La presión empresarial fuerza a Sánchez a mover ficha con el puerto de Valencia frente a Sumar

El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, realizará este jueves una visita al puerto de Valencia. Será el primer aterrizaje en muchos años de un miembro del Gobierno en el enclave marítimo, pendiente de recibir luz verde del Consejo de Ministros para licitar la parte pública de la obra de ampliación norte (660 millones de presupuesto). El desplazamiento desde Madrid se produce semanas después de la presión por parte de la Generalitat y las organizaciones empresariales valencianas para que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez desbloquee el proyecto. La tarea de lobby tuvo un pico este martes con la celebración de la II Cumbre Empresarial Madrid-Comunidad Valenciana, en la que 200 empresarios reivindicaron el sector logístico como clave para las relaciones comerciales entre las dos autonomías. Fueron varias las voces que insistieron en la necesidad de seguir adelante con el plan, incluidas las de los dos presidentes autonómicos, Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso.

"El ministro Puente ha dicho que viene el jueves a Valencia. Me han dicho que me va a llamar y yo no contemplo otra opción más que venga y diga que el Consejo de Ministros de manera inmediata va a autorizar la ampliación del puerto de Valencia", manifestaba Mazón sobre el viaje del nuevo ministro de Transportes. No puede obviarse que esa visita no se hubiera producido en un ambiente distinto. Los socialistas valencianos, especialmente a través de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llevan tiempo advirtiendo a la Moncloa de la estrategia de agravio que los populares están armando con la complicidad de los principales dirigentes empresariales.

Tras el cambio de Gobierno el pasado 28 de mayo, patronales como la CEV, que preside Salvador Navarro, consejero del puerto, y la Asociación Valenciana de Empresarios, encabezada por el naviero Vicente Boluda, han pisado el acelerador. Está en juego la inversión del concesionario virtual, Terminal Investment Limited (TIL), filial de MSC, gigante del mar italo-suizo en manos de la familia Aponte.

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Pese a que el PSOE traslada una posición favorable a los planes de ampliación, que duplicarán la capacidad de estiba del puerto valenciano, el proyecto ha estado parado en la bandeja de entrada del Consejo de Ministros por el veto de la vicepresidenta y lideresa de Sumar, Yolanda Díaz. Tanto Compromís como Unidas Podemos, contrarios a la expansión portuaria por razones medioambientales, han influido en la posición de Díaz. En enero de este año, la autorización administrativa de la licitación, que tiene que pasar por el gabinete de Sánchez por ser una obra pública de más de 12 millones de euros, se quedó varada y no llegó a entrar en el orden del día.

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La propia Díaz hizo campaña contra la ampliación en las municipales y autonómicas. Pero el resultado del 28-M fue la pérdida para las coaliciones de izquierda tanto del Ayuntamiento de Valencia como de la Generalitat. Esta es la razón por la que el PSPV-PSOE se ha convencido de que no tiene nada que ganar manteniendo una posición ambigua sobre la infraestructura.

La cuestión es cómo van a sortear los socialistas el rechazo de Díaz, y si Sánchez considera el puerto de Valencia un asunto que pueda generarle un conflicto con su socia forzando su desatasco en el Consejo de Ministros. A la vez que los empresarios reclaman este martes desde Madrid la infraestructura, la vicepresidenta del Gobierno encontraba hueco para reunirse con la Comissió Ciutat-Port, la entidad vecinal y ecologista contraria a la expansión. "Nos hemos reunido para reclamar que se paralice esta operación", difundía la también ministra de Trabajo a través de su cuenta de X.

La portavoz de Compromís y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Àgueda Micó, aseguraba este martes en una comparecencia en la Cámara que los ministros de la coalición de Díaz votarán en contra, lo que supondría evidenciar un primer cisma en la toma de decisiones del Consejo de Ministros.

"La gente de Compromís y Sumar defenderemos el no en todas las instituciones en las que estamos representados", afirma Micó. "Nuestra Albufera de Valencia va muriéndose poco a poco, y vosotros, diputados socialistas, podéis sentenciarla a muerte", reprochaba la diputada valencianista a la bancada del PSOE.

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Micó comparecía para debatir una proposición no de ley presentada por el Partido Popular en favor de una aprobación "urgente" de la ampliación portuaria. El grupo socialista ha aceptado la iniciativa con pequeños retoques en el texto que no cambian su contenido político. La proposición consensuada, también respaldada por Vox, recoge que "a la mayor brevedad posible el Consejo de Ministros proceda a la autorización de la licitación de las obras del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia".

Lo que no dice es cuándo. Esta es la incógnita que debería despejar Óscar Puente en su visita a Valencia. Según señalan fuentes conocedoras a El Confidencial, el ministro tiene previsto realizar un recorrido por el complejo portuario, acompañado por la presidenta de la APV, Mar Chao, la nueva alcaldesa, María José Catalá, y el propio Carlos Mazón. También está previsto que, tras el paseo y la atención a medios de comunicación, se una a la tradicional copa de Navidad que la APV celebra anualmente con la comunidad portuaria, que incluye a muchas de las empresas que operan en el enclave. “No creo que el ministro quiera venir a que le critiquen. Lo lógico es que venga a que le tiren flores”, manifestaban en los corrillos este martes los empresarios portuarios reunidos en el Casino de Madrid por la Fundación Conexus.

Sobre los planes de la Autoridad Portuaria de Valencia pesan también las dudas jurídicas sobre si puede ejecutarse sin una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), como reclaman los colectivos ecologistas y vecinales contrarios a la expansión, agrupados en la Comissió Ciutat-Port. Ahora mismo, hay un proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que debe decidir sobre el órgano sustantivo para decidir sobre una nueva DIA, es decir, si es el propio puerto como organismo autónomo o el Ministerio de Transición Ecológica.