El juez embarga el chalé de Oropesa que Fabra usó como garantía con Fernando Roig

El Juzgado de Instrucción 4 de Castelló ha ordenado la inmovilización del chalé que el expresidente de la Diputación de Castellón y del Partido Popular de esta provincia Carlos Fabra empleó como garantía de un préstamo personal de 1,4 millones de euros concedido por una sociedad de Fernando Roig, propietario de la ceramista Pamesa. El magistrado Jacobo Pin ha remitido al Registro de la Propiedad de Oropesa una orden que prohíbe disponer del inmueble, sobre el que pesa una segunda hipoteca en favor de Bankia por importe de 1,2 millones de euros, anterior a la que los Roig suscribieron a través de la mercantil Nerofer, administrada por Fernando Roig Negueroles, hijo del también presidente del Villarreal Club de Fútbol. Nerofer fue absorbida por Portovan, la firma patrimonial del empresario hermano de Juan Roig, dueño de Mercadona.

La casa embargada por orden judicial tiene 539 metros edificados con una piscina de casi 40 metros cuadrados. Se levanta sobre una parcela de 1.126 metros en la exclusiva urbanización Les Platgetes de Oropesa, la misma en la que durante algunos años veraneó el expresidente del Gobierno José María Aznar, y en la que Fabra ejercía de anfitrión estival de las reuniones de ocio de altos cargos del Partido Popular en su etapa de barón provincial con mando en plaza en la formación conservadora.

El inmueble, sin embargo, no está a nombre de Carlos Fabra, sino de su exmujer, María Amparo (‘Mampa’) Fernández, y de los cuatro hijos del matrimonio. Según algunas crónicas, trataron de venderlo en 2016, sin éxito. El juez sostiene que el hecho de tener una primera hipoteca de Bankia hace prácticamente inviable por parte de los segundos acreedores ejecutar la garantía, razón por la que considera que “en la práctica”, tanto este préstamo como otro cheque de 300.000 euros que Fernando Roig libró en agosto de 2014 en favor de una de las cuentas bancarias de Carlos Fabra son en realidad entregas “a fondo perdido”, y ha citado como investigados a Fernando Roig y a su hijo.

La causa tiene su origen en una investigación abierta por la Agencia Tributaria y la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, tras detectar que Fabra manejaba unos ingresos medios de 19.000 euros al mes en efectivo, pese a tener pendiente de pago cerca de un millón de euros procedente de la causa por la que fue condenado por cuatro delitos fiscales en 2013 y que le llevó a la cárcel durante 16 meses.

El expolítico de Castellón adeuda fondos a Hacienda y el pago de parte de la multa impuesta por aquella sentencia. Sin embargo, el juez cree que Fabra ha contado con dinero con una “sospecha razonable de procedencia ilícita, al carecer de justificación apreciable”. En su primera declaración ante el instructor Jacobo Pin, el expresidente de la Diputación de Castellón no explicó el origen del dinero y contestó solamente a preguntas de su abogado.

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Que la familia Roig estaba asumiendo un riesgo elevado al usar como garantía del préstamo la casa familiar de los Fabra en Oropesa es algo que difícilmente podían desconocer. La hipoteca fue inscrita como segunda carga en el Registro de la Propiedad de la ciudad costera castellonense, donde ya figuraba un asiento anterior por la primera hipoteca firmada en 2007 con Bancaja (hoy Bankia). El banco obtuvo esta garantía por un préstamo de 1,2 millones de euros con vencimiento en 2032 y un interés anual del 4,75%.

El crédito de Nerofer era todavía más elevado: 1,4 millones a devolver en dos años y un interés del 12% anual. Según el documento acordado por las partes, el préstamo tendría que haberse devuelto en 2015, pero no fue así. En respuesta al juez, la sociedad heredera de Nerofer, Portovan, señaló que “se encuentra pendiente de instar ejecución, dado que existe una carga preferente sobre la referida finca hipotecada”. No constan anotaciones de ejecución por parte de Bankia como consecuencia de algún impago, pero el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri es el primer acreedor en orden de prelación en caso de mora. Incluso aunque Fabra estuviese al corriente con la entidad financiera, pero no con Fernando Roig, este tendría que esperar a que primero cobrase Bankia en caso de ejecución y subasta del bien.

Con una carga de 2,6 millones a sus espaldas, los Fabra pusieron la casa a la venta en 2016. Así se publicó en aquellas fechas. No encontraron comprador.

El PP le pagó 58.920 euros

Los Roig no fueron los únicos que realizaron traspasos de fondos a Carlos Fabra durante los años en que se vio forzado a dejar la primera línea política por sus problemas judiciales y los tribunales inmovilizaron sus bienes. El auto emitido por el magistrado señala también operaciones de garantía financiera en favor del expolítico prestadas por Facsa, la sociedad del empresario Enrique Gimeno, condenado por la Audiencia Nacional en la causa de la financiación irregular del PP valenciano y la trama Gürtel. Facsa fue una empresa que se benefició de contratos con la Diputación de Castellón durante la etapa de Fabra como presidente, según recuerda el juez.

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Otra de las empresas investigadas es la constructora Becsa, ligada al empresario Luis Batalla. Becsa también transfirió a una sociedad de Borja Fabra, Sipcas, 232.897 euros, de los cuales más de 200.000 fueron a parar a la cuenta de Carlos Fabra. La constructora habría justificado esos pagos por servicios de consultoría y asesoría y por los “amplios contactos y relaciones a nivel internacional” de Sipcas. Se elaboraron facturas por supuestas gestiones relativas a operaciones en Irak, Kuwait o Marruecos, pero el juez sostiene que no hay constancia de tales gestiones ni de su resultado, y que la sociedad de Borja Fabra carecía de tal experiencia.

El instructor también ha pedido explicaciones al Partido Popular de Castellón por el ingreso entre abril y junio de 2021 de 58.920 euros en una cuenta en la que figuraba como autorizado Carlos Fabra. A requerimiento judicial, el gerente del PP provincial, José Antonio López, remitió tres facturas de la sociedad Asdecas por “trabajos y asesoramiento en temas de seguridad del Partido Popular y de sus miembros”. El juez señala que no consta documentación alguna acreditativa de tales trabajos y asesoramientos, los cuales, por otra parte, no guardan relación con el objeto social de Asdecas.