El 'yonqui del dinero' se complica su primer juicio tras un pacto del fiscal y su testaferro

Fue la imagen, casi grotesca, de las primeras operaciones anticorrupción en la Comunidad Valenciana y sus declaraciones y revelaciones estuvieron en el origen del llamado caso Taula, que puso patas arriba la gestión del Partido Popular de la provincia y la ciudad de Valencia. Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', arrancó este lunes sentado en el banquillo en el primer juicio que se celebra de aquellas diligencias abiertas en 2015. En concreto, se investiga el uso de varias sociedades controladas de forma indirecta por el principal acusado para desviar fondos procedentes de la empresa pública Imelsa, de la que era director-gerente, para uso personal y también para financiar dos campañas electorales en 2007 en Moncada y Vilamarxant del Partido Popular, que figura en la causa como responsable civil subsidiario.

La defensa de Benavent, cuya colaboración inicial con la Justicia derivó en una cascada de imputaciones a dirigentes populares como el expresidente provincial Alfonso Rus, empezó la serie de vistas topándose con la negativa del tribunal a anular las grabaciones que sirvieron para encender la instrucción judicial y con un pacto de conformidad entre la Fiscalía Anticorrupción y dos de los investigados que puede complicar a Benavent el resto de las vistas. Uno de ellos, José Estarlich, casado con la que en aquella época era la secretaria del 'yonqui del dinero', confesó que este le ofreció ponerse al frente de una sociedad, Berceo Mantenimientos, y que la mercantil sirvió para facturar a Imelsa por trabajos no realizados, que falsearon las cuentas y que parte del dinero se utilizó para comprar un apartamento en 2010 en Jávea que disfrutaba el propio Benavent. De hecho, iba a servir para unirlo a otro que tenía en la misma urbanización.

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"Conozco a Benavent desde 2009. Las cosas me iban mal en mi empresa y me propuso que fuese administrador de Berceo Mantenimientos y de otra empresa. No me da muchos argumentos, solo que él tenía un cargo público y no podía figurar", admitió. "Benavent utilizaba el dinero que se generaba en las cuentas. Buscábamos empresas para hacer simulaciones de trabajos para engordar facturas", declaró Estarlich en el primer día del juicio.

Fuentes judiciales apuntan a un pacto de conformidad que permitirá a este acusado evitar el ingreso en prisión, al igual que ocurrirá con Francisco Javier Márquez Suárez, responsable de la empresa andaluza Cyan Animatica, que facturó a Imelsa más de 40.000 euros por un espectáculo en el Museo Valenciano de la Modernidad y la Ilustración (Muvim) del quee acabó beneficiándose otra empresa, Themática Events, de Francisco García Barat, que la acusación vincula también a Benavent.

"Escasa credibilidad"

Esas dos conformidades, reconociendo la existencia de facturación fraudulenta, complican el giro en la estrategia de defensa del 'yonqui del dinero', que ha pasado de colaborar con la investigación del llamado caso Taula a poner en duda sus propias declaraciones y exigir la nulidad de las grabaciones que sirvieron para arrancar las diligencias, después de que fuesen llevadas a la Fiscalía Anticorrupción por la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, hoy 'consellera' de Trasparencia, Rosa Pérez.

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El nuevo abogado de Benavent, Juan Carlos Navarro, puso el énfasis en las cuestiones previas de la primera sesión del juicio, pidiendo la nulidad de las conversaciones por razones de cadena de custodia y por tratarse de archivos que salieron del ordenador que tenía en casa de su exsuegro, Mariano López. El propio letrado admitió ser consciente de la "poca credibilidad" de su cliente. "En algunos momentos ha dicho una cosa y en otros ha dicho otra", señaló. Aun así, tiene previsto mantener el giro en la estrategia de defensa, negando las imputaciones y poniendo en tela de juicio grabaciones y documentos. Está previsto que Benavent, que evitó a los medios de comunicación a la entrada y la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia, comparezca este miércoles.

El tribunal rechazó la petición. Aunque queda dilucidar si atenderá las alegaciones de la defensa cuando se produzcan las deliberaciones y los recursos en instancias superiores. El fiscal, que reclama ocho años de prisión para Benavent, ha solicitado una testifical de López para que se ratifique en el origen de las grabaciones.