Sánchez y Casado compiten por la foto en Valencia, pero no resuelven su gran problema

Piense en este número: 51.117 millones de euros. Ahora divídalo entre 4,975 millones de personas y podrá hacerse una idea del nivel de endeudamiento de la Generalitat valenciana: 10.274 euros por habitante. La Comunidad Valenciana se ha consolidado como la autonomía más endeudada de España en relación con su producto interior bruto (PIB).

El pasivo alcanza el 49,4% de la riqueza que genera anualmente, frente al 27,7% de media en España. En Cataluña, el territorio más endeudado en términos absolutos, el porcentaje sobre el PIB es del 38%. El 41% en Castilla-La Mancha; el 37,5% en Murcia. En el extremo contrario, el de las regiones menos hipotecadas, se sitúan Canarias (15,9%), País Vasco (16,4%) y Madrid (16,5%), según el último boletín trimestral del Banco de España.

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Así, a bote pronto, lo fácil es pensar que los valencianos son unos manirrotos que llevan años viviendo por encima de sus posibilidades. Pero eso no es cierto. La Comunidad Valenciana es la novena comunidad en gasto público por habitante, según los presupuestos del año pasado. Ha mejorado en los últimos ejercicios, pero lleva años gastando por debajo de la media en sanidad o en educación.

La razón de este desajuste es un déficit cronificado derivado del actual sistema de financiación autonómico, aprobado en 2009 y caducado desde 2014. Ni Mariano Rajoy durante sus dos mandatos ni Pedro Sánchez hasta ahora han llevado al Congreso una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para corregir los desequilibrios.

El modelo se basa en una serie de fórmulas para redistribuir los tributos que recauda el Estado, básicamente IRPF, IVA y sociedades, y los fondos que recibe de Europa. Según la última liquidación (2018) analizada por Fedea, el ‘think tank’ dirigido por Ángel de la Fuente que mejor conoce y ha estudiado el sistema de reparto, la Comunidad Valenciana volvió a ocupar un año más el farolillo rojo en el reparto. Las diferencias entre unos territorios y otros son notables: la Generalitat recibió 2.524 euros por “habitante ajustado”, la cápita corregida por criterios como envejecimiento, dispersión, insularidad. Cantabria, en cabeza de la lista, percibió 3.200 euros. Son 676 euros más por persona. Casi 30 puntos de diferencia sobre una base 100.

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Según confesó la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ausencia de mayorías y el clima de confrontación política con el Partido Popular impiden aprobar un nuevo modelo. Suena a excusa, pero el actual líder del PP, Pablo Casado, que como Sánchez promete revisar el reparto cada vez que aterriza en Valencia, tampoco se ha ofrecido a respaldar la propuesta que mande el Gobierno al Parlamento con el fin de garantizar la mayoría absoluta que necesita la modificación legal para salir adelante. En clave interna, está pesando más en la posición popular el inmovilismo de Alberto Núñez Feijóo (Galicia recibe por encima de la media) que el afán reformista de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que junto a la Comunidad Valenciana y Murcia congrega el trío de las más castigadas en el reparto.

Presionada por la Comunidad Valenciana y Andalucía, Montero prometió el jueves reabrir "en breve" las conversaciones. Pero todo el trabajo técnico, con las aportaciones de los expertos designados por autonomías, ya se realizó durante la etapa de Cristóbal Montoro en Hacienda. Esa fase sirvió para evidenciar las diferencias de criterio entre las autonomías, a la vez que también arrojó un consenso: que habría una solución si el Gobierno central hiciese una aportación extra al sistema para compensar a los más castigados del sistema caduco sin perjudicar en términos absolutos a los más beneficiados. La pelota está en el tejado del Gobierno y los partidos.

El fondo 'mágico' de nivelación

Fedea ha propuesto crear al menos un fondo de nivelación que corrija de forma transitoria los desequilibrios. Pero Hacienda no lo ha contemplado hasta ahora. Y, mientras tanto, el agujero valenciano crece, pese a las cesiones que la ministra ha hecho a la hora de fijar los mecanismos de distribución del fondo covid de 16.000 millones de 2020 y de los 13.000 millones previstos para 2021, con criterios más justos que los del sistema de financiación.

Los líderes de los dos principales partidos españoles, incapaces también de ponerse de acuerdo en otros asuntos de Estado, como la renovación de los órganos judiciales, se juegan su próximo futuro político por un puñado de escaños. Y han decidido echar el resto en la Comunidad Valenciana, donde hay en juego 32 escaños al Congreso. Sánchez celebrará en Valencia en octubre el congreso federal. La elección de la sede pretende contribuir al apuntalamiento también del barón socialista Ximo Puig.

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Para contrarrestar, Casado llevará también en octubre a la capital del Turia la convención nacional de los populares, que sueñan con recuperar la hegemonía en un territorio que fue uno de sus graneros de votos durante 20 años, hasta el cambio político de 2015. El cónclave conservador se usará también para dar visibilidad el delfín regional, Carlos Mazón, más que probable rival de Puig en las próximas elecciones valencianas.

Un 'déjà vu' en otoño

Si nada cambia, el próximo otoño Sánchez y Casado harán lo que han hecho ya en varias ocasiones. Llegarán, se harán la foto, soltarán su discurso e incluirán unas cuantas referencias locales para contentar a la parroquia anfitriona. Una ración de corredor mediterráneo por aquí; cuarto y mitad de financiación por allá. Y hasta la próxima. Un ‘déjà vu’ auténtico.

El problema es que el crédito ya está agotado. Empresarios y agentes sociales ya no se creen los discursos, las organizaciones territoriales de los partidos critican fuera de micro a sus mayores y partidos sin hipotecas en esta materia como Compromís o Ciudadanos arremeten sin complejos contra la falta de iniciativa en favor de la reforma.

"Lo hemos dicho muchas veces: lo que valía para Montoro vale para Montero y para quien se nos ponga por montera, para quien venga"

"Lo hemos dicho muchas veces: lo que valía para Montoro vale para Montero y para quien se nos ponga por montera, para quien venga", señaló el viernes la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que habló además en nombre del Ejecutivo de Puig en calidad de portavoz del Consell, una señal del malestar, todavía disimulado, que existe en el Palau de la Generalitat con la falta de respuesta de Moncloa.

“Las razones que había para manifestarse en 2017 siguen estando en 2021”, señalan en referencia a la marcha que reunió a miles de personas por las calles de Valencia hace tres años y medio en una acción de protesta bastante multitudinaria para tratarse de un asunto tan árido como la financiación.

Sería extraño que el ‘president’ Puig empujase ahora una concentración contra el Gobierno por dar largas, pero el vaso de la indignación por las promesas incumplidas está empezando a desbordarse. Así que mientras Sánchez pone todos los huevos en Cataluña con los indultos y la 'operación de Estado' para recuperar la normalidad en el córner noreste del país, un poco más abajo se va acumulando malestar. Que nadie se lleve a sorpresa si después las urnas no responden.