Carlos Fabra cobraba a empresarios hasta por ofrecer terrenos a Mercadona

La investigación del intento de Carlos Fabra de camuflar ingresos de cientos de miles de euros para evitar cumplir con sus obligaciones económicas con la Justicia y la Hacienda pública ha destapado un 'modus operandi' de percepción de grandes cantidades de dinero procedentes de empresarios. Cantidades en forma de préstamos y operaciones presuntamente simuladas que coinciden en el tiempo con la realización de gestiones y labores de intermediación del expresidente de la Diputación y el PP de Castellón, incluso cuando todavía ocupaba estos cargos.

Una de estas gestiones incluyó el hacer de mediador entre un empresario y Mercadona para ofrecer terrenos a la compañía valenciana. Según el auto judicial que propone juzgar a Fabra por delitos de frustración en ejecución de condenas de cohecho y blanqueo de capitales, el expolítico remitió un correo electrónico el 17 de septiembre de 2012, cuando ya había dejado la corporación provincial, a una persona de la cadena de supermercados que preside Juan Roig que identifica como "Juan Antonio".

“Te remito los datos de Arturo Beltrán, persona de la que te dije que estaba interesada en hablar con vosotros para ofertaros espacios en Navarra y en otros lugares de España. Él viene realizando ese trabajo en otro tipo de superficie como Decathlon y otros. Creo que ya os ha facilitado algún terreno en Navarra”.

Los datos que proporciona Fabra son los de Arturo Beltrán Picaneo, un empresario, ya fallecido, al que conocía de operaciones anteriores. El 12 de marzo de 2010, Fabra había ingresado en una cuenta de Banco Santander 100.000 euros procedentes de Ebrogan, una sociedad limitada controlada por Beltrán. En los registros efectuados por los investigadores en la casa que sirve de residencia a Fabra en la urbanización Les Platgetes de Oropesa, se incautaron de un contrato de compraventa de tres fincas sin identificar que nunca fueron propiedad de Fabra, pero por las que el empresario se comprometía a pagar en total 450.000 euros, entregándose supuestamente a cuenta de esa operación la cantidad de 100.000 euros. “Se desprende que dicho documento fue elaborado para dar cobertura de legalidad a esta entrega de dinero”, señala el magistrado Jacobo Pin en el escrito, al que tuvo acceso El Confidencial.

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En los mismos registros, la policía halló una carta de Ebrogan dirigida a Fabra en la que le agradecía las gestiones realizadas ante Salvador Aguilella, entonces alcalde de Onda por el Partido Popular, en relación con el suministro de agua y el centro comercial Decathlon que la empresa de Beltrán había construido en esta localidad.

El juez sostiene que todos estos datos, incluida la posterior gestión con Mercadona, “indican que Fabra realizó labores de intermediación mientras ocupaba el cargo de presidente de la Diputación de Castellón, recibiendo a cambio una contraprestación económica por valor de 100.000 euros, simulándose entre ambos un contrato de opción de compra”. El juez no detalla, no obstante, que Fabra ya no lideraba la corporación provincial cuando envió el mensaje a Mercadona, aunque sí era presidente del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) y ocupaba el puesto de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón.

El instructor y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que Fabra y su familia crearon una “amplia trama económica, financiera y contable” y ocultaron deliberadamente hasta 2,7 millones de euros de ingresos del primero para sustraerlos de sus obligaciones económicas con la Justicia y con la Agencia Tributaria derivadas de su condena por fraude fiscal de 2013.

El auto de procesamiento, sobre el que ahora deben posicionarse tanto la Fiscalía como las defensas y la acusación particular, señala que aprovechando esa presunta “trama defraudatoria” se han destapado indicios de que Carlos Fabra encauzó en beneficio propio o de su familia directa fondos “cuyo origen ilegal provendría de la ejecución de actos presuntamente constitutivos de un delito continuado de cohecho”.

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Entre los empresarios a los que el juez propone procesar por haber participado en la consecución de esos posibles delitos, se encuentran el dueño de Pamesa Cerámica y el Villarreal Club de Fútbol, Fernando Roig, su hijo Fernando Roig Negueroles y el máximo accionista de la empresa concesionaria Facsa, Enrique Gimeno. Los tres empresarios figuran como investigados.

Patrocinio del Villarreal CF

El instructor sostiene que los dos primeros están vinculados a operaciones de préstamo por valor de 1,7 millones de euros en favor del expolítico que nunca se devolvieron. El juez vincula esas entregas de dinero con el pacto de patrocinio por valor de 8,1 millones de euros que el Aeropuerto de Castellón, en cuyo consejo de administración se sentaba Fabra, suscribió con el Villarreal Club de Fútbol. En los registros de la casa de Oropesa, apareció un borrador del citado “acuerdo de esponsorización” entre las dos partes fechado en 2011 en el que se acordaba el aplazamiento y liquidación de la deuda existente a fecha 31 de mayo de 2013. Según el auto judicial, los pagos efectuados por Fernando Roig y su entorno a Carlos Fabra “guardaban relación con tales circunstancias”.

El juez explica, además, que una parte de los fondos ‘prestados’ por Fernando Roig sirvió para cubrir pagos relativos a la defensa legal de Carlos Fabra (53.341,30 euros) y de su mujer María Desamparados (‘Mampa’) Fernández. El expolítico de Castellón estaba siendo investigado por diversos delitos desde 2008. En noviembre de 2013, fue condenado por primera vez por defraudar a Hacienda 700.000 euros. Ingresó en prisión en 2014 y permaneció allí durante 16 meses.