Puig advierte a Sánchez del coste electoral de la baja inversión y pactan "acelerar" obras

Es un clásico cuando hay una discrepancia política entre administraciones predispuestas a ponerse de acuerdo: crear una comisión bilateral o conjunta para hacer un seguimiento y tratar de arreglar el conflicto. Que de forma general sirvan realmente para algo es más dudoso. Si encima hablamos de inversiones públicas, se convierte ya en un acto de fe. Sea como sea, esa es la fórmula elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat valenciana, que preside el también socialista Ximo Puig, para intentar contrarrestar las críticas que el Ejecutivo del líder del PSOE ha recibido tras conocerse a finales mayo un informe de la Intervención del Estado (IGAE) que refleja un nivel de ejecución de los principales organismos estatales de menos del 27% sobre lo previsto en la Comunidad Valenciana. El documento arroja un problema general de cumplimiento en los compromisos presupuestarios en España, excepto en la Comunidad de Madrid, donde las inversiones alcanzaron en 2021 un 184% sobre las cifras iniciales.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aterrizó este jueves en Valencia para reunirse con el barón socialista en el Palau de la Generalitat y anunciar la creación de un grupo de trabajo conjunto con reuniones trimestrales dirigido a "chequear" y hacer un seguimiento de los proyectos para tratar de "acelerar" las obras planificadas.

La iniciativa, de corte político y cuya efectividad está por ver, ha surgido después de que el propio Puig contactase telefónicamente con el presidente Sánchez para advertirle de las críticas que estaba recibiendo en la autonomía el Gobierno, del coste electoral que podía acarrear y pedirle soluciones para cumplir con los calendarios de las obras, según ha podido saber El Confidencial. No se trata de la comisión bilateral ya existente Gobierno-Generalitat. Sino de un grupo de trabajo específico.

La ministra, que recibió una lluvia de preguntas de los medios de comunicación cuestionando la acción de su departamento en su comparecencia con Puig, se excusó alegando que la pandemia y la guerra de Ucrania (que empezó en marzo, aunque el informe de la IGAE es del año pasado) han condicionado la capacidad de ejecución. "Nadie lo hubiera imaginado hace unos años", dijo.

Sánchez trató de compensar las bajas cifras de empresas estatales como Adif señalando que se han producido incrementos en otro tipo de inyecciones de fondos procedentes del Estado, como trasferencias a la Generalitat para vivienda. "No refleja con exactitud el volumen de obras que se están ejecutando", declaró sobre el balance de Intervención del Estado.

Opinión

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Víctor Romero. Valencia

Raquel Sánchez aprovechó la visita para comunicar que en el primer trimestre del presente ejercicio se han comprometido ya obras por 200 millones, "la mitad de todo lo ejecutado el año pasado", y anunció la inminente licitación del canal de acceso a Valencia, presupuestado en 475 millones de euros. Se trata de una obra previa a la construcción del llamado túnel pasante, clave para reordenar y soterrar todo el tránsito ferroviario que circula por la ciudad.

También avanzó licitaciones este año del acceso al Aeropuerto Miguel Hernández para conectarlo con la trama urbana de Alicante (80 millones) y la conexión sur del corredor mediterráneo con el puerto de Castellón. Son todo obras que llevan años en la agenda de reivindicación de infraestructuras en la Comunidad Valenciana. También anunció la rehabilitación y sustitución de la cubierta de la Estación del Norte de Valencia.

La ministra de Transportes defendió que uno de cada cuatro euros invertidos en el corredor mediterráneo ha recaído en territorio valenciano, que el presupuesto de 2022 para la comunidad multiplica en un 2,5% el que heredaron en 2018 y que "se ha duplicado con cerca de 3.000 millones el ritmo de licitación". En definitiva, Sánchez puso un ventilador de cifras para justificarse. Pero el balance de la Intervención es trasparente. Si la comisión de trabajo conjunta ha servido de algo y las promesas se cumplen, se conocerá en el próximo informe de la IGAE.