Boadilla rectifica su urbanismo: hombres y mujeres respirarán por ley el mismo aire

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte (49.800 vecinos) ha iniciado el camino para legalizar su urbanismo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo tumbara el pasado mes de abril porque no incluía un informe de impacto de género que garantizara la igualdad entre hombres y mujeres. La comisión de Urbanismo del consistorio, gobernado por el PP y con el diputado nacional Antonio González Terol como regidor, aprobó este lunes someter a información pública el avance del nuevo plan urbanístico que irá al pleno el próximo 11 de diciembre y que ya incluye ese informe, una memoria de 37 páginas, que recoge 10 medidas "en respuesta a los objetivos en materia de género y diversidad".

Diez medidas que intentan vincular el modelo urbanístico del municipio a la "reducción de las desigualdades, a la plena accesibilidad y a la no discriminación por sexo". Algunas de esas iniciativas, por ejemplo, buscan fomentar "el acceso universal a la calidad del aire". ¿Cómo se consigue eso? "Se ha elaborado un estudio específico que analiza los efectos del planteamiento sobre la calidad del aire, estableciendo una serie de medidas para garantizar una calidad del aire adecuada y sin distinción alguna en materia de género o diversidad", es decir, un urbanismo diseñado para que hombres y mujeres... puedan respirar el mismo aire.

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El nuevo avance del plan urbanístico es prácticamente similar al que Boadilla aprobó en marzo de 2015 y que fue ratificado por la Comunidad de Madrid en octubre de 2015, pero que luego fue anulado, provisionalmente, por el TSJM en abril de este año. Como novedades técnicas no solo incluye el informe de impacto por razón de género, sino también un informe LGTBI, informes de familia y accesibilidad, y un nuevo informe sobre cambio climático que no es obligatorio pero que Boadilla ha querido sumar al planeamiento urbano. También se ha retocado el techo poblacional para reducir el crecimiento de habitantes entre un 6% y un 10%.

Boadilla tiene 49.800 vecinos según el INE; 51.400 según el último censo municipal. El plan urbanístico anterior al de 2015, redactado en 2001, preveía un crecimiento hasta los 84.400 habitantes. El de 2015 (anulado provisionalmente por el TSJM) no retocó esas pretensiones, algo que sí ha hecho ahora el nuevo texto que ha diseñado el Gobierno local, que prevé un techo de 79.100 habitantes, 5.300 menos. El ayuntamiento, no obstante, cree que el crecimiento aún puede ser menor, ya que las estimaciones demográficas indican un descenso de la natalidad y porque las promociones ya en marcha están finalmente construyendo menos viviendas de las previstas. El techo podría bajar por tanto de 79.100 a 74.100 residentes.

En cuanto al número de viviendas, las previsiones son levantar 8.725, de las que 3.493 ya se están ejecutando. No hay que olvidar que la anulación del TSJM no fue definitiva, ya que la Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo, recurso que fue aceptado el pasado 17 de noviembre. Mientras el Supremo se pronuncia, el ayuntamiento puede seguir concediendo nuevas licencias. A pesar de ello, el ayuntamiento ha querido elaborar ese plan de impacto de género y empezar de cero la tramitación de su urbanismo. Ese plan es un compendio de normativas vigentes sobre el tema, estadísticas del municipio y 10 medidas a tomar para "perseguir los objetivos en materia de género y diversidad".

La principal "fomenta la creación y el acceso sin discriminación a viviendas dignas, sostenibles, accesibles y seguras" que posibiliten "la inserción de mujeres y colectivos de especial vulnerabilidad social". Según este documento, el plan "favorece el acceso a viviendas adecuadas para estos colectivos en El Valenoso y El Encinar", dos de los nuevos barrios. También se "promoverán viviendas que tengan en cuenta la edad y el género y que sean asequibles, accesibles, eficientes y resilientes", es decir, "adaptadas frente a riesgos naturales o catastróficos".

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Pocos planes urbanísticos actualmente en vigor incluyen una memoria de impacto de género, ya que solo la deben incluir aquellos redactados a partir de 2016. Están regulados por dos leyes autonómicas: la 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, y la 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. En teoría, el Decreto 197/2015, de 4 de agosto, establece que es la Dirección General de la Mujer (dependiente de la comunidad) quien debe elaborar este tipo de informes. En el caso de Boadilla, el texto, 'Memoria de sostenibilidad desde las perspectivas de género y diversidad', ha sido redactado por el ayuntamiento y en cierta medida es pionero en esta materia. Eso se nota en la redacción del texto, muchas veces repetitivo y con objetivos poco concretos.

