Sánchez aleja la reforma de la financiación autonómica para centrarse en sacar los PGE

La reforma de la financiación autonómica está empezando a convertirse en un asunto incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos va dando pataditas hacia adelante a su compromiso de tener preparada este otoño una propuesta de nuevo modelo para poder remitirla al Consejo de Política Fiscal, primero, y al Congreso de los Diputados, después. Los socialistas firmaron en enero un acuerdo con Compromís para asegurarse su voto en la investidura de Sánchez como presidente. Uno de los puntos de mayor calado político fue la promesa de presentar en el plazo de ocho meses un nuevo modelo que sustituya al sistema vigente de reparto de recursos entre las autonomías caducado desde 2014 y que ha generado muchos desequilibrios, con diferencias de hasta 27 puntos sobre una base 100 entre la mejor financiada, Cantabria, y la que menos dinero recibe por habitante ajustado, la Comunidad Valenciana.

El término de ocho meses se cumplió la semana pasada. En ese tránsito, el Gobierno ha ido lanzando mensajes de demora sin renunciar abiertamente a su promesa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en una comparecencia en el Congreso justo antes de estallar la pandemia que pondría encima de la mesa un "esqueleto básico" de nuevo modelo entre octubre y noviembre. El pasado viernes, en una entrevista en la televisión pública valenciana À Punt, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dio prácticamente por descartada la posibilidad de que el pistoletazo de salida llegue en noviembre, aunque sin descartar la intención de abordar la negociación más adelante. "Nuestro compromiso es hacerle frente. Es un pacto de investidura con Compromís y hay que cumplirlo y, además, en el caso la Comunidad Valenciana es más necesario", aseguró.

El plazo de ocho meses pactado en enero con Compromís ya se ha cumplido. Ábalos también descarta noviembre, como prometió Montero

Lo cierto es que el Gobierno tiene montado un circo de tres pistas de negociaciones cruzadas con un amplio abanico de fuerzas parlamentarias en el que el cambio del sistema de financiación (que básicamente es el mecanismo por el cual el Estado trasfiere los fondos recaudados vías tributos a las autonomías para que cubran su gasto en educación y sanidad) nunca parece encontrar hueco. Ahora Sánchez está enfrascado en la búsqueda de apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y la reforma del sistema se ha desplazado a un genérico "antes de final de año". Así se ha incorporado en los objetivos del Pacto de Reconstrucción.

La reforma del modelo de financiación debe negociarse en dos niveles institucionales. El primero es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo. El Gobierno tiene voto de calidad, pero suele ser habitual la búsqueda de consensos en el órgano antes de adoptar decisiones por imposición. El CPFF tiene prácticamente hecho el trabajo técnico. Las autonomías han remitido sus propuestas y los expertos han elaborado sus recomendaciones. Se hizo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no llegó a dar el último paso previo a la negociación política, presentar una propuesta gubernamental, por la presión de los territorios contrarios a grandes cambios, principalmente los situados en el noroeste de España.

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Víctor Romero. Valencia Juanma Romero

Fuentes cercanas a los técnicos negociadores coinciden en que hay un cierto consenso en que si el Estado elevase la aportación a la tarta autonómica para compensar transitoriamente a los territorios que van a perder recursos en favor de otros para reequilibrar el sistema podría haber un acuerdo amplio, previo al debate en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendría que buscar apoyos parlamentarios para una reforma por mayoría absoluta de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca).

El Gobierno podría usar el fondo no reembolsable como argumento para frenar a las CCAA más reivindicativas y pedir más tiempo

Esa nivelación vertical es la que defiende, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, y buscaría amortiguar el enfrentamiento entre las regiones mejor financiadas y las que peor lo están a la hora de modificar el actual 'statu quo'. El runrún político que empieza a circular con fuerza es que el Ejecutivo de Sánchez podría dar por cubierto provisional y temporalmente su compromiso de cambiar la fórmula de reparto a corto plazo con el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que inyecta recursos adicionales principalmente en sanidad y educación para atender las necesidades de la pandemia. Para distribuir los fondos, el Gobierno ha primado la incidencia territorial del Covid y su impacto en la caja sanitaria y hospitalaria de las autonomías. Pero para el resto de criterios ha ponderado el de la población, una reivindicación clásica de los territorios peor financiados.

Se trata de recursos extraordinarios, que no resuelven el problema estructural de los desequilibrios territoriales. Es una música insuficiente para los barones populares de Murcia y Andalucía, Fernando López Miras y Juan Manuel Moreno Bonilla, pero permite al presidente valenciano, Ximo Puig, sortear la presión de sus socios de Compromís y ganar tiempo. Aunque el barón socialista insiste en sus comparecencias en que la reforma del sistema es "irrenunciable", ha comenzado a lanzar mensajes de que el Gobierno "ha cambiado su visión" sobre cómo distribuir recursos.

Aun así, Sánchez tendrá que hacer nuevos gestos si quiere ganarse el único voto de Compromís a los PGE. Quizás el PSOE está ahora menos necesitado de amarrar hasta el último parlamentario posible porque Ciudadanos ha entrado en la ecuación y el abanico es más amplio. Aun así, en declaraciones a El Confidencial, el diputado valencianista Joan Baldoví advierte: una posición poco comprometida del PSOE con la reforma de la financiación "podría condicionar nuestro voto a los Presupuestos". El tiempo corre.