La ampliación del puerto de Valencia dispara su coste a 660M mientras el PSOE busca el apoyo de Yolanda Díaz

Los retrasos en la ejecución de la parte pública del proyecto de ampliación del puerto de Valencia han llevado al consejo de administración del organismo autónomo estatal a revisar al alza un 21% el coste de la inversión como consecuencia de la inflación de materiales, maquinaria y mano de obra. La Autoridad Portuaria de Valencia ha actualizado la memoria económica y el presupuesto de 542,6 millones de euros a 660,3 millones (IVA incluido), cifra a la que habrá que sumar la inversión que tenga que realizar el futuro concesionario de la nueva terminal norte.

El proyecto sigue bloqueado en la bandeja de entrada del Consejo de Ministros. Al tratarse de una obra pública superior a los 12 millones de euros, requiere del trámite administrativo de la autorización gubernamental de la licitación, si bien la presidenta del enclave valenciano, Mar Chao, aseguró este martes que la revisión de precios "no influye para nada" en el calendario de aprobación por parte del Gobierno. “Como ya he afirmado en cada comparecencia pública y en mi toma de posesión, el inicio de las obras de la nueva terminal norte es prioritario y objetivo indiscutible número uno de esta presidencia”.

Desde el PSOE, aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto dar luz verde en breve, aunque sigue sin ponerle fecha. Su socio en el Ejecutivo, Sumar, es contrario al proyecto. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya paró el trámite administrativo en enero de este año a petición de Compromís y Unidas Podemos. Pero el veto a la infraestructura no aparece en el documento de acuerdo de investidura de Sánchez, pese a que Compromís sí incorporó otras cuestiones al documento conjunto de PSOE y Sumar que afectan a la Comunidad Valenciana.

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Los socialistas están tratando de buscar la fórmula para convencer a la ministra de Trabajo, al tiempo que el Consell de la Generalitat, ahora en manos de PP y Vox, con respaldo de las organizaciones empresariales, ha elevado la presión política exigiendo que la inversión salga adelante. El president Carlos Mazón coincidirá la semana que viene con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto organizado en Madrid por la Fundación Conexus en el que ambos reivindicarán la ampliación portuaria arropados por patronos del sector logístico y empresarios de las dos autonomías.

Chao hizo unas breves declaraciones sobre el estado de la tramitación tras una comparecencia pública con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para presentar el pliego de condiciones de la APV para la concesión a un operador privado de la lámina de agua, instalaciones náuticas y espacios de uso terciario en la Marina de Valencia y la creación de una comisión de negociación para tratar de desatascar el embrollo jurídico en que se ha convertido el espacio ganado para usos ciudadanos.

Un informe de la Abogacía del Estado solicitado por el propio puerto sostiene que concesiones como la Marina de Empresas de Juan Roig y otros espacios ocupados por proyectos de innovación no son de utilidad pública o interés general y deben regresar a la tutela de la administración portuaria. La solución transitoria acordada en el consejo ha sido confirmar los títulos jurídicos con las condiciones de todos los concesionarios hasta que finalicen los plazos de los contratos firmados con el Consorcio Valencia 2007.

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Tras esas explicaciones, Chao, designada a propuesta del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se negó a informar sobre otros asuntos tratados en el consejo, como la revisión de precios que iba en el primer punto de acuerdo del orden del día o sus conversaciones con Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes para desatascar la ampliación, un proyecto muy reclamado por el universo empresarial valenciano, pero que cuenta con el rechazo social de movimientos vecinales por el impacto medioambiental de la infraestructura portuaria, especialmente en las playas del sur de la ciudad.

Mar Chao confesó que tiene previsto limitar las comparecencias públicas de la APV, lo que provocó una queja formal de la Unió de Periodistes Valencians. Tampoco se conoció formalmente hasta después de su rueda de prensa con Catalá que el consejo ha destituido al actual director general, Francesc Sánchez, que será sustituido a partir del 31 de diciembre por el ingeniero de caminos Enrique Belda, actualmente subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad del Ministerio de Interior.

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El puerto informó del sobrecoste de la obra a través de una nota de prensa. Con los 660 millones de la parte de obra pública que corresponde ejecutar al organismo autónomo, el proyecto superará holgadamente los 1.000 millones. El universo portuario sostiene que la nueva infraestructura de estiba y desestiba de buques mercantes, de la que una filial de MSC, Terminal Investment Limited (TIL), es la concesionaria virtual, consolidará el enclave valenciano como la puerta de entrada y salida principal a Europa del tráfico marítimo de mercancías.

Con todo, la luz verde del Gobierno no despejará totalmente el camino de la obra. El TSJ de Madrid instruye una demanda del colectivo Comissió Ciutat-Port sobre si la Autoridad Portuaria de Valencia tiene competencias para desarrollar la inversión sin tramitar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).