transferencias directas a su cuenta bancaria

Carlos Fabra ingresó miles de euros de la Cámara de Castellón al margen de su nómina

El exbarón del PP, que se fue con 100.000 euros, prejubiló a su hermana con 52 años y una indemnización superior a 300.000 euros cuando era secretario general de la corporación

Foto: Carlos Fabra, el día que salió de la prisión de Aranjuez en aplicación del tercer grado. (EFE)
Carlos Fabra, el día que salió de la prisión de Aranjuez en aplicación del tercer grado. (EFE)

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra hizo y deshizo a su antojo en la Cámara de Comercio de Castellón durante los dos años largos que estuvo al frente de la secretaría general de la entidad, tras abandonar la Diputación de Castellón y la presidencia provincial del PP en 2011, acosado por los escándalos.

El político, condenado por fraude fiscal en diciembre de 2013, se benefició de movimientos en las cuentas de la corporación pública con hasta 60.000 euros, al tiempo que percibía su nómina mensual, que superaba los 5.000 euros (90.000 euros al año), y pactó con la presidenta, Dolores Guillamón, una salida por la que se embolsó algo más de 100.000 euros poco antes de entrar en la cárcel.

La corporación pública se escuda en que las trasferencias eran "anticipos de salarios", aunque dice que fueron "reintegrados" a los seis meses

Según extractos de movimientos en una cuenta que la Cámara tenía en Bankia, a los que ha tenido acceso El Confidencial, el 5 noviembre de 2012 salieron de la institución 40.000 euros con Carlos Fabra como beneficiario. El desembolso se produjo pocas semanas después de haber recibido una subvención del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana (procedente a su vez de la Generalitat) y cuando ya existían dificultades económicas para poder pagar las nóminas a los trabajadores.

Una de las trasferencias a Carlos Fabra, de enero de 2013, por importe de 20.000 euros.
Una de las trasferencias a Carlos Fabra, de enero de 2013, por importe de 20.000 euros.

El 2 de enero de 2013, salieron de la misma cuenta de Bankia con destino a Carlos Fabra otros 20.000 euros sin más concepto que el de “trasferencia”. En los meses en que se realizaron los dos abonos, Fabra percibió además su nómina con normalidad. Un año antes, el juez que instruía la causa por fraude fiscal había embargado los bienes del político del Partido Popular para cubrir la fianza de 4,2 millones de euros por el juicio del que salió condenado.

El Confidencial se ha puesto en contacto con los servicios de comunicación de la Cámara de Castellón para tratar de obtener una explicación o una justificación sobre esos pagos y para saber si habían sido devueltos por parte de Fabra. Fuentes de la corporación pública aseguraron, a través de un escrito, que las dos trasferencias obedecen a “anticipos de salarios” a los que “tenía derecho como cualquier trabajador de esta entidad”, aunque después añaden que fueron “reintegrados” varios meses después, el 24 de abril y el 3 de junio de 2013. Una circunstancia algo contradictoria, la de devolver un anticipo de salario, que revelaría que Fabra dispuso de los fondos camerales a su conveniencia. “Hay dos vías para devolver el importe solicitado a la Cámara: una mediante descuento de las futuras nóminas, o bien mediante devolución del importe en diferentes entregas, como es el presente caso”, insistieron en la Cámara que preside Dolores Guillamón a nuevas repreguntas de El Confidencial para justificar lo que se asemeja a un préstamo encubierto en un momento en que Fabra tenía los bienes embargados por orden judicial.

En las fechas en que se produjeron las transferencias, Fabra afrontaba el tramo final de su procesamiento judicial por delitos contra la Hacienda Pública. En noviembre de 2013, el antaño poderoso barón del PP de Castellón fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de prisión por otros tantos delitos de fraude fiscal y al pago de 1,4 millones de multa e indemnización. El 1 de diciembre de 2014 ingresó en la cárcel de Aranjuez, donde permaneció internado durante 16 meses.

Dolores Guillamón y Carlos Fabra.
Dolores Guillamón y Carlos Fabra.

La presión política por el fallo judicial obligó a Fabra a abandonar su puesto de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, al que había regresado en 2012 tras abandonar la diputación y la presidencia provincial del PP al ordenarse la apertura de juicio oral contra él. Su salida se publicitó como una renuncia voluntaria, de mutuo acuerdo con la entidad cameral y con la presentación de una carta de renuncia aceptada por el comité ejecutivo, presidido por Guillamón.

Mas de 100.000 euros por dejar la Cámara

Sin embargo, esto no quiere decir que Fabra se fuese con una mano delante y otra detrás. Pese a haber estado solamente dos años largos en el cargo (al que regresó tras una excedencia de 16 años), el político condenado por fraude fiscal se marchó con una indemnización superior a los 82.200 euros y el finiquito, hasta sumar algo más de 100.000 euros. Para poder cobrar esa cantidad, Fabra y Guillamón acordaron lo siguiente: la Cámara modificaba las condiciones de su contrato y esto daba pie a que el exdirigente popular se acogiese a un despido objetivo con 20 días por año trabajado, pese a haber presentado su salida como una renuncia voluntaria.

Trasferencia de 40.000 euros desde la cuenta de la Cámara a Carlos Fabra.
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Trasferencia de 40.000 euros desde la cuenta de la Cámara a Carlos Fabra.

Durante el tiempo que ejerció de secretario general, también propició la prejubilación de su hermana, María del Carmen Fabra, que dejó la entidad en la que llevaba más de dos décadas trabajando con 52 años y una renta asegurada del 90% de su salario, lo que implica una indemnización que supera ampliamente los 300.000 euros hasta su jubilación. Esto es así porque la Cámara, con Fabra al frente, suscribió un seguro de renta para cubrir una serie de prejubilaciones que afectaron a ocho personas. La hermana de Fabra era la más joven. El siguiente tenía 57 años. Esto permitió a este grupo eludir las salidas menos ventajosas que contemplaban los expedientes de regulación de empleo que se produjeron en la corporación pública.

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