venta de povisa a ribera salud (centene)

Un grupo de EEUU atenderá a 140.000 pacientes de la sanidad pública gallega

El Grupo Centene ultima la compra de Povisa por 22 millones de euros, solo nueve meses después de que la Xunta elevara su aportación a 84 millones anuales para rescatar el hospital

Foto: Fachada del hospital Povisa de Vigo. (EFE)
Fachada del hospital Povisa de Vigo. (EFE)

Casi la mitad de la población de Vigo tiene asignado como hospital de referencia a Povisa, un centro privado. Es una anomalía que data de los años noventa y que cuesta cada año a las arcas gallegas más de 80 millones de euros. El Policlínico de Vigo perderá el sentido que le da su nombre en cuanto sus actuales propietarios sellen su venta por 22 millones de euros a Ribera Salud, controlada en un 90% por el grupo Centene, con sede en Misuri. El acuerdo, que se firmará de forma inminente, se produce solo nueve meses después de que la Xunta rescatara al hospital del concurso de acreedores con una mejora de las condiciones de su concierto singular, que se incrementó de 80 a casi 84 millones al año.

La noticia de la venta de Povisa cogió por sorpresa a sus trabajadores, cuyos representantes no ocultan su indignación. Las negociaciones se llevaron con el máximo sigilo y, según su actual propietario, el grupo Nosa Terra 21, se iniciaron después de la mejora del contrato con la Xunta que, en diciembre pasado, le permitió evitar 'in extremis' el concurso de acreedores. De la trascendencia de la venta dan cuenta algunos datos, como las 140.000 tarjetas sanitarias que son atendidas en el hospital concertado, sus 108 millones de euros de facturación anual o los 1.500 trabajadores que conforman su plantilla, que hacen de él la segunda empresa en volumen de empleo de Vigo, después de la factoría de Peugeot Citroën. La propia web del hospital lo define como el mayor privado de España, y es el que goza del concierto más cuantioso con una Administración pública.

También la Xunta quedó descolocada con el anuncio de una venta que conoció hace muy pocos días y que no puede evitar, pero que pone en cuestión las sucesivas renovaciones e incrementos introducidos en el concierto. El Gobierno de Feijóo, que renunció a solucionar la dependencia de Povisa con la reciente implantación del nuevo hospital de Vigo, tiene encima de la mesa un contrato que expira en 2022, pero cuya conclusión de forma abrupta está totalmente descartada, dada la imposibilidad de la red pública de absorber todas las tarjetas sanitarias atendidas en el hospital concertado. El pasado lunes, el 'conselleiro' de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, conoció los detalles de la operación con el actual consejero delegado, José Bernardo Silveira, y con el de Ribera Salud, Alberto de Rosa, al que reclamó garantías sobre la calidad asistencial y el mantenimiento del empleo. El acuerdo deberá ser revisado también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los futuros dueños de Povisa son conocidos por impulsar el Hospital de Alzira, símbolo del modelo de la privatización sanitaria del PP, que fue revertido a la gestión pública en marzo de 2018. Ribera Salud se expandió en ese tiempo con hospitales similares en Torrevieja, Denia, Manises, Elche y Torrejón. Pero la Ribera Salud que compra el policlínico vigués es muy distinta de la que puso en marcha aquel primer hospital de la mano de Eduardo Zaplana, ya que en junio de este año Centene Corporation incrementó su participación hasta el 90% del capital.

Fachada del hospital Povisa.
Fachada del hospital Povisa.

Será con la Ribera Salud de Centene con quien deberá negociar la Xunta aspectos cruciales para la sanidad pública de una parte importante de la población, como por ejemplo los objetivos anuales o las compras de su farmacia. Precisamente en un hospital que presenta de largo las listas de espera más abultadas de Galicia, que en algunas especialidades duplican la media. Es una comunicación la que se produce entre la Xunta y Povisa sujeta a constantes tensiones, que se solucionan gracias a la buena sintonía que preside las relaciones entre el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y los dueños de Nosa Terra 21, por lo general mediante mejoras en el concierto.

El último de esos incrementos fue el que sirvió en diciembre pasado para esquivar el concurso de acreedores a que se encaminaba la empresa, tras declarar pérdidas de siete millones de euros que atribuía a las condiciones del convenio con el Servicio Galego de Saúde (Sergas). Sanidade aceptó pagar gastos farmacéuticos que hasta entonces no asumía y reconoció determinadas deudas a cambio de abonar menos por cada paciente atendido, unos cambios que incrementaron la cantidad global aportada por la Xunta en casi cuatro millones de euros anuales, según un informe del Consello de Contas. Aunque la cifra final que ingresa Povisa depende de distintas variables, su cuantía ronda los 84 millones al año.

El gasto por paciente del acuerdo con el hospital privado es más barato que la asistencia en uno público, pero aquel no incluye atención primaria, pediatría ni especialidades como obstetricia o psiquiatría. Además, el policlínico factura aparte otros servicios como cirugía de la mano, quemados o maxilofacial. El personal de la clínica pagado por el Sergas atiende también las camas del sector exclusivamente privado del hospital, del que depende el 20% de sus ingresos. El propio Consello de Contas —órgano fiscalizador de las cuentas autonómicas— ha puesto en cuestión en más de una ocasión este sistema de concierto.

Responsables de Nosa Terra 21 han trasladado un mensaje de tranquilidad a la plantilla, a la que aseguran que los nuevos propietarios respetarán los puestos de trabajo y las condiciones. Son explicaciones que no han convencido a los representantes de los empleados, que se preguntan qué pasará más allá de 2022, cuando venza el convenio. En la plantilla aún pesa como una losa lo ocurrido en 2014, cuando la empresa anunció una serie de despidos a las pocas semanas de renovar el concierto con la Xunta.

La calidad asistencial en la parte pública de Povisa también ha estado en cuestión, sobre todo desde que la situación económica se tornó tan delicada. Este mismo verano se supo que la gerente del centro, María Luisa Brandt Sanz, pidió en un correo electrónico remitido a los jefes de servicio que redujeran los recursos que se facilitan a los pacientes del sistema público para destinarlos a mejorar la atención de los privados. Brandtz proponía “reducir todas las actuaciones (consultas, pruebas, intervenciones…) en pacientes Sergas que no les aporten ningún valor añadido” y “aprovechar esa liberación de recursos para mejorar cada vez más nuestro tiempo de respuesta a pacientes privados”.

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