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PAQUETE ANTICRISIS

Sánchez estudia copiar el modelo valenciano para la cesta de la compra antiinflación

El Gobierno lleva varias semanas barajando nuevas medidas anticrisis. Las ayudas como el cheque de 200 euros a las familias siguen siendo las que más se valoran para evitar otro tipo de intervenciones

Foto: Pedro Sánchez con Ximo Puig y Pilar Alegría. (EFE/Kai Forsterling)
Pedro Sánchez con Ximo Puig y Pilar Alegría. (EFE/Kai Forsterling)

El Gobierno está explorando diferentes medidas para combatir la inflación en los alimentos. Tras apuntalar el eje de la política de vivienda, con la norma para regular los alquileres y la movilización de activos públicos, el debate en el seno del Ejecutivo gira en torno a cómo aplacar el encarecimiento de la cesta de la compra. La principal bala en la recámara para impulsar la campaña electoral del 28-M. Sobre la mesa está la tarjeta prepago para la compra de alimentos, en línea con la implantada por el Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana.

Se trata de un bono que ya valoró en su momento el Gobierno central, pero finalmente se descartó para priorizar el cheque de 200 euros no finalista. "Menos complejo", según fuentes de Moncloa. Ahora se está monitorizando la iniciativa que ha puesto en marcha Ximo Puig para estudiar sus "resultados" y, en caso de que despeje dudas sobre el hecho de que no sea desfavorable para el pequeño comercio, se valorará extenderla a nivel nacional. "Lo miraremos como una buena práctica, pero a ver cómo funciona", indica un ministro socialista, aun reconociendo las dudas que les acarrea para "abarcar a todo el comercio".

Foto: Ximo Puig en la presentación del Bono Cesta de la Compra. (GVA)

El Bono Cesta de la Compra valenciano es una tarjeta prepago cargada con 90 euros que puede utilizarse durante cuatro meses en cualquier establecimiento que cuente con licencia para comercializar alimentos. Esto incluye a los supermercados, pero también a pequeños comercios y otro tipo de puntos de venta. La ley no permite hacer distinciones a la hora de distribuir ayudas públicas por razones de competencia.

La ayuda, dirigida a residentes en la Comunidad Valenciana, tributa en el IRPF y está vinculada al nivel de renta. Va dirigida a los sectores de la población con ingresos anuales inferiores a los 21.000 por unidad de convivencia y es compatible con cheque de 200 euros que ha habilitado también el Gobierno de España como apoyo económico contra la inflación. La solicitud de la ayuda puede hacerse de forma presencia o telemática. La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) es la encargada de filtrar las peticiones para resolverlas. La tarjeta se puede recibir de forma física en el domicilio o de forma virtual con una descarga en el móvil.

La Generalitat, que destina 48,8 millones de euros de su presupuesto a la medida, pretendía que las grandes cadenas de supermercados asumiesen una parte del coste, pero se encontró con muchas resistencias. Finalmente, ha arrancado un compromiso complementario de que los súper destinen un millón de euros a ONG y asociaciones benéficas para la compra de alimentos dirigidos a colectivos desfavorecidos. Han firmado el acuerdo Alcampo, Carrefour, Consum, Día, Dialprix, El Corte Inglés, Hiperber, Lidl, Más y Más, Mercadona, Spar y el pequeño comercio representado por Confecomerç y Unió Gremial.

La iniciativa se llevaba negociando desde finales del año pasado, pero ha sido ahora cuando se ha puesto en marcha

