Del caso 3% en Cataluña a abrir las ventanas en Valencia: quién teme a Joan Llinares

La primera piedra con la que Joan Llinares tropezó cuando quiso poner en marcha la Agencia de Prevención contra el Fraude y la Corrupción en Valencia no fue ni un político corrupto ni un cártel de altos funcionarios conchabados con secretos inconfesables bajo los cajones de sus despachos. El encontronazo bautismal fue con un sindicato. “Cuando me nombraron director, me di cuenta de que la agencia solamente existía sobre el papel. Sin sede ni personal, con un presupuesto que tuve que hacer yo. No tenía plantilla e hice una relación de puestos de trabajo provisional, y con lo primero que me encontré estando yo solo fue con una demanda en el contencioso administrativo de UGT".

La anécdota, o no tan anécdota, es indicativa de las muchas trabas con las que este alto funcionario, conocido por haber levantado las alfombras del Palau de la Música de Barcelona en el llamado caso del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya, ha tenido que lidiar desde que fue nombrado en mayo de 2017 director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por el Parlamento valenciano, tras un proceso de selección junto a otros dos aspirantes, con la misión de alumbrar una de las promesas de regeneración de los partidos que dos años antes habían derrotado a un Partido Popular muy castigado por numerosos casos de corrupción en la autonomía. A iniciativa de Podemos, la ley autonómica de creación de la entidad había salido adelante pocos meses antes, en noviembre de 2016, con respaldo de los socios del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y los morados) y Ciudadanos, y el voto contrario del Partido Popular.

Tres años y medio después, cuando se acerca al ecuador de su mandato como responsable de este organismo fiscalizador del sector público, Llinares ironiza y admite que el PP, cuya presidenta regional, Isabel Bonig, prometió cerrarlo en la campaña electoral de 2019, se ha convertido “en el mejor cliente” de la agencia. Muchas de las denuncias de posibles irregularidades que llegan al buzón de la entidad provienen de forma directa o indirecta de las filas populares, que usan la apertura de los expedientes, prosperen o no, como ariete político contra los gobiernos de izquierda tanto en la Generalitat como en ayuntamientos como el de Valencia.

"La corrupción no tiene ideología. Los riesgos aparecen en cuanto alguien tiene poder"

Pero, a la vez, la formación conservadora está enfrentada con Llinares porque quiere que les facilite acceso por la vía del grupo parlamentario a expedientes de investigación en curso, como el que afecta al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, o a la gestión del Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por los propios populares a través del alcalde, Eduardo Dolón. Esto es algo a lo que el director de la agencia se niega porque considera que se pone en riesgo el deber de reserva de confidencialidad y la protección sobre los denunciantes, una de las obsesiones de Llinares, que tiene en la llamada Directiva Whistleblower una biblia de cabecera. Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al derecho de los diputados a acceder a la información, pero la agencia ha recurrido a la siguiente instancia.

“Planteé al presidente de las Cortes [Enric Morera] que debían de buscar la forma de armonizar una ley surgida del Parlamento con el reglamento. Se pusieron todavía más histéricos, diciendo que quién era yo para pedir que se modificase el reglamento. Pero la agencia puede hacer recomendaciones en materia de buena gobernanza”. Llinares extiende este reproche al PP, pero también a los socialistas, que le han pedido que entregue expedientes en investigación relativos a los años de gestión de la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, como concejala en Orihuela.

Los populares no son los únicos que han pasado por la ventanilla de la agencia. Desde su puesta en marcha, y pese a los problemas iniciales para consolidar los equipos de investigación, con no pocas negativas en los procesos de traslado desde otras administraciones públicas (por ley, todos sus empleados deben ser funcionarios) y algunas fugas de personal que no encontró lo que esperaba en su nuevo destino, la oficina ha abierto ya 610 expedientes. De estos, según refleja su última memoria, 285 han sido resueltos.

Por la configuración legal de este organismo dependiente de las Cortes, su labor es más de tirón de orejas administrativo que de juez de lo público. Cuando percibe indicios de delito, remite directamente los expedientes a la Fiscalía o cierra las investigaciones cuando es conocedor de que hay diligencias judiciales abiertas sobre algún asunto que lleva entre manos.

TE PUEDE INTERESAR

El hombre que destapó el 'caso Palau' dirigirá la Agencia Antifraude valenciana

Víctor Romero. Valencia

Entre los expedientes que ha resuelto, hay una investigación que reveló un posible fraude en la concesión de ayudas europeas para cursos de formación por el que van a ser juzgadas una fundación de la UGT y academias por quedarse presuntamente parte de las nóminas cobradas por profesores. Ha destapado que el Partido Popular celebró una cena para 2.500 personas en las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA) sin que esta entidad facturase cantidad alguna, lo que ha derivado en una reclamación económica a los populares. Ha detectado irregularidades en procesos de selección de personal o gratificaciones y sobresueldos a empleados en consistorios de distintos colores. Y ha cuestionado procedimientos de contratación en ayuntamientos como Alcoi (PSPV-PSOE) o Paiporta y Valencia (Compromís).

La actividad de la Agencia Antifraude ha sido especialmente intensa en el ayuntamiento que dirige Joan Ribó en coalición con los socialistas, debido a las muchas denuncias presentadas por el grupo popular. Muchas han quedado en nada, otras se han traducido en llamadas de atención que han obligado a los gestores municipales a modificar y corregir procedimientos. La última investigación está relacionada con el abono de sobresueldos por un valor conjunto de más de 700.000 euros durante la pasada legislatura para equiparar la retribución de los ediles con dedicación parcial del equipo de gobierno a la que recibían los que percibían la completa. La Fiscalía no ha visto delito en estos hechos, y el expediente ha vuelto a la agencia para determinar su regularidad administrativa.

