Fernando Roig traspasó 1,7 millones a Fabra que el juez considera créditos simulados
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Fernando Roig traspasó 1,7 millones a Fabra que el juez considera créditos simulados

El instructor que investiga al expolítico del PP por ocultar patrimonio cita como imputado al dueño de Pamesa, hermano de Juan Roig, a su hijo y a empresarios condenados por Gürtel

placeholder Foto: El dueño de Pamesa y el Villarreal, Fernando Roig. (EFE)
El dueño de Pamesa y el Villarreal, Fernando Roig. (EFE)

El dueño de la ceramista Pamesa y del Villarreal Club de Fútbol, Fernado Roig, entregó un cheque de 300.000 euros al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y asumió el riesgo de un crédito por otros 1,4 millones que podrían ser en realidad operaciones de préstamo simuladas. Así lo considera el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, cuyo actual titular, el magistrado Jacobo Pin, ha citado al empresario, hermano del presidente de Mercadona, Juan Roig, a su hijo y a otros conocidos empresarios de esta provincia para que expliquen las razones de los movimientos de fondos de los que se ha beneficiado el expolítico del Partido Popular con la posible complicidad de su familia.

Jacobo Pin lleva meses investigando un causa que salió a la luz en septiembre, cuando agentes de la UDEF registraron el chalé de Fabra en la Urbanización Les Platgetes de Oropesa del Mar. El instructor investiga si Fabra ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confimada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una mula de 1,4 millones como autor de cuatro delitos fiscales. Es decir, tanto la Fiscalía como el magistrado creen que pudo producirse una frustración de la ejecución del fallo, similar al alzamiento de bienes, para no atender la sanción económica impuesta añadida a la pena de prisión por la elusión fiscal a la Agencia Tributaria. Ese importe tiene que ser recaudado por la Administración de Justicia y revierte posteriormente en la Hacienda pública.

Los movimientos económicos destapados por el juez alcanzan directamente a Fernando Roig y su hijo Fernando Roig Negueroles, director general del Villarreal CF. Según un auto del juez adelantado este sábado por 'El Español' y 'Las Provincias', y al que tuvo acceso El Confidencial, el propio Fabra admitió que el dueño de Pamesa libró en favor de una de sus cuentas el 28 de agosto de 2014 un cheque de 300.000 euros. Fabra lo justificó por “la amistad que les unía” y admitió que “no ha podido devolver dicho préstamo”.

placeholder El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra (en la imagen, acompañado por su hija Andrea) el pasado mes de octubre cuando declaró ante el juez de Castellón. (EFE)
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra (en la imagen, acompañado por su hija Andrea) el pasado mes de octubre cuando declaró ante el juez de Castellón. (EFE)

Además de esta entrega, el instructor investiga otra operación de crédito que considera que "en la práctica" era "a fondo pérdido", en la que aparece un triángulo de tres sociedades vinculadas a la familia Roig: Migumi, Nerofer y Portovan, la patrimonial de Fernando Roig. El 15 de julio de 2013, Miguel Pérez Ferrer, como apoderado de Nerofer, sociedad administrada por Roig Negueroles, firmó la concesión ante notario de un préstamo personal a Carlos Fabra con garantía hipotecaria sobre la vivienda de Oropesa del Mar, de la que figurbana como copropietarios con un 20% cada uno, la exmujer del político, María Amparo (Mampa) Fernández Blanes, y los cuatro hijos del matrimonio: Borja, Andrea, Carlos y Claudia.

El crédito ascendía a 1,4 millones de euros a devolver en dos años. La vivienda en cuestión es una casa de 539 metros construidos sobre una parcela de 1.126 metros, con piscina. La fecha de construcción es de 1965. Sobre esa finca ya pesaba una hipoteca de Bancaja de 1,2 millones de euros de 2007, novada para devolver en 40 años. Se ubica en la Urbanización Les Platgetes, la misma en la que Fabra ejercía de anfitrión cuando el expresidente José María Aznar acudía a pasar las vacaciones con su familia y coincidía con otros altos cargos del Partido Popular. Esta vivienda, que Fabra intentó vender en 2016, fue registrada por los agentes de la UDEF en septiebre de este año, cuando salió a la luz la nueva causa penal contra el expolítico popular.