La iniciativa se llevaba negociando desde finales del año pasado, pero ha sido ahora, en plena precampaña electoral, cuando se ha puesto en marcha. La difusión del programa, a través de los canales de difusión de la Administración autonómica, ha recibido un toque de atención por parte de la Junta Electoral autonómica tras una denuncia del Partido Popular. El árbitro electoral ha obligado a eliminar "todo elemento valorativo que pueda tener connotaciones electoralistas" en las comunicaciones públicas del Bono de la Cesta de la Compra. Ha censurado frases como "política útil en tiempos de dificultad". También ha dado un tirón de orejas al barón socialista y aspirante a la reelección como presidente, Ximo Puig, por incluir referencias a la iniciativa en su cuenta de Twitter. La Loreg prohíbe destacar logros de gestión durante el periodo electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya reconocía el pasado martes durante su comparecencia en el Senado que "los precios de los alimentos siguen siendo altos" y que "la emergencia climática y la sequía están exacerbando esos precios". Mientras la inflación se frenó en marzo hasta el 3,3%, situando a España con la tasa más baja de la UE solo por detrás de Luxemburgo, el coste de los alimentos sigue por encima del 16%. El Banco de España también prevé que el IPC de los productos de alimentación cierre el año con un alza media del 12,2%, casi cuatro puntos y medio más por encima de la previsión de hace tres meses.

Frente a esta realidad, el jefe del Ejecutivo se comprometió durante su cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que "vamos a seguir trabajando para proteger a la mayoría social de nuestro país. Lo hicimos durante la pandemia, lo vamos a hacer ahora como consecuencia de la guerra". Durante el debate, tanto Feijóo como otros socios parlamentarios presionaron en esta línea al reprochar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, poniendo el foco en la inflación en el precio de la cesta de la compra.

Foto: La candidata de PSOE en Valencia, Sandra Gómez.

El Gobierno lleva varias semanas barajando nuevas medidas anticrisis, con el actual paquete vigente hasta finales de junio, y se decanta principalmente por ayudas directas. En materia de cesta de la compra se descartan medidas relacionadas con topar los alimentos, como las reclamadas por Unidas Podemos, al considerarse que van en contra las reglas de libre mercado. Tras seguir sus efectos en otros países, se descarta también el modelo de la cesta de la compra antiinflación, a través de un acuerdo voluntario con los supermercados, como que lleva proponiendo desde el pasado verano la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Fuentes de la cúpula del ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas ponen en duda esta última medida aplicada en Francia porque, según argumentan, en el país vecino no está teniendo buenos resultados. Tras el primer mes de su implantación, alertan estas mismas fuentes, no provocó una bajada de la inflación en los alimentos, sino que subieron un 3% más.

El cumplimiento de las previsiones de déficit han permitido al Gobierno contar con unos 3.000 millones más para financiar ayudas sociales

El cumplimiento de las previsiones de déficit han permitido al Gobierno contar con unos 3.000 millones más para financiar ayudas sociales, que se buscan dirigir tanto a los sectores más vulnerables como a las clases medias en general. La intención del Gobierno es "seguir renovando medidas" en función del impacto de la inflación, ya no a nivel general, sino en "productos concretos" para extender estas ayudas. De ahí que se apunte a la cesta de la compra.

Las ayudas como el cheque de 200 euros a las familias siguen siendo las que más se valoran para evitar otro tipo de intervenciones. Desde la vicepresidencia segunda se coincide en extender las ayudas directas a través de la ampliación del cheque de 200 euros o con fórmulas directas desde la Agencia Tributaria, pero con la exigencia de acelerarlas lo máximo posible. Para la parte morada de la coalición, es urgente seguir tomando medidas por el alza de precios en la alimentación y la subida de las hipotecas.

El último decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania incluyó medidas de gasto extraordinario, como el cheque de 200 euros, con un coste para las arcas públicas estimado en 1.300 millones, además de la rebaja temporal del IVA a productos seleccionados con un coste fiscal de 660 millones o el mantenimiento de otras iniciativas, como la ayuda a los carburantes para determinados colectivos, con un coste estimado en 1.500 millones. Junto al resto de ayudas y rebajas fiscales, se calculó una movilización de 10.000 millones de euros. En total, la cantidad movilizada desde el inicio de la guerra hace un año llegaría a los 45.000 millones de euros.

El Gobierno está explorando diferentes medidas para combatir la inflación en los alimentos. Tras apuntalar el eje de la política de vivienda, con la norma para regular los alquileres y la movilización de activos públicos, el debate en el seno del Ejecutivo gira en torno a cómo aplacar el encarecimiento de la cesta de la compra. La principal bala en la recámara para impulsar la campaña electoral del 28-M. Sobre la mesa está la tarjeta prepago para la compra de alimentos, en línea con la implantada por el Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana.

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