Vertidos y urbanismo salvaje en Náquera, la joya ‘verde’ a media hora de Valencia

Es lunes 30 de abril de 2001. El entonces letrado asesor del Ayuntamiento de Náquera, una población de 6.000 habitantes a media hora de Valencia y a los pies del Parque Natural de la Sierra Calderona, firma una propuesta de resolución para conceder licencia de obras para la ampliación de las instalaciones de una industria presente en el municipio desde 1986. El beneficiario es una mercantil denominada Inmobiliaria Hermanos Martínez Panadero, hoy extinguida, y las construcciones albergan la fábrica de productos químicos de Quimi Romar, especializada en referencias de droguería, insecticidas, productos de limpieza o perfumería.

El letrado admite en su informe que una parte de las obras ocupa una parcela sobre suelo no urbanizable; y para justificar su decisión de dar luz verde al proyecto escribe negro sobre blanco que el grado de urbanización es “del 100%” y que la pastilla dispone “de todos los servicios necesarios para la consideración de suelo industrial, incluida depuradora de aguas residuales”. Es falso. La depuradora no existía. Y las redes de saneamiento están incompletas. Todas las fábricas de ese polígono industrial, denominado Los Vientos, vierten al subsuelo o emplean fosas sépticas, en teoría estancas, que tienen que ser vaciadas periódicamente por camiones cuba, según han admitido a El Confidencial desde el propio consistorio naquerano, confirmando de esta forma una denuncia anónima recibida en el buzón seguro de este medio. Lo hacían entonces y lo siguen haciendo ahora, más de tres lustros después.

Sobre ese pecado original descansa una parte importante de la actividad de Quimi Romar, una industria que da empleo a 170 personas. La compañía ha sido una de las apuestas del fondo de capital riesgo Realza Capital, presidido por Javier Benjumea Cabeza de Vaca y gestionado por Martín González del Valle y Alfredo de Zavala. En 2012 se hicieron con la mayoría del capital, aunque los fundadores, Javier y José Martínez Panadero, siguen al frente de la dirección empresarial y en el accionariado. El último ejercicio con cuentas registradas refleja que el grupo facturó más de 50 millones de euros y obtuvo un beneficio de más de 2,5 millones.

Quimi Romar sigue gestionando hoy sus propios residuos químicos derivados de la actividad de fabricación de sus productos. Fuentes del Ayuntamiento de Náquera aseguran que esta gestión se hace correctamente, a través de depuradoras propias y cubas estancas que después son vaciadas por camiones. Pero la empresa ha recibido numerosas denuncias de vecinos por la aparición en las cunetas cercanas a sus naves de vertidos industriales pestilentes de color blanquecino. La última, del pasado mes de diciembre, propició la apertura de un expediente informativo por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, que recibió un informe de la Policía Autonómica. La Generalitat ha remitido el documento a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuya policía de aguas ha determinado la existencia de “vertidos de aguas residuales al terreno originados por la actividad industrial de la empresa”. También el Seprona ha elaborado informes en el mismo sentido.

Medio Ambiente no ha sancionado a Quimi Romar. Así lo explican desde la ‘conselleria’ y desde la propia empresa, que admite la existencia de un expediente informativo que, de momento, no contempla multas. “Quimi Romar aportó en tiempo y forma la documentación solicitada. No nos consta ninguna otra actuación por parte de ningún otro organismo en relación a este expediente. Quimi Romar está firmemente comprometida con el cuidado del medio ambiente y cumple escrupulosamente con toda la normativa vigente en materia medioambiental y de gestión de residuos”, ha explicado un directivo de la empresa a preguntas de El Confidencial.

Pero la CHJ sí ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Náquera. ¿Por qué? Por no ejecutar las obras de conexión del polígono industrial con una estación depuradora (EDAR) situada apenas a medio kilómetro que sí se construyó en la zona siete años después, que se pagó con dinero público y que, sorprendentemente, está parada, sin actividad y sufre deterioro como consecuencia del abandono y la falta de mantenimiento. La Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), una empresa pública dependiente de la Generalitat, adjudicó las obras en 2007 por importe de 8,3 millones de euros. La planta no funciona porque no se ha ejecutado la conexión con las industrias de su alrededor y porque no tiene suficiente caudal. Debe recibirlo de otra estación depuradora situada kilómetros más arriba (da servicio a otras urbanizaciones).

Bloqueo burocrático

El ayuntamiento tiene que financiar esas conexiones en coordinación con la Epsar y repercutirlas a las empresas y los vecinos, pero casi 10 años después de haberse construido la planta millonaria no se ha ejecutado esa obra. Fuentes del consistorio, que dirigen en coalición UPDN, un partido local escindido del Partido Popular, y el PSOE, señalan que tienen el dinero presupuestado para hacer las conducciones y que siguen esperando a que dé luz verde la empresa autonómica, que se ha comprometido a realizar los trabajos.

El del polígono industrial Los Vientos, un espacio con un urbanismo desastroso, redes de saneamiento y alcantarillados inacabados y denuncias de vecinos por la existencia de vertidos o por tener que asumir costes de urbanización inexistentes, es un ejemplo del caos en la planificación urbana de un municipio que presume de ser una de las joyas ‘verdes’ de la provincia de Valencia, por su ubicación en la falda sur de la Sierra Calderona. Los tribunales han anulado varios PAI (proyectos urbanísticos) aprobados en legislaturas anteriores, cuando gobernaba el Partido Popular, y la Generalitat sigue teniendo en un cajón sin aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque no encaja ni a martillazos con la legislación. El pueblo sigue rigiéndose urbanísticamente por unas normas subsidiarias de los años ochenta.

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