto Galego da Vivenda e Solo”, el departamento que gestiona las ayudas y adjudicaciones de viviendas de promoción autonómica.

La Xunta podrá tomar posesión de los bienes en vía administrativa, "siempre que no fuesen poseídos por nadie a título de dueño"

Uno de los dos nuevos artículos, el 88, atribuye a la comunidad “la propiedad de los inmuebles situados en su territorio vacantes por ser abandonados por sus dueños o cuyos dueños sean desconocidos”. La Xunta podrá tomar posesión de los bienes en vía administrativa, “siempre que no fuesen poseídos por nadie a título de dueño y sin perjuicio de los derechos de terceros”.

Foto: Una de las aldeas vendidas por Aldeas Abandonadas Real Estate en Galicia.

El artículo 89, mientras, atribuye a la Administración autonómica “los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras”, así como “los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorros u otros instrumentos similares abiertos en esos establecimientos”, siempre que no se haya practicado “ninguna gestión por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”. Las entidades depositarias estarán obligadas a comunicar a la Xunta la existencia de tales depósitos y saldos.

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