La Moncloa aprovechará la recaudación extra para nuevas medidas anticrisis antes del 28-M

El Gobierno confía en disponer de gasto extra para financiar nuevas medidas sociales a partir del mes de abril. En función de los datos de recaudación y déficit del ejercicio 2022, que se conocerán el próximo mes de marzo, se definirá el alcance de un próximo paquete anticrisis. Según explican fuentes de la Moncloa, se espera un incremento para poder prorrogar iniciativas ahora en vigor que caducan en junio o adelantando otras nuevas en función de la coyuntura. A corto plazo, por tanto, no están previstas acciones con coste para las arcas del Estado, como las exigidas por Unidas Podemos para paliar la subida del precio de los alimentos.

El Ministerio de Hacienda ha trasladado su rechazo a la propuesta lanzada por Derechos Sociales para bonificar en un 14,4% el precio de la cesta de la compra al considerar que, más allá del gasto que conlleva, dejaría desprotegido al pequeño comercio y de proximidad. En el Ejecutivo, defienden la rebaja del IVA como la medida más efectiva y rápida de articular, por lo que no se descarta extenderla a la carne y el pescado. Eso sí, a partir del mes de abril y en función de si aumenta la recaudación prevista en los actuales presupuestos. Una recaudación en IRPF e IVA que se prevé récord en el proyecto de presupuestos para 2023, gracias al aumento de las bases imponibles por la inflación, al igual que lo fue en el proyecto de presupuestos del ejercicio anterior.

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El Gobierno pretende retomar la iniciativa tras unas semanas aciagas por la reforma de la ley del solo sí es sí y la crisis derivada entre los socios, pero reservándose las medidas más vistosas para la precampaña de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Poner en valor las iniciativas sociales aprobadas por el Ejecutivo y cambiar el foco hacia lo que todavía está por hacer en beneficio de las clases medias y trabajadoras, además de las más castigadas por la crisis. De ahí que este martes se llevase al Consejo de Ministros el reparto de los 2.520 millones de euros asignados en becas ya presupuestados, como anunció el pasado sábado Pedro Sánchez en un acto del partido en Zaragoza, y que se hayan acelerado las negociaciones para desbloquear la ley de vivienda, que regulará el precio de los alquileres.

El socio minoritario del Gobierno ha incrementado la presión para echar mano de la partida reservada en los presupuestos de 2023 para combatir la inflación y poder poner su sello en este gasto. Sin embargo, desde Hacienda explican que esta cantidad, cifrada en 10.000 millones de euros, está vinculada al actual paquete anticrisis aprobado a finales del pasado año.

Fuentes moradas del Ejecutivo, con todo, trasladan que han tenido conversaciones con la oficina económica de la Moncloa sobre la viabilidad de echar mano de este colchón para bonificar una rebaja en el precio de los alimentos. En la parte socialista del Ejecutivo, no ven margen de gasto por el momento e insisten en vincular futuras acciones sociales a que los datos del mes de marzo sobre el cierre fiscal de 2022 avancen una recaudación extra sobre lo previsto.

El último decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania incluyó medidas de gasto extraordinario, como el cheque de 200 euros, con un coste para las arcas públicas estimado en 1.300 millones, además de la rebaja temporal del IVA a productos seleccionados con un coste fiscal de 660 millones o el mantenimiento de otras iniciativas, como la ayuda a los carburantes para determinados colectivos, con un coste estimado en 1.500 millones. Junto al resto de ayudas y rebajas fiscales, se calculó una movilización de 10.000 millones de euros. En total, la cantidad movilizada desde el inicio de la guerra hace un año llegaría a los 45.000 millones de euros.

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El Ejecutivo es optimista sobre la disponibilidad de recursos por el margen que habría tras el cierre fiscal de 2022 y el socio minoritario desconfía de iniciativas cuya autoría eviten compartir los socialistas por el contexto preelectoral. Es por ello que se han puesto en alerta y comenzado a lanzar diferentes propuestas para paliar el impacto en las familias de la subida de precios, especialmente en los alimentos, pero también respecto a las hipotecas o el acceso a la vivienda. Precisamente, desde el PSOE se afea a sus socios que estén sacando a la luz pública estos debates con acusaciones a la parte socialista de "no hacer nada", por el contexto preelectoral.

Las ayudas directas, como el cheque de 200 euros dirigido a 4,2 millones de hogares, son las actuaciones que más está poniendo en valor el Gobierno, deslizando que de promover otras nuevas irían en este sentido. Cheques y extensión de la rebaja del IVA a los alimentos, que además de estar limitada solo a ciertos alimentos, tiene una extensión temporal, durante el primer semestre del año.

Para Unidas Podemos, estas medidas no son suficientes. Se urge a tomar otras nuevas, sin esperar a los datos del primer trimestre sobre la recaudación. Tanto con coste para las arcas públicas como orientándolas a financiarlas con cargo a los márgenes de las empresas con beneficios extraordinarios por la inflación. Entre estas, incluyen a los grandes supermercados. Algo que se niega desde Hacienda, limitando estos beneficios extraordinarios por la crisis inflacionaria a la banca y las energéticas.

"Los grandes supermercados son parte del problema en el precio de los alimentos. Están especulando mientras la gente sufre. Necesitamos intervenir el mercado o implementar la bonificación del 14%. No hacer nada no es una opción", arremetía a través de las redes sociales la titular de Derechos Sociales tras conocerse el resultado de la reunión de Agricultura con los diferentes actores de la cadena alimentaria.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a trasladar durante los últimos días a la parte socialista su propuesta de crear una cesta con precios limitados en concertación con las distribuidoras de alimentación, siguiendo el modelo francés que Emmanuel Macron tiene previsto implantar a partir del mes de marzo. E incluso ha deslizado la posibilidad de que si no hay acuerdo en esta línea se puede recurrir al artículo 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. En este, se determinan las excepciones por las que el Gobierno puede fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos.