Galicia se rearma para evitar un desastre incendiario en sus montes como el de 2017

La ola de incendios de 2017 será difícil de olvidar. Cuando Galicia comenzaba a dejar atrás infiernos como el de 2006, y con la temporada tocando a su fin, llegó el fatídico 15 de octubre, en pleno otoño, cuando en apenas 24 horas se puso a arder el monte como si no hubiera un mañana. En poco más de un día ardieron 49.000 hectáreas, casi 10.000 en un único incendio en Ponteareas. Solo la lluvia que irrumpió de madrugada pudo evitar un desastre de dimensiones desconocidas.

Más allá de los intentos de culpar de la situación a una “trama” o invocar al “terrorismo”, opciones descartadas por el fiscal superior de Galicia, la comunidad autónoma se rearma para eludir un desastre como el del año pasado. Una de las novedades será evitar que la situación coja a los servicios de extinción con la guardia baja, como ocurrió el pasado año. El periodo de alto riesgo de incendios comenzó el 1 de julio y por primera vez llegará hasta finales de octubre, aunque inicialmente se habilitará hasta el 30 de septiembre para después ampliarlo un mes.

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El encargo de gestión a la empresa pública Seaga (Servicios Agrarios Galegos) es en esta ocasión de cuatro meses, un mes más del que era habitual. Eso significa que en octubre habrá el mismo número de personas trabajando sobre el terreno que en julio, agosto y septiembre, tanto personal propio como los 500 empleados de Seaga. En caso de que las condiciones meteorológicas no requieran de su intervención en la extinción, las brigadas seguirán desarrollando labores de prevención en los montes de gestión pública de Galicia.

"Minifundismo exacerbado"

El desastre de 2017 se llevó por delante en total 62.000 hectáreas, de acuerdo con el balance que realizó el Ministerio de Agricultura, 13.000 más que las recogidas en el recuento provisional realizado en noviembre pasado por la Xunta. A lo largo de los últimos meses, una comisión del Parlamento gallego estudió un problema que ha alcanzado dimensiones catastróficas. Una ponencia preparará durante estos meses de verano su dictamen, aunque el grupo del PP ya ha trasladado a los demás una propuesta que apuesta por “movilizar” las tierras productivas y por una “ordenación integral” del territorio rural. Abandonadas ya las teorías conspirativas, la comisión se centra así en la estructura de la propiedad del rural gallego y en el abandono del monte, considerados por los principales especialistas dos de los elementos fundamentales del asunto.

En Galicia prima lo que los miembros de la comisión han calificado de “minifundismo exacerbado”. Las propuestas pretenden paliar una situación singular en la comunidad autónoma, donde un 40% de los propietarios son de difícil localización. Esto impide, por ejemplo, enviar los avisos para mantener las franjas de seguridad limpias o que muchas multas se puedan notificar. Los datos ofrecidos en la comisión son reveladores: hay un total de 11.116.393 parcelas que son propiedad de 1.672.156 personas. O lo que es lo mismo: uno de cada tres gallegos posee un terreno en el ámbito rural, con una media de casi 17.000 metros cuadrados por titular.

La comisión ha constatado que hay 300.000 parcelas sin titular, a lo que hay que añadir entre un 20% y un 30% cuyo propietario no ha podido ser localizado. El PP propone sistemas que permitan averiguar quiénes son los dueños y reforzar las competencias de la Agencia Galega de Desenvolvemento (Agader), para que este organismo intermedie entre posibles inversores y los propietarios de terrenos que quieran vender sus fincas.

La polémica sobre el eucalipto

El consenso que reinó en algunas de las medidas propuestas no alcanza a la especie más polémica de cuantas crecen en los montes gallegos: el eucalipto, que En Marea trató de incluir como especie exótica e invasora. No cuenta con el apoyo de los populares, que abogan por un equilibrio entre “medioambiente y rentabilidad” del
monte. La comisión, que comenzó sus trabajos en diciembre, contempló un total de 62 comparecencias, que no incluyeron la del presidente de la Xunta, como reclamaba la oposición. El anterior delegado del Gobierno en Galicia y los representantes de la Unidad Militar de Emergencias y de Ence, la industria papelera con fábrica en Pontevedra a la que muchos sectores culpan de los incendios, se negaron a comparecer.

A falta de la aprobación del dictamen, la comisión incidió en asuntos como la necesidad de hacer efectivas las franjas de protección, reducir las parcelas abandonadas, integrar la prevención de incendios en las políticas de ordenación del territorio, establecer límites al eucalipto y resolver los grandes problemas que afectan al servicio de extinción. A este respecto, se plasmó la diferencia entre los que demandan un servicio íntegramente público y los que defienden el sistema actual. También se demandó una mayor coordinación de las emergencias, sobre todo tras el reconocimiento de “colapso” y “descoordinación” por parte del gerente de la Agencia de Emergencias.

La comisión también constató la dificultades que impiden una correcta investigación de los incendios y la necesidad de incidir en la educación, a raíz de que la Fiscalía identificara como causas de buena parte de la ola de incendios limpiezas de matorral, escapes de quemas, conflictos vecinales y caza. El cambio climático, además, implica una nueva tipología de incendios, cada vez más voraces, más próximos a zonas habitadas y, como sucedió en 2017, fuera de la temporada habitual.

Ni tramas criminales ni terroristas

La comparecencia del fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, permitió desterrar por completo las alusiones al terrorismo incendiario, que pretendieron descargar la responsabilidad de los fuegos de octubre en supuestas tramas criminales. Suanzes fue tajante al respecto. Puso sobre la mesa el informe de Medio Ambiente, que concluye que no hay ni tramas criminales ni terroristas y rechaza un aumento de las penas de prisión.

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El fiscal destacó las condiciones extremas de temperatura y humedad que se vivieron aquel día de octubre, y apuntó que entre el 61% y el 88% de los fuegos muestran indicios de intencionalidad, pero sobre todo por causas como la limpieza de matorrales o por simple piromanía. De las investigaciones efectuadas en los lugares quemados “no se pudo determinar” que los incendios “obedezcan a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y que persigan objetivos supraindividuales”.