El juez envía a juicio a Fabra y a Fernando Roig por ocultar patrimonio y cohecho

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia, Carlos Fabra, al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero, según detalla un comunicado difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, María Amparo Fernández, dos de sus hijos (Borja y Claudia), un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros 11. Entre los empresarios que el instructor Jacobo Pin propone juzgar están el dueño de Pamesa y el Villarreal Club de Fútbol, Fernando Roig, y su hijo Fernando Roig Negueroles, quienes habrían realizado operaciones de préstamo a Fabra por valor de 1,7 millones que el juez cree que no son reales.

También señala el auto a Enrique Gimeno, de la empresa Facsa, como responsable de operaciones por valor de 1,25 millones.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía pide seis años para Fernando Roig por fraude en el estadio del Villarreal CF

EC/Agencias

El juez atribuye indiciariamente al político delitos de frustración de la ejecución de sentencia en concepto de autor. A los familiares y los empresarios le atribuye la misma tipificación como cooperadores necesarios. También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, “si bien puntuales y no continuados”, en la actuación de los Roig, Gimeno y Miguel Pérez Ferrer, vinculado a los Roig y amigo de la familia Fabra. Por último, cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación con el expresidente de la diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y Alejandro Lorca, presunto testaferro de la familia, como cooperadores necesarios.

El auto, que puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de 10 días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El magistrado-juez de adscripción territorial, que ejerce como sustituto en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, relata en la resolución que Fabra y su mujer “urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales”. Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales. En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio “con el auxilio” de sus hijos Borja y Claudia y del marido de esta, Fernando Castro.

TE PUEDE INTERESAR

Fernando Roig traspasó 1,7 millones a Fabra que el juez considera créditos simulados

Víctor Romero. Valencia

Según el juez, la “situación de aparente penuria económica” que exhibía el principal investigado no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros. También se contradice con el hecho de “haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”, señala el auto del que ha informado el TSJ.

Las transferencias de fondos se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra “en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia”, señala el auto. Como consecuencia de las actuaciones, el magistrado ha inmovilizado diversos bienes, entre ellos un chalé a nombre de la familia Fabra en la urbanización Les Platgetes de Oropesa (Castellón) y otra casa en la lujosa urbanización madrileña de La Finca que figura a nombre de una sociedad controlada por Claudia Fabra, tal como informó El Confidencial.