Sirva como ejemplo el capítulo del transporte, donde "se ha elaborado un plan de movilidad sostenible, que incorpora una gran cantidad de medidas activas para mejorar el transporte público, lo que supone un avance en el acceso igualitario en la movilidad". El texto también busca prevenir cualquier forma de discriminación, acoso y violencia. "Se prestará especial atención en el diseño de espacios libres y zonas verdes, en cuanto a su diseño y ajardinamiento, de forma que se eviten espacios de escasa visibilidad que favorezcan cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso sexual, en espacios públicos y privados".

Otro de los objetivos de la memoria de género es "emplear un lenguaje inclusivo y no sexista en la redacción de la normativa urbanística", siguiendo las siguientes pautas: "evitar el empleo de términos masculinos 'el hombre' o 'los hombres', empleando otros como 'el ser humano', 'la sociedad' o 'la población". También se evita en lo posible "el empleo del masculino genérico como forma para referirse a ambos sexos". La designación de actividades profesionales "se llevará a cabo no exclusivamente en masculino, sino de forma indistinta empleando ambos géneros". Las normas urbanísticas también tendrán que tener una redacción con "formas imperativas y pasivas" y "formas no personales del verbo".

Un portavoz municipal asegura que lo que se ha aprobado este martes en la comisión de Urbanismo es "someter a información pública el avance del plan general y el documento inicial estratégico". El pleno votará lo mismo el próximo 11 de diciembre. "Todo esto se hace sin que la ley lo exija, en aras de mayor transparencia". Después se abrirá un plazo de 45 días para presentar alegaciones, consultas y propuestas. El municipio también será pionero en tener un informe LGTBI vinculado al urbanismo. El nuevo plan incrementa la protección del famoso monte de la localidad; y salvaguarda el entorno del Palacio del Infante Don Luis y el cerro de San Babilés, donde se han encontrado restos arqueológicos de la época visigótica.

La denuncia de un vecino

La denuncia de un vecino de Boadilla, dueño de la empresa que suministra agua a las urbanizaciones Las Lomas y Valdepastores, consiguió que el TSJM anulara este año el plan urbanístico del municipio, que había sido aprobado en 2015 por el ayuntamiento y la comunidad. Entre todas las razones que incluyó en su demanda (que el consistorio le había reducido la edificabilidad de un terreno, que no le había compensado correctamente una expropiación o que el nuevo plan tenía como punto de partida otro anterior, de 2001, ya anulado por el Tribunal Supremo) solo prosperó la última, la más soprendente. Que el plan se había aprobado "sin la previa emisión de informe alguno sobre impacto de género, siendo el mismo preceptivo al tratarse de una disposición de carácter general".

El Gobierno regional y el consistorio defendieron ante el TSJM que ese informe de género no era "un documento necesario", ya que solo es "una disposición general pero no un reglamento propiamente dicho". Además, las dos leyes en vigor en Madrid que obligan a contar con este tipo de informes son posteriores (de 2016) a la aprobación del plan urbanístico del municipio, de octubre de 2015.

El TSJM, no obstante, no pensó igual y dictaminó que aunque es cierto que cuando se aprobó el plan de Boadilla por parte de la Comunidad de Madrid "aún no estaban en vigor los dos preceptos legales de 2016", una sentencia del Tribunal Supremo, que ya anuló en noviembre de 2015 otro plan urbanístico aprobado por la Junta de Andalucía porque esta no emitió el informe sobre impacto de género que la propia legislación andaluza exige, deja claro que "sí debía haberse observado lo dispuesto en el entonces vigente artículo 24 de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, pues, a la postre, en ausencia de normativa específica autonómica, el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid prevé el carácter, en todo caso, supletorio del Derecho del Estado respecto del propio de la Comunidad Autónoma". El TSJM también invocó en su justificación para anular el plan de Boadilla la famosa ley del Gobierno socialista de Zapatero de 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Eso sí, el TSJM culpó a la Comunidad de Madrid de la ausencia de dicho informe y exoneró al ayuntamiento de cualquier responsabilidad, ya que el plan fue sometido a información pública y remitido a los órganos competentes del Gobierno regional para la emisión de los informes preceptivos, entre los que no está el informe de impacto de género, que según el Decreto 197/2015, de 4 de agosto, debía haberse emitido por la Dirección General de la Mujer. La comunidad recurrió la sentencia del TSJM, recurso admitido ahora por el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse.