Los retos de Ximo Puig a cinco meses de las elecciones: luchar contra la inflación y más empleo

Escalada de precios, fondos europeos, desempleo y problemas de la vivienda. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con su equipo de presidencia el primer día laborable del nuevo año. La intención era clara: marcar la agenda de 2023 a escasos cinco meses de las próximas elecciones. La preocupación por el impacto de la inflación en las familias continúa siendo el principal eje sobre el que girarán las políticas del barón socialista. “Es el impuesto más injusto”, sentenció este lunes ante los medios de comunicación desde la localidad de Aldaia.

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El barón del PSOE acordó con su equipo hacer un seguimiento de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo regional para paliar el alza de los precios. El pasado 30 de diciembre, en su discurso de Fin Año, señaló directamente esta cuestión como la “prioridad máxima” para el nuevo ciclo. El president trató de paliar la escalada con la reducción del coste del transporte público, la rebaja del 10% de las tasas autonómicas y la paralización del cobro del canon de saneamiento de aguas. Ahora, la intención es la de comprobar si el efecto es el deseado tras meses en funcionamiento o si es necesario modificar alguna de las pautas.

El otro gran reto del Consell es el de captar el máximo de fondos europeos posibles para mejorar la situación del empleo en la comunitat. Y no perder el foco del problema de la vivienda –que afecta especialmente a los jóvenes–, y la sanidad, que lleva meses sobre la mesa. De hecho, hace apenas una semana, la consellería de Sanidad y los sindicatos médicos consiguieron cerrar un acuerdo para iniciar un proceso de negociaciones que atienda a las demandas de los sanitarios.

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Con esta cascada de promesas trató de desviar el foco de los próximos comicios. “Tenemos mucha faena que hacer durante estos cinco meses hasta las elecciones”, destacó Puig. Añadió que no es el momento de tener una “mirada electoral, sino enfocados” en la correcta aplicación de los octavos presupuestos del Botánic y el impulso de grandes proyectos como la gigafactoría de Volkswagen. El Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros una subvención 90 millones al ejecutivo autonómico valenciano para impulsar la fábrica de baterías.

Frentes abiertos

Esta declaración de intenciones se produce en un momento tenso para el partido. El caso Azud salpica la imagen de los socialistas a solo unos meses para las urnas, con un escándalo de presunta financiación irregular del PSPV. Como informó El Confidencial, las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han destapado supuestos pagos de empresarios contratistas de la Administración en 2007 y 2008, con la empresa Acuamed en el punto de mira. Las revelaciones señalan la existencia de una caja B para financiar actos electorales. Para quitar hierro al asunto, líder del Consell explicó un día antes de su último discurso del año que las personas relacionadas con el escándalo ya no militan en la formación.

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No es la única encrucijada en la que se encuentra. La guerra del agua que involucraba a diferentes comunidades autónomas se mantiene, más aún después de que se conociese este lunes que el Real Decreto del Plan del Tajo puede no incluir los últimos acuerdos con la Generalitat. Fue este pacto el que provocó el voto a favor de la Consellería de Agricultura al futuro del trasvase Tajo-Segura.

Tras conocer la información, los regantes pusieron el grito en el cielo y Ximo Puig no ha dudado en contestar a sus compañeros, asegurando que la región tomará las medidas que están a su alcance si el Ministerio no cumple con el acuerdo. "No estamos en guerra contra nadie, estamos sumando para generar igualdad y equidad en España", agregó. La oposición aprovechó la ocasión para arremeter contra el barón socialista y tratar de desactivar la hoja de ruta marcada para este 2023.