Barreiros: la (frustrada) Marbella gallega se sienta en el banquillo por prevaricación

Para burbuja inmobiliaria, la de Barreiros (Lugo), un pueblo de 2.900 habitantes en el que en un solo año se concedieron licencias para construir 5.800 viviendas, en terrenos que carecían de las necesarias infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y electricidad. Fue en los tiempos en que la rentabilidad inmobiliaria no parecía tener fin y el alcalde, Alfonso Fuente Parga, quería hacer de su pueblo la Marbella gallega. Doce años después, con muchos de aquellos edificios inacabados desluciendo el espectacular litoral de la Mariña lucense, a Fuente le llega la hora de cumplir con la Justicia. Será juzgado por prevaricación urbanística.

La huelga judicial en Galicia le ha dado un respiro y ha obligado a aplazar momentáneamente el juicio contra el alcalde, que se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer cargo público por la concesión de 45 licencias para 3.174 de esos pisos. Junto a él se sentarán en el banquillo los cinco concejales que entonces formaban la junta de gobierno y la arquitecta municipal, que avaló la decisión pese a contar con los informes en contra de la Secretaría Municipal y de la Xunta. La vista se celebrará en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo durante cuatro días, en los que pasarán por la sala para prestar declaración un total de 40 personas.

El juicio pondrá fin a casi una década de citaciones, recursos e informes periciales, en un proceso que estuvo acompañado de un intenso debate político

Además de Fuente, los acusados son el primer teniente de alcalde, José Manuel Gómez, el concejal delegado de Obras, Lorenzo Penabad, los exediles José Rojo, María Alina Rodríguez y Eulogio Menéndez y la arquitecta municipal, Marta Geada. Tres de los concejales y la arquitecta se enfrentan a las mismas penas que el alcalde, en tanto que para Penabad y Rojo la Fiscalía rebaja la solicitud de penas a seis meses de prisión y siete de inhabilitación. El colectivo ecologista Adega, que también se personó en la causa como acusación particular, pide penas mayores para todos ellos.

El juicio pondrá fin a casi una década de citaciones, recursos e informes periciales, en un proceso que estuvo acompañado de un intenso debate político, con una paralización en 2007 de los proyectos por parte del Gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño, una coalición de socialistas y nacionalistas, y el posterior intento de rescate de los mismos con fondos públicos por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Fuente Parga, entonces en el PP, abandonó el partido tras ser imputado, aunque sigue al frente de la alcaldía.

La fiebre inmobiliaria

Barreiros era a mediados de la pasada década una versión desmesurada de la fiebre inmobiliaria que embargaba a tantos ayuntamientos. El alcalde vio en sus ocho kilómetros de costa, absolutamente virgen, un lugar perfecto para la segunda vivienda de miles de españoles o gallegos del interior en unos tiempos de expansión económica de la clase media, de forma que inició una autorización generalizada de licencias dispersas por el municipio, en su mayoría en el litoral. Las facilidades para los promotores fueron todas las posibles, al entender que cualquier suelo rústico podría ser apto para urbanizar, aunque careciese de las dotaciones necesarias y sin que los responsables de las obras tuvieran que asumir esa carga.

El alcalde vio en sus ocho kilómetros de costa virgen un lugar perfecto para la segunda vivienda de miles de españoles o gallegos del interior

“Todo el mundo quiere tener una vivienda en la costa”, proclamó en su día el alcalde, ahora independiente. Bajo esa premisa, y la de crear un “Sanxenxo del norte”, en referencia a la localidad turística en la que veranea Mariano Rajoy, se embarcó en un proyecto de urbanismo intensivo que aún no ha abandonado. Una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria, Barreiros tramita un Plan General que llegó a prever viviendas para más de 25.000 habitantes, en un municipio que ha perdido un 15% de su población desde 2000. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha frenado esas previsiones de crecimiento, pero no siempre ha visto con tan malos ojos los planes del que fuera alcalde del PP.

Tras alcanzar el Gobierno gallego, el Ejecutivo de Feijóo paralizó cuatro contenciosos que iba a presentar la Xunta contra las licencias y solicitó la suspensión de los recursos ya formalizados. Meses después, firmó un convenio con el alcalde y con la Diputación de Lugo, que presidía el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para regular el descontrol urbanístico y dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones, con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros. El plan, que pasaba por la aportación por parte de los promotores de otros 7,5 millones de euros sin ningún compromiso firme por parte de estos, no se llegó a ejecutar porque fue invalidado por la Justicia.

El Gobierno de Feijóo paralizó cuatro contenciosos que iba a presentar la Xunta contra las licencias y solicitó la suspensión de los recursos formalizados

También las medidas adoptadas por el Gobierno bipartito han dado tumbos por los juzgados durante todo este tiempo. A mediados de 2012, el decreto del Ejecutivo de Touriño que paralizó las licencias y destapó lo que estaba ocurriendo en Barreiros fue anulado debido a un defecto de forma, al no haber sido expuesto al público previamente, lo que no ha evitado que el alcalde y otros siete cargos municipales se deban sentar en el banquillo de los acusados.

Concedió las licencias ignorando a la Xunta

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el 14 de marzo de 2006 el director general de Urbanismo de la Xunta informó al ayuntamiento de que la ley impedía la concesión de licencias para terrenos no urbanos a municipios que, como Barreiros, carecían de plan de urbanismo actualizado. Pero la advertencia cayó en saco roto. En los meses siguientes, y antes de la intervención del urbanismo local por el Gobierno gallego, el ayuntamiento concedió las 45 licencias por las que ahora deben responder los acusados, “pese a estas deficiencias insalvables, recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal”, según el relato del ministerio público.

La Fiscalía señala que el alcalde y los concejales “votaron unánimemente a favor de la concesión de las licencias referidas, siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad de Barreiros, y de la imposibilidad de dar repuesta a las necesidades de infraestructuras precisas para la ejecución de dichas licencias y de los informes contrarios de la secretaría” o incluso de la inexistencia de esos informes. De la arquitecta, subraya que “en casi todos los expedientes citados emitió informes como arquitecto municipal favorables a la concesión de las licencias, pese a la problemática expuesta”. Doce años después de todo aquello, el desenfreno urbanístico al que no fue ajena Galicia se sienta en el banquillo.