La caída de 'Villa PP': la Justicia decreta el derribo de 52 chalés de lujo en O Grove

La piqueta llama a las puertas de ‘Villa PP’. Así es como se conoce la lujosa urbanización de 52 chalés, con sus soláriums y sus piscinas saladas, en primera línea de playa de Os Raeiros (San Vicente do Mar, O Grove), una urbanización levantada hace casi 20 años que un juzgado de Pontevedra ha ordenado demoler. No es la primera sentencia contraria a los intereses de los propietarios, pero la posibilidad de evitar el derribo de las viviendas es cada vez más lejana, en un caso marcado por los vaivenes políticos y no exento de alguna que otra 'vendetta'.

A Balea, verdadero nombre de la urbanización, comenzó a construirse en 1991 por la sociedad Inproin Galicia SL, una inmobiliaria de la que es administrador el hermano de un 'exconselleiro'. De ahí le viene el sobrenombre, y del elevado número de dirigentes populares que, supuestamente, se compraron alguno de sus chalés. El problema fue que el suelo elegido era no urbanizable y de especial protección de costas, en el que la ley prohíbe los usos residenciales y las parcelaciones urbanísticas. Y además, las licencias, concedidas por la Xunta en 1992 y el Ayuntamiento de O Grove un año más tarde, eran de uso turístico para la construcción de un apartotel, pero lo que se levantó allí fue “una urbanización residencial privada, con 52 viviendas adosadas en hilera y algunos servicios comunes”, que se fueron vendiendo una a una. Se cometió así “una infracción urbanística muy grave mediante la técnica del fraude de ley”, precisa la sentencia, dictada el 29 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra.

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Las connotaciones políticas del caso son abundantes. Si un Gobierno del PP concedió la discutida licencia de uso turístico, fue durante el paréntesis del Gobierno bipartito PSOE-BNG (2005-2009) cuando se dictó la orden de restitución de la legalidad. Recuperada Galicia para el PP en 2009, y con Fernando Varela, hermano del administrador de Inproin, sentado en el Consello de la Xunta, el nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, decidió inicialmente mantener en el cargo al director de la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), Hipólito Pérez. Cuando lo destituyó en 2010, en medio de la presión de un grupo de alcaldes populares y del caso Barreiros —la legalización de 5.800 viviendas paralizadas por el bipartito—, Pérez se despidió con un regalo envenenado: la orden de demolición, firmada solo 10 días antes de dejar el cargo.

El Gobierno gallego no se quedó quieto y aprobó en 2013 una modificación del uso del suelo, que pasó de turístico a residencial, con la idea de dar cumplimiento a un fallo del Tribunal Supremo que mandaba “restituir a su estado original” todo el terreno afectado. Fue una ilusión fugaz, porque la operación chocó contra la Dirección General de los Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, que en 2015 anuló la reversión. La razón fue que dos de los propietarios originales no aprobaron presencialmente el cambio, un trámite indispensable “dadas las repercusiones que tiene en la titularidad de los copropietarios pues, aun cuando conserven el dominio, es significativo el cambio en el régimen y condiciones de su ejercicio”. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) terminó de frustrar esa vía.

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El recorrido judicial del caso ha sido largo. Los propietarios mantuvieron los recursos contra la orden de restitución de la legalidad, que fueron desestimados por el TSXG en 2009 y 2010. Esta última sentencia fue confirmada en casación por el Supremo en 2013, en un fallo que la nueva sentencia considera “muy clarificadora para comprender la entidad de la infracción”, ya que pone en evidencia que la propia licencia de obras de 1993 “se concedió ya en fraude de ley, dadas las características del proyecto autorizado”. También la orden de demolición fue recurrida, pero el TSXG desestimó todas las apelaciones. Contra una de esas decisiones se presentó un nuevo recurso, que es el que el juzgado de Pontevedra acaba de desestimar.

El fallo judicial relata así los hechos: “Bajo la apariencia de un ‘uso dotacional privado’, cuyo ‘interés social’ justificó en aquel entonces excepcionar y sacrificar la protección especial de un suelo de elevadas características paisajísticas y ambientales, se ejecutó realmente una urbanización privada, para un uso efectivo residencial (no dotacional) y además con una parcelación urbanística. Es decir, se alcanzó un resultado totalmente prohibido por la normativa aplicable, con una grave afección al interés público y general”.

Demoler las 52 viviendas

La nueva sentencia también destaca que los titulares de las viviendas “se resistieron” a la restauración de la legalidad, “utilizando distintas técnicas para crear una apariencia ficticia de disolución de la parcelación urbanística y sin llegar a implantar un uso hotelero real”. “La licencia de obras iba unida a la de actividad. Sin el uso de hotel (sin parcelación) todo lo construido carece de sentido”, añade el juez, que también apunta la posibilidad de que la licencia del hotel de 1993 haya caducado.
El fallo del juzgado pontevedrés ordena la demolición de las 52 viviendas, de sus viales y de los grandes movimientos de tierra realizados en la zona. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior gallego. Mientras tanto, los chalés podrán seguir ocupados y, algunos de ellos, alquilados. Aparecen de hecho en varias webs de apartamentos turísticos, en los que se anuncian como parte de un “complejo de lujo”. “Todo amueblado, con aire acondicionado y con restaurante, piscina, 'spa', 'jacuzzi', canchas de tenis, pádel, 'squash' y parque infantil”, se puede leer en uno de esos anuncios. Y con precios superiores a los 300 euros la noche en temporada alta.