El fiscal pide 12 años para Fabra y cuatro a Fernando Roig por insolvencia y cohecho

La Fiscalía Anticorrupción de Castellón reclama penas elevadas cuando se celebre el juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y su familia por haber ocultado presuntamente patrimonio a la Hacienda Pública y a la Administración de Justicia y haber incumplido las obligaciones de la sentencia que condenó al expolítico del Partido Popular en 2013. El Ministerio Público ha presentado un escrito de acusación en el que respalda la decisión del juez instructor Jacobo Pin de procesar tanto a Fabra como a los tres empresarios que, presuntamente, le dieron respaldo económico en forma de préstamos y operaciones financieras que el magistrado cree simuladas.

Para el primero, reclama 12 años de prisión en total por los delitos de insolvencia punible y frustración de condena (seis años), blanqueo de capitales (cinco años) y cohecho (un año), además de hasta tres años de inhabilitación para cargo público. Para María Amparo 'Mampa' Fernández, esposa de Fabra, solicita cuatro años por insolvencia punible y tres por blanqueo, siete en total, según ha podido saber El Confidencial.

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Algo menor es la carga de la acusación para el empresario y dueño de Pamesa y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig. La Fiscalía pide cuatro años y siete meses de pérdida de libertad, de los cuales tres años y 10 meses se corresponden con un supuesto delito de cooperación necesaria en la insolvencia y nueve meses por cohecho. Es la misma pena que reclama para Fernando Roig Negueroles, hijo del también hermano de Juan Roig, dueño de Mercadona. Según el instructor, en un relato que corrobora el fiscal, Fernando Roig, que está superando ahora mismo un proceso de covid, y su hijo realizaron operaciones de préstamo a Fabra por valor de 1,7 millones entre 2013 y 2014 desde sociedades y cuentas a su nombre.

Esas trasferencias, un préstamo personal de 1,4 millones desde la mercantil Nerofer (ahora Portovan) y un cheque de otros 300.000 euros que Fernando Roig extendió en favor de Fabra, según el juez, no fueron devueltos en su totalidad, sin que el empresario de Castellón exigiese o ejecutase la garantía de los mismos, el chalé que la familia del expolítico popular tiene en la urbanización Les Platgetes de Oropesa, sobre el que pesaba ya otra hipoteca de Bankia de 1,2 millones, y que el juez ha embargado.

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El juez cree, además, que esas entregas de dinero "guardaban relación" con los patrocinios durante varios años del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) al Villarreal CF. En concreto, se refiere a un acuerdo de 8,1 millones de euros cuyo borrador fue encontrado en casa de Fabra, que fue presidente y consejero de la sociedad autonómica de la Generalitat y llegó a ratificar en persona estas 'esponsorizaciones', tal como relató El Confidencial. Los Roig están inmersos en otro procedimiento por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública en obras del estadio del club de fútbol para el que el Ministerio Público reclama también hasta seis años de prisión.

Nueve meses para Gimeno

La Fiscalía pide una condena muy inferior para Enrique Gimeno, dueño del grupo de servicios Facsa, y también procesado por el juez. A Gimeno le atribuye únicamente un delito de cohecho, por el que reclama nueve meses de prisión.

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La parte acusadora reitera el relato del auto de procedimiento abreviado del magistrado en el que explica que Fabra y su mujer “urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales” con el auxilio de sus hijos. Según el juez, la “situación de aparente penuria económica” que aparentaba el principal investigado no encaja con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros. También se contradice con el hecho de “haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”, señala el auto de procesamiento.