Llinares: "Yo no tengo un ánimo político ni tengo que trabajar mis relaciones a nivel político"

Uno de los mayores encontronazos de Antifraude con las instituciones se ha vivido en la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra. La agencia ha avalado el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos contra el criterio del director jurídico de la mercantil, José Luis Vera, un exmagistrado vinculado a los socialistas que no ha dudado en contradecir los argumentos del organismo fiscalizador. Tras la polémica, ha sobrevolado desde el principio la sospecha de un pulso interno por el control del área de selección de personal de Divalterra, que da empleo a casi 600 brigadistas forestales, empleados de zonas rurales. La sombra del clientelismo persigue a esta empresa, antes denominada Imelsa. De aquí han surgido el caso Taula, que puso patas arriba el PP de Valencia y su expresidente Alfonso Rus, y el caso Alquería, que sentará en el banquillo al exsocialista Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y también expresidente de la corporación provincial.

Finalmente, el actual máximo responsable de la diputación, el socialista Toni Gaspar, ha anunciado la disolución de la empresa, algo en que, según ha explicado, venía trabajando desde hace meses, pero cuyo anuncio ha coincidido con el nuevo episodio.

Llinares, con fama de desconfiado y muy celoso de su independencia, ha mantenido un perfil alejado de las componendas políticas, centrado en hacer un trabajo de fiscalización, supervisión y prevención de actuaciones irregulares. Esto le ha llevado a convertirse en un personaje incómodo para muchos actores del universo político valenciano. “Yo no tengo un ánimo político ni tengo que trabajar mis relaciones a nivel político. Lo que tengo que hacer es cumplir mi trabajo y cumplir con lo que la ley dice desde la lealtad institucional”, señala en conversación con El Confidencial.

De la Nuez (Hay Derecho): "Hay políticos que crean estos organismos de cara a la galería"

Sus críticos le atribuyen afán de protagonismo y le reprochan hechos como su empeño en ubicar la sede de la agencia en un edifico noble en el centro de Valencia, entre las Cortes Valencianas y el Palau de la Generalitat, por el que paga más de 10.000 euros al mes. Él sostiene que la entidad se merece tener el cuartel general cerca de las principales instituciones autonómicas y que tiene el espacio que necesita, más de 600 metros cuadrados, para albergar a la cuarentena de trabajadores que ha logrado consolidar tras tres años de vaivenes en los recursos humanos.

“Tenemos un equipo impresionante y potente de gente que está trabajando y creyéndose que tenemos que conseguir que se rebaje esa hipoteca que había caído sobre los valencianos de que aquí todo es corrupción, y a la vez evitar que se produzcan situaciones que si bien no son las que hemos vivido años atrás, podrían conducir a eso si no hubiera instituciones como la agencia plantando cara”, afirma.

La lupa sobre Valencia

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, una organización que promueve la extensión de los mecanismos anticorrupción y de trasparencia en la vida pública, sostiene que hay muchas miradas puestas sobre la Agencia Valenciana Antifraude porque está siendo percibida como ejemplo para posibles agencias similares en otras autonomías. “Hay bastante consenso en que antifraude de Cataluña no ha funcionado. Este tipo de organismos siempre tiene efectos propagandísticos: queda bien decir que vas montar una agencia anticorrupción independiente, con un perfil como el de Joan al frente, hasta que empieza a tocar las narices porque no se va a casar con nadie”, dice.

La agencia valenciana está viviendo actualmente un momento crítico, porque ha comenzado a ser percibida por otras instituciones como una posible amenaza. Casos como el de Divalterra, en el que incluso se ha cuestionado la legitimidad de sus informes, son vistos desde Hay Derecho como “un ataque”. “Es más preocupante, porque la crítica no viene de un alto cargo, sino desde otra institución con una cobertura técnica. Debería haber consenso en que las conclusiones de una agencia antifraude son las que se tomen en cuenta porque es un organismo especializado”, señala De la Nuez, también abogada del Estado.

La agencia valenciana está viviendo un momento crítico, porque ha comenzado a percibirse como una posible amenaza por otras instituciones

“Todo el mundo está mirando a lo que pasa en Valencia, porque es el modelo que mejor ha funcionado, por si es posible crear otras agencias que tengan capacidad real”, explica la responsable de la fundación. Sobre los palos en las ruedas que habitualmente se ponen a estos organismos desde el poder político, De la Nuez cita la politización en sus nombramientos, la asfixia de recursos o la falta de respuesta a sus requerimientos. "Es un patrón, hay políticos que crean estos organismos de cara a la galería, pero luego te encuentras con problemas de recursos e inversión".

Llinares, que dispone de un presupuesto anual de más de tres millones euros, recuerda que está cerca de alcanzar el ecuador de su mandato (siete años) y tiene voluntad de seguir al frente del proyecto para consolidarlo. Cree que los problemas con los que se encuentra y la incomodidad que genera en alcaldes, altos cargos y otros responsables políticos no son exclusivos de la Comunidad Valenciana, sino que se extienden a cualquier estructura de poder poco acostumbrada a tener contrapesos enfrente. “Es una cultura muy arraigada, transversal y que no se refiere a una única ideología porque la corrupción no tiene ideología. Los riesgos aparecen en cuanto alguien tiene poder”.