El préstamo de Nerofer se abonó en cinco cheques, de los cuales 850.000 euros se ingresaron en una cuenta de Borja Fabra y otros 450.000 en la de Migumi. Esta mercantil admistrada por Pérez Ferrer había realizado tres trasferencias que sumaban el mismo importe entre 2010 y 2013 en favor de Borja.

En su declaración ante el juez, Borja explicó que se trataba de un préstamo que había pedido a Pérez Ferrer “en favor de sus padres” “debido a la situación económica de estos”. Pero no explicó por qué no pidieron ellos el crédito y por qué no se elevó a escritura pública, según recoge el auto judicial.

Foto: Carlos Fabra, en una comparecencia en los juzgados. (EFE)

Nerofer fue absorbida por Portovan, mercantil del dueño de Pamesa, que terminó por asumir el riesgo de la operación financiera en favor de la familia Fabra. A requerimiento del juez, esta sociedad admitió que el préstamo no había sido devuelto y que “está pendiente de ejecución, dado que existe una carga preferente sobre la referida finca hipotecada”.

Según recoge el auto, Borja Fabra manifestó que le constaba que el inmueble doblemente hipotecado estaba tasado en dos millones de euros, pero no aportó a la causa ninguna documentación que respaldase tal afirmación. De hecho, en el préstamo de Nerofer se tasó el chalé en 1,4 millones. Pesaría sobre el mismo, a partir de entonces, una carga de 2,6 millones de euros, “lo que hace prácticamente inviable por parte de los segundos acreedores ejecutar la garantía”, señala el instructor.

Esos fondos procedentes de los Roig, y otros 300.000 euros transferidos por Miguel Valldecabres Polop, fueron casi los únicos movimientos registrados en la cuenta de CaixaBank de Borja Fabra, quien a su vez transfirió dinero a las cuentas personales de su padre, a la de la sociedad Asdecas, administrada por el propio Carlos Fabra, a otra mercantil de Borja y a una denominda Lirinlor, administrada por Alejandro Lorca, que se ha negado a contestar a las preguntas de los investigadores.

Foto: Carlos Fabra en 2019 (EFE)

Valldecabres también explicó que la trasferencia de 300.000 euros correspondia a un préstamo a Borja Fabra, que todavía no ha reintegrado importe alguno. No obstante aseguró que “en forma alguna se ha eximido al deudor del pago del importe adeudado y sus correspondientes intereses”, no habiendo iniciado acciones legales debido a la insolvencia del deudor y los gastos que supondría la reclamación judicial.

Según Borja Fabra, todas estas operaciones obedecían a “mandatos de su padre”, directamente o a través del gestor Miguel Izquierdo Dols, también investigado, que le indicaba cómo actuar con los fondos recibidos, los cuales estaban destinados, supuestamente, a afrontar sus responsabilidades pecuniarias penales y tributarias, careciendo de justificación, en principio, los distintos abonos a favor de terceras personas físicas o jurídicas.

Por todos estos hechos, el juez Jacobo Pin ha citado a declarar como investigados a Fernando Roig, a su hijo Fernando Roig Noguerales, a Miguel Pérez, en su nombre y en el de las mercantiles Migumi, Nerufer y Portovan.

Los Roig no son los únicos empresarios investigados por trasferir fondos a Carlos Fabra. También ha sido citado el dueño de la empresa de servicios Facsa, Enrique Gimeno, por prestar a Carlos Fabra garantías financieras por valor de 1,25 millones de euros. El instructor recuerda que Facsa fue una compañía que mantuvo importantes contratos con la Diputación de Castellón cuando el expolítico la gobernaba con mano de hierro. Gimeno ya fue condenado en la pieza del caso Gürtel correspondiente a la financiación ilegal de las campañas del PP valenciano tras confesar la entrega de fondos a sociedades de la trama de Francisco Correa para cubrir deudas de la formación popular por actos electorales en 2007 y 2008.

En esa causa de la Audiencia Nacional, también confesó y resultó condenado Gabriel Batalla, hijo de Luis Batalla, respresentante de la constructors Becsa. Según el juez Jacobo Pin, Becsa también trasfirió a una sociedad de Borja Fabra, Sipcas, 232.897 euros, de los cuales, más de 200.000 fueron a parar a la cuenta de Carlos Fabra.

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