¿Es el hospital de Vigo público o privado? El debate eterno en el que ha entrado la Justicia

¿Es el de Vigo un hospital totalmente público, como sostiene la Xunta, o de carácter privado, como cree su alcalde? Desde que a principios de la pasada década el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo recurriera a un modelo de financiación externa del proyecto, el debate sobre la naturaleza del Álvaro Cunqueiro ha estado en el centro del debate político. Su precipitada inauguración, en 2015, provocó una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en la ciudad, ante lo que se consideró una privatización encubierta. Seis años después, el debate de la titularidad no está zanjado, y lo acaba de agitar el Supremo al obligar a la concesionaria a abonar el impuesto de bienes inmuebles, del que solo están exentos los centros sanitarios públicos, en los que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) es el sujeto pasivo.

El pleito ha vuelto a enfrentar a dos rivales encarnizados de la política gallega. De un lado, Feijóo, que ha llegado hasta el alto tribunal para conseguir que la concesionaria fuera eximida del IBI. Del otro, el alcalde vigués, Abel Caballero, que tras conocer el auto del TS se consideró respaldado en sus acusaciones de privatización encubierta. “Es la tercera vez que [Feijóo] se pone a defender los intereses de un hospital privado queriendo quitar dinero a la ciudad. Pretendió birlar a Vigo más de un millón de euros. El Supremo nos da la razón”, acusó. El fondo de la cuestión va más allá de ese millón largo de euros —en concreto, 1.026.422—, ya que tiene que ver con el debate sobre la condición pública o no del centro, el único en toda Galicia que la Administración autonómica ha ejecutado con el modelo de concesión.

Otras prioridades de la Xunta

Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo, S.A. financió las obras y se encargó de ejecutarlas, a cambio de un canon de 72 millones de euros anuales y de la explotación de sus servicios no clínicos durante 20 años. Tres de las cuatro compañías que la componen son del ámbito de la construcción: Acciona (43% de las acciones), Puentes y Calzadas (23%) y Veolia (16%). El resto (18%) pertenece a Concessia, que pasó en julio de 2019 a manos de un fondo internacional. El sistema, que permitió a la Xunta levantar la imponente infraestructura sin que se resintieran sus presupuestos anuales, ha sido abandonado ya por el Gobierno gallego para la financiación de nuevas dotaciones sanitarias como la ampliación del hospital de A Coruña, este sí financiado directamente con fondos públicos.

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El precipitado cambio del viejo al nuevo hospital estuvo plagado de incidencias, entre ellas un caso de aspergillus inicialmente negado por las autoridades sanitarias y finalmente admitido. La operación de traslado acabó costándole el cargo a la entonces 'conselleira' de Sanidade, Rocío Mosquera. Aunque los servicios sanitarios son plenamente públicos, el pago por todos los que no lo son generó la sensación de copago entre los usuarios del centro, que cubre una población de 600.000 personas. Además, el número de camas fue menor al anunciado, lo que impidió acabar con la dependencia que tiene el Sergas con el policlínico privado Povisa, que atiende 136.000 personas y cobra un canon de en torno a 70 millones de euros anuales de la Xunta.

Así empezó todo

El conflicto judicial por el pago del IBI arranca en octubre de 2016, cuando el ayuntamiento le gira el primer recibo a la empresa que financió la infraestructura. En enero de 2018, una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo la eximía de abonar el impuesto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificaría la decisión ese mismo año, al desestimar el recurso de apelación presentado por el Gobierno municipal. Ante esta situación, Abel Caballero reformó la ordenanza fiscal y el alto tribunal gallego avaló el cobro del IBI en dos fallos publicados de 2020. Según argumentó el TSXG, la exención requiere que el centro sanitario sea público y que el Sergas sea sujeto pasivo del impuesto, por lo que la decisión judicial afecta al debate sobre el carácter del Álvaro Cunqueiro.

El Gobierno de Feijóo recurrió en casación ante el Supremo los argumentos del TSXG, pero el alto tribunal ha rechazado que exista interés casacional e impone las costas del proceso a la Administración autonómica. Caballero se felicitó por su victoria “firme y definitiva”. “La Xunta de Galicia solo contempla Vigo para llevarse dinero”, criticó tras informar de la decisión judicial. La concesionaria ya ha adelantado su pretensión de que el pago de bienes inmuebles recaiga en las arcas públicas, tal y como reflejó en la memoria de sus cuentas anuales de 2019: “Dada la actual redacción de la ordenanza, se reclamará al Sergas que asuma el pago”. La exención de este impuesto, explica Novo Hospital de Vigo, S.A., “se considera un elemento contractual que se tuvo en cuenta” cuando realizó su oferta.

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Ahora, Xunta y empresa deberán dirimir quién se hace cargo finalmente del pago del impuesto. No es la única disputa fiscal entre la Administración autonómica y la compañía, ya que un error de cálculo forzó este mismo año un incremento de casi tres millones en la factura del canon. La subida se debe a que la Xunta aplicaba un IVA reducido del 10%, pero Hacienda corrigió el impuesto al 21% y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón. La sentencia condena al Sergas a pagar 5,74 millones de euros más a la sociedad, correspondientes a la diferencia entre 2015 y 2018 en el IVA, un impuesto que no es deducible para la Administración. La sanidad gallega trató de repercutir el desfase al Novo Hospital de Vigo, que se defendió en los tribunales para ganar en primera instancia en un juzgado de Santiago y posteriormente ante el TSXG.

Los litigios con la concesionaria son constantes. Ocurre por ejemplo con la compensación que reclama por una bajada de tarifas realizada a solicitud de la Xunta en diciembre de 2015 o por la exigencia de compensación por poner a disposición del personal del Sergas una parte del aparcamiento de vehículos. Otra demanda se debe a la reducción de la facturación del servicio de restauración entre 2016 y 2018, debida a una minoración en el pago anual impuesta por la Xunta tras constatar una caída del 15% en el número de menús del servicio. También están pendientes de aclararse otras divergencias como el alcance de los servicios que debe prestar la sociedad. En concreto, por el mantenimiento de camas en otros dos hospitales públicos de Vigo distintos del Cunqueiro.