La pesadilla de los 300 residentes de una urbanización condenada al derribo

Vigo y el urbanismo nunca se han entendido especialmente bien. Son rencillas que arrastran desde inicios del siglo XX, cuando la ciudad inició un crecimiento que la hizo pasar de 22.000 habitantes a casi 300.000, el mayor experimentado por una urbe europea. Ahí sigue sin plan general, tras la enésima sentencia que anuló el que estaba en vigor. Y por si fuera poco, algunos de sus desmanes del pasado la persiguen como un fantasma contumaz. Que se lo pregunten a las 300 personas que residen en una urbanización bautizada como Colina de Castrelos, una suerte de muralla residencial levantada hace casi 25 años en una loma de la ciudad, obligadas por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a abandonar sus casas en seis meses para que el Ayuntamiento proceda al derribo.

Es otro capítulo de la larga historia de terror que padecen los propietarios del centenar de viviendas afectadas. El anterior lo había escrito el Supremo, que el año pasado tumbó los últimos recursos contra la actuación de la piqueta, todo ello en medio de un rosario de sentencias que mantiene en vilo a los propietarios. No se acostumbran a una incertidumbre que comenzó en 1993, cuando un primer fallo judicial declaró ilegal la licencia urbanística porque la mole, una larga edificación de tres bloques continuados con un bajo y cinco plantas, no se adaptaba al entorno. En concreto, al Parque de Castrelos, que con sus 220.000 metros cuadrados es el más grande de Vigo y alberga un auditorio al aire libre y el pazo Quiñones de León, una pequeña joya del esplendor barroco de la arquitectura palaciega.

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EP

La licencia urbanística fue concedida el 8 de marzo de 1991 a Domus Nerga S.L., y desde entonces, a raíz de una denuncia vecinal, comenzó el calvario. Salvo alguna excepción, todo han sido sentencias en contra y una constante amenaza de derribo. En vano han sido los sucesivos y variados intentos de resolver la situación urbanística, a pesar incluso de sentencias contradictorias que finalmente ha aclarado el alto tribunal gallego con un nuevo fallo que ratifica el criterio inicial, el que implica el derribo, y que por primera vez pone plazos a la Administración local para acatar la sentencia original de demolición. El Ayuntamiento tiene un año desde la notificación de la resolución para demoler el edificio. Pero antes, exactamente en seis meses, debe desalojar a los ocupantes de la Colina de Castrelos “con el corte del agua y la luz y el precinto de los accesos”.

El nuevo pronunciamiento judicial, contra el que aún cabe un último recurso, rechaza la impugnación de casación interpuesta por la comunidad de propietarios del edificio, el Ayuntamiento de Vigo y varios particulares, todos ellos con imposición de costas, contra un incidente de ejecución de sentencia resuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Se frustraba así una vía iniciada en 2012, cuando se iniciaron los trámites municipales para legalizar el conjunto con derribos parciales y reformas exteriores e interiores. El Tribunal Supremo decretó el año pasado que los plazos se habían incumplido.

En seis meses, el Ayuntamiento debe desalojar a los ocupantes de la Colina de Castrelos

Esa sentencia tuvo que ver con otro episodio negro del urbanismo vigués, la caída de un Plan General de Ordenación Municipal, el que se aprobó en 2008 después de casi una década de difícil tramitación, que no era además el primero que era anulado por orden judicial. En ese planeamiento se intentó acomodar la mole visible desde buena parte de la ciudad, aprobada en tiempos de Manoel Soto, el primer alcalde de la democracia que tuvo Vigo. Los magistrados aceptaron la propuesta y anularon la orden de democión, pero ocurrió que mes y medio después, a finales de 2015, el Plan General era anulado por los tribunales. Vigo se quedaba otra vez sin ordenación y los propietarios de la Colina de Castrelos, sin la cobertura que les iba a permitir legalizar sus casas.

La situación de los vecinos no es solo una espada de Damocles; durante todo este tiempo su patrimonio, por el que muchos aún pagan elevadas hipotecas, ha visto reducido su valor prácticamente a cero por la incertidumbre que lo envuelve. “¿Quién va a querer comprar una casa con orden de demolición?”, se pregunta un residente de la urbanización, que subraya que todos los propietarios pagan al Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles conforme a una legalidad que no se les reconoce. Cuando compraron sus viviendas la Colina de Castrelos era de hecho perfectamente legal. Nadie les advirtió de lo que se avecinaba. Si finalmente son desalojados, “habrá mucha resistencia”, advierte. Los residentes viven todo esto con una mezcla de estupor y resignación. Algunos, que heredaron las viviendas de sus padres, eran niños cuando comenzó el calvario, y no conocen otra situación que no sea la amenaza de quedarse sin su casa.

Cuando compraron sus viviendas la Colina de Castrelos era de hecho perfectamente legal

El problema es también una amenaza para las arcas del consistorio, porque sobre el Ayuntamiento podría recaer finalmente la responsabilidad de una licencia irregular, lo que acarrearía un gasto en indemnizaciones por encima de los 50 millones de euros. No es consuelo para los propietarios, que estos días tratan de encajar si la nueva sentencia es otra de tantas o si esta vez, como parece, la cosa va en serio.

El de la Colina de Castrelos es el caso más antiguo y uno de los que afectan a mayor número de personas de los que existen en Galicia, pero ni mucho menos el único. Solo en Vigo viven una situación similar los vecinos de A Pastora, Finca do Conde, Rosalía de Castro, apartoteles de Samil y las Torres Ifer, estas últimas con 220 viviendas. Y en el resto de Galicia también abundan las urbanizaciones declaradas ilegales. Un caso especialmente conocido es la urbanización de Raeiros, en O Grove, 52 chalets de lujo levantados en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel. El TSXG desestimó en 2013 el último recurso de la promotora, pero la Xunta, competente para proceder la ejecución forzosa de la orden de demolición, se resiste a hacerlo.

En A Coruña viven una situación similar los vecinos del edificio Conde de Fenosa, uno de los más grandes del centro urbano, que fue ampliado en 1997 por un acuerdo del entonces alcalde, Francisco Vázquez, y la Fadesa que presidía Manuel Jove. Tras un largo proceso judicial, el Supremo obligó al Ayuntamiento a devolver el inmueble a su estado original, y afeó al Tribunal de Xustiza de Galicia por “no cumplir la ley” al amparar una solución menor. La Administración local se expone a unas indemnizaciones por valor de 50 millones de